Sin sorpresas en los resultados, los comicios del 26 de marzo refrendaron a los 470 candidatos que ocuparán igual cantidad de puestos en el parlamento de Cuba, con menos integrantes y al que aguardan mayúsculas preocupaciones ciudadanas pendientes cuando se estrene en abril, informa Luis Brizuela (IPS) desde La Habana.
«Espero que vengan con más frecuencia a los barrios, como hicieron ahora, para que conozcan los problemas, los hablen directamente cuando se reúnan en La Habana y traigan soluciones», comentó a IPS la profesora Nidia Velasco, desde la oriental ciudad de Las Tunas.
Velasco aludió al recorrido de los candidatos por los distritos electorales que representan en los 168 municipios de este país de 11,1 millones de habitantes, donde intercambiaron directamente con las personas en las últimas semanas.
La ley prohíbe hacer campañas proselitistas. Solo se colocan en espacios públicos y transmiten por televisión síntesis biográficas de los nominados quienes, una vez elegidos, no reciben remuneración por ocupar el asiento parlamentario, que se añade a sus empleos.
«Quiero un parlamento con más debates en vivo, con menos unanimidad en las decisiones y mejores respuestas para sacar al país de la difícil situación actual. Todavía hay demasiada burocracia, inmovilismo y consignas», argumentó la comunicadora Deborah Jiménez, residente en La Habana, cuando IPS le preguntó qué espera de la próxima legislatura.
Los comicios estuvieron antecedidos por la llamada de sectores opositores y activistas a abstenerse o votar en contra y que, según las autoridades, son parte de una campaña alentada en las redes sociales, fundamentalmente por sectores adversos desde Estados Unidos.
Estos comicios discurrieron en medio de la persistente crisis económica, agudizada en los últimos cuatro años por la covid, el fortalecimiento del embargo estadounidense y errores y dilaciones en reformas y medidas internas.
La pluralidad de posturas políticas, así como muestras de insatisfacción, se han hecho más visibles sobre todo después de las protestas del 11 de julio de 2021.
A ese contexto se suma la emigración el año pasado de aproximadamente tres por ciento de la población de la isla, fundamentalmente hacia Estados Unidos, ante las vicisitudes económicas y dificultades para encauzar proyectos de vida en la isla.
Cifras electorales
De acuerdo con datos suministrados por el Consejo Electoral Nacional, el lunes 27 votó el 75,92 por ciento de los 8.120.072 cubanas y cubanos mayores de dieciséis años censados en el padrón electoral.
Con 90 por ciento de boletas válidas y más de 50 por ciento más uno de los sufragios efectivos necesarios para cada candidato, los 470 candidatos constituirán el 19 de abril la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), para el periodo 2023-2028.
El unicameral parlamento cubano es definido constitucionalmente como el órgano supremo del poder del Estado y único con potestad constituyente y legislativa en la República. La anterior legislatura disponía de 605 bancas.
Poco más de 24 por ciento del total de personas convocadas no concurrió a las urnas y casi 10 por ciento de quienes ejercieron ese derecho votaron en blanco o anularon el sufragio.
Tales cifras de abstencionismo o rechazo a las propuestas muestran la tendencia a un mayor porcentaje de apatía hacia la participación electoral, con respecto a los índices de años atrás, cuando la asistencia oscilaba de 90 a 95 por ciento.
En las votaciones para diputados hace cinco años participó 82,9 por ciento de las personas con derecho al voto.
Tras ser nominados en reuniones barriales, a fines de noviembre y principios de diciembre, fueron electos 12.427 delegados (concejales) municipales, con un mandato de un lustro y encargados de gestionar la solución de problemas en el ámbito comunitario.
Se considera el momento cuando la ciudadanía selecciona directamente a sus representantes. Entonces votó poco más de 68 por ciento de las 8,3 millones de personas empadronadas.
El parlamento debe sumar hasta 50 por ciento de delegados de base, y el resto debe provenir de representantes provinciales y nacionales, tras una preselección que efectúan comisiones de candidatura.
Corresponde a estas comisiones, conformadas por representantes de organizaciones sociales y estudiantiles, elaborar y presentar las propuestas de candidatos basados en la capacidad, méritos, autoridad moral, aceptación popular, que sean representativos de los distintos sectores y actividades y reflejen una adecuada composición social, precisa la Ley Electoral de 2019.
