‘No cierres mi cole’, la Educación Especial en el aire

A través de 35 largos años, la Educación Especial en España ha permitido que los niños con discapacidad tuvieran una formación adecuada adaptada a sus necesidades concretas. A día de hoy, el cierre de los colegios que ayudan a estos alumnos, es una realidad en plena pandemia; una educación que está en el aire.

La educación inclusiva y la integración educativa siempre han ido de la mano, ya que ambos modelos se han compenetrado y han aportado grandes beneficios tanto al alumnado como a la sociedad en general.

El Gobierno español, según la nueva ley que está en trámite, quiere traspasar en diez años a todos los alumnos con discapacidad intelectual a colegios ordinarios y, con ello, cerrar los centros especializados en donde aprenden y les tratan. Por ello, en esta situación de confinamiento por la pandemia producida por COVID-19, se ha reactivado la tramitación del proyecto de Ley de Educación en el cual expone el cierre de los llamados colegios especiales que ofrecen educación especial a estos niños.

Este dato contrasta con las medidas a las que todo el Gobierno se ha tenido que acoger, dado que por el estado de alarma se han suspendido los plazos administrativos y procesales, aunque no ha afectado a los trámites parlamentarios. La situación de excepcionalidad ha abierto el debate en torno a una situación que no es factible según expertos en la materia.

La incertidumbre, el paro, el caos administrativo, económico, social y político, está favoreciendo que la llamada Ley Celaá prospere sin que la sociedad conozca el alcance de este problema, si se cierran estos colegios, y sin que sea votada democráticamente.

Apoyo incondicional del CEDDD

Según explica el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, (CEDDD); la plataforma ciudadana más transversal de España, que engloba sindicatos, profesionales, empresas, asociaciones, fundaciones y familias, ha solicitado estar presente en la Comisión de Reconstrucción del Congreso para, de nuevo, exponer las necesidades de las familias y del alumnado que requiere de esta educación especial. Ante esta situación, han recalcado que defienden todos los modelos educativos complementarios y abogan porque se siga trabajando por la convivencia de las distintas modalidades educativas, para que todas sean inclusivas y, por ello, puedan garantizar la atención y las necesidades específicas de cada alumno, tanto en su proceso de aprendizaje como en su maduración personal.

Anteriormente, meses atrás, manifestaron su oposición a la disposición adicional cuarta del anteproyecto de Ley que pretende limitar los Centros de Educación Especial a los alumnos que requieran una atención muy especializada y, también, a eliminar la mayoría de los centros ya existentes.

A día de hoy, el Congreso de los Diputados ha ampliado el plazo para presentar enmiendas al articulado del proyecto de Ley de Educación citado, la llamada LOMLOE, que modifica la LOE de 2006 que busca derogar la LOMCE impulsada por el ministro Wert en 2013.

Dicho plazo de enmiendas a la totalidad, inicialmente prorrogado en plena pandemia, fue previsto para el pasado 31 de marzo de 2020 y cerrado el 29 de abril, que finalmente se alargará hasta el 6 de mayo. El citado texto entró en el congreso el 10 de marzo, tras ser aprobado por segunda vez en el Consejo de Ministros aunque tres días después se cerró el parlamento por la crisis de la COVID-19.

Otras organizaciones los apoyan

A la vista de esta situación, otras organizaciones, como la Plataforma “Educación Inclusiva Sí, Especial TAMBIÉN” han mostrado su absoluto rechazo a la estrategia empleada por el Gobierno para amordazar a las personas con discapacidad intelectual, a sus familias y docentes, y mantienen la campaña de movilización social, que fue solicitada en redes sociales y medios de comunicación para evitar el cierre de los colegios de Educación Especial (#nocierresmicole, #sancheznocierresmicole, #EspecialTambién.)

De igual forma, en FeSP-UGT insisten en la defensa de la Educación Especial y de sus trabajadores, y muestran preocupación por lo establecido en la disposición que hace referencia a la evolución de la escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales. De acuerdo con lo previsto, el Ministerio de Educación y Formación Profesional, sin debate ni negociación alguna, alega la entidad, asumen medidas que alejan a un alumnado ya vulnerable y por tanto, a los profesionales de dicho sector.

Para UGT, mantener la convivencia dentro del sistema educativo de los centros de Educación Especial con medidas de inclusión e integración educativas son absolutamente necesarias y así se lo hicieron llegar a la ministra el pasado mes de febrero