El 2 de septiembre llega con dos frentes abiertos para el Gobierno en la crisis de Ceuta: la puesta en marcha del plan de choque de 309 millones de euros aprobado el día anterior en el Consejo de Ministros, y la petición del ministro del Interior a la cúpula policial para que certifique la autenticidad de un informe filtrado a la prensa que se atribuye al CENIF.
Acciones institucionales
El Boletín Oficial del Estado publicó hoy el Real Decreto-ley 22/2026, de 1 de septiembre, aprobado la víspera por el Consejo de Ministros, que moviliza 309 millones de euros para lo que resta de 2026 en apoyo a Ceuta. La partida más cuantiosa, 108 millones de euros, se destina a la acogida de menores y la atención humanitaria; el resto refuerza la seguridad, los servicios esenciales y el tejido económico de la ciudad.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, destacó en la rueda de prensa posterior al Consejo que 63 millones de euros de ese paquete se dirigen específicamente a políticas de infancia, además de refuerzos en el ámbito judicial para agilizar expedientes de asilo y retorno. Torres reiteró que el Ejecutivo seguirá trabajando con la ciudad autónoma «con absoluta lealtad».
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, confirmó además una línea adicional de hasta 44,5 millones de euros para reforzar la atención humanitaria.
El día ha estado marcado, sin embargo, por otro asunto: en la madrugada del miércoles, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, remitió una carta al director general de la Policía, Francisco Pardo, pidiéndole que certificara la autenticidad de un informe atribuido al CENIF —la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras— cuyo contenido filtraron el uno de septiembre los medios El Español y Código 10.
Marlaska recordó que, al estar declarada la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, este tipo de información debe trasladarse de inmediato al Consejo de Seguridad Nacional, y calificó la verificación de «absolutamente esencial» para adoptar las decisiones oportunas.
A última hora de la tarde, el propio Pardo trasladó al ministro que no existe ningún informe policial que atribuya de forma directa a las fuerzas de seguridad marroquíes la planificación o ejecución de los hechos del 30 y 31 de julio.
Dados los antecedentes en España de informes policiales elaborados con fines políticos, esta redacción no da por buena la sustancia de la filtración —ni reproduce el detalle de lo que atribuye a los presuntos implicados— y se limita a recoger el hecho institucional verificable: la petición ministerial de autenticación y la respuesta oficial recibida.
Oenegés
El propio Real Decreto-ley 22/2026 incluye subvenciones directas, por razones de interés público y humanitario, a Save the Children y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ambas ya desplegadas sobre el terreno.
La ayuda a Save the Children financia la implantación de la UMAIME, una unidad multidisciplinar de apoyo a la infancia migrante en emergencias, con profesionales especializados en mediación intercultural y protección de menores, pensada para reforzar los sistemas de acogida cuando estos se ven desbordados. El texto legal subraya la especial vulnerabilidad de los menores afectados como justificación de ambas subvenciones.
Debate político
Esta tarde, a partir de las veinte horas, la Federación Española de Municipios y Provincias —presidida por la popular María José García-Pelayo— ha convocado concentraciones en más de doscientos sesenta municipios con motivo del Día de Ceuta. La cifra, sin embargo, representa poco más de tres por ciento del total de los 8132 municipios que existen en España según el Instituto Nacional de Estadística, un dato que conviene tener presente frente a la magnitud que le atribuye la propia convocatoria.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respaldado públicamente la convocatoria, mientras que la dirección federal del PSOE pidió por carta a sus cargos públicos no acudir, al considerar que el PP «instrumentaliza» partidistamente una crisis humanitaria.
Síntesis
La jornada deja una fotografía en dos planos: por un lado, un despliegue institucional sostenido y cuantificado —309 millones de euros, subvenciones a oenegés, refuerzo judicial— que sigue avanzando conforme al calendario previsto por el Gobierno; por otro, una filtración policial sin confirmar que ha obligado a Interior a activar un procedimiento de verificación.
La secuencia de la propia jornada —carta de Marlaska por la mañana, respuesta de Pardo por la tarde— ilustra la dificultad de fijar una versión estable sobre los hechos del 30 y 31 de julio a un mes de distancia, mientras la respuesta presupuestaria y humanitaria del Estado continúa desplegándose sin interrupción.