De los 470 legisladores más de 55 por ciento son mujeres; 20 por ciento tienen hasta 35 años; 45 por ciento son personas negras y/o mestizas; la edad promedio es de 46 años; 95 por ciento son graduados universitarios y 63 por ciento son nominados por primera vez, indican las estadísticas.
Según las autoridades gubernamentales, el Partido Comunista de Cuba, el único legal y considerado constitucionalmente fuerza dirigente de la sociedad, no postula ni elige.
Personas críticas del sistema electoral de la isla aseguran que las personas no «eligen» sus representantes para la ANPP, sino que respaldan con el voto los ya seleccionados.
Líderes opositores, catalogados por el gobierno como «mercenarios» a sueldo de la política de Estados Unidos hacia Cuba, deploran que los mecanismos establecidos impiden su inclusión en las boletas.
Plataformas opositoras informaron sobre presuntas irregularidades para exigir el voto como llevar boletas a las casas –posibilidad solo pautada para personas con algún impedimento físico, según la ley-, así como restricciones de movilidad o cortes del servicio de internet a activistas durante la jornada del domingo.
Desafíos
En sufragios de segundo grado corresponderá a los parlamentarios elegir en abril al presidente y vicepresidente de la República, al igual que al Consejo de Estado, órgano de la ANPP que la representa entre los período de sesiones, al menos dos en el año.
Debe continuar con un segundo mandato de cinco años el presidente Miguel Díaz-Canel, de 62 años y en el poder desde 2019.
Tras conocerse los resultados preliminares, el mandatario comentó en Twitter que la nueva ANPP «tiene por delante los enormes desafíos de Cuba para superar la actual situación económica y social, legislando en contacto permanente con quienes nos eligieron».
Analistas concuerdan en que uno de los principales retos del parlamento y gobierno está en la dinamización de la economía, a fin de sustentar estrategias para la modernización del país.
Asimismo aparece como tarea perentoria impulsar la producción agropecuaria, entrampada en escasez de insumos y maquinaria, insuficiente inversión, gestión burocrática y mecanismos obsoletos, así como trabas en la comercialización, entre disímiles factores negativos externos e internos.
«Si lo hecho para estimular producciones no ha funcionado hay que ensayar cosas nuevas. Que los mercados agropecuarios y tiendas estén llenos de alimentos y podamos satisfacer las necesidades con nuestros salarios en pesos será un síntoma de que los planes funcionan de verdad», dijo a IPS el ingeniero Iván Sánchez, residente en la oriental ciudad de Holguín.
Economistas insisten en implementar cuanto antes el Programa de Estabilización Macroeconómica, anunciado a fines de 2022.
Al respecto consideran urgente reequilibrar el entorno monetario, financiero y fiscal para devolverle funcionalidad al peso cubano y poder adquisitivo a los salarios y pensiones, como paso imprescindible para una reactivación de la actividad comercial y productiva del país.
También exhortan a atajar la inflación y un déficit fiscal que por segundo año alcanzó en 2022 dos dígitos en relación con el producto interno bruto (PIB), a lo cual suman la necesidad de mecanismos para desmontar la dolarización parcial que persiste.
«Considero importante que se eleve la atención a las personas de la tercera edad, que se priorice la producción y distribución de medicamentos muy demandados y en falta, y se aumenten las pensiones, porque con las actuales es imposible hacer frente a los precios», estimó Rosalía Armenteros, una médica jubilada residente en La Habana.
En la isla viven casi 2,4 millones de personas de más de 60 años, equivalente a 21,6 por ciento de la población. Al acelerado envejecimiento demográfico, se suma la baja natalidad y la migración sobre todo de jóvenes, factores que añaden presiones al presupuesto estatal y planes de desarrollo.
Expertos sociales también evalúan de apremiante la atención integral de fenómenos reforzados por la situación económica como el aumento de personas en situación de vulnerabilidad y pobreza, el deterioro de servicios públicos, la insuficiente construcción de viviendas, al igual que las indisciplinas sociales, delitos y corrupción.
Recomiendan asimismo profundizar en la democratización de los procesos de toma de decisiones, impulso al desarrollo local, así como la revisión y renovación de mecanismos y funciones en el sistema del Poder Popular dirigidos a lograr un mayor nivel de empoderamiento popular y de eficacia en la gestión de gobierno a todos los niveles.
