El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se prepara para dar un paso significativo en el esfuerzo por mejorar el acceso a la vivienda en España. La ministra Isabel Rodríguez ha anunciado que este 19 de marzo 2024 se firmará un convenio con diez comunidades autónomas destinado a la construcción de 3233 viviendas de alquiler social, que se inscribe dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), superando las expectativas iniciales de la administración.

Este anuncio viene en un momento crucial, demostrando el compromiso del Gobierno con la expansión del parque de vivienda asequible más allá de las metas previamente establecidas. Hasta la fecha, ya se han concretado acuerdos para más de 22.000 viviendas, superando la meta original de 20.000 prevista hasta 2026.

Con la firma de mañana, el total asciende a cerca de 25000 viviendas, reflejando una inversión próxima a los mil millones de euros y marcando un hito en la política habitacional del país.

La ministra Rodríguez ha enfatizado la disposición de casi cuatro mil millones de euros del PRTR para la rehabilitación y la creación de viviendas asequibles, subrayando la importancia de estas iniciativas en la agenda del Gobierno. Estas acciones se complementan con un enfoque renovado en la colaboración público-privada y el apoyo a la rehabilitación de edificios, para lo cual se han destinado seiscientos millones adicionales.

«La aplicación de las zonas tensionadas no solo va a beneficiar a los arrendadores, también contempla beneficios fiscales para los propietarios, que podrán acogerse a una serie de deducciones en la declaración del IRPF de hasta el noventa por ciento si rebaja un cinco por ciento el precio del alquiler con respecto al contrato anterior. Eso quiere decir que si el propietario baja el precio del alquiler en una zona tensionada puede obtener más rendimientos netos que si no lo hace», ha explicado.

Destacando la vivienda como una prioridad gubernamental, Rodríguez subrayó la meta de reducir la carga hipotecaria para que ningún ciudadano deba dedicar más del treinta por ciento de sus ingresos al pago de vivienda. Además, recordó la reciente implementación del Índice de Precios de Referencia y la declaración de zonas tensionadas, como herramientas clave para combatir los precios excesivos del alquiler en ciertas áreas.

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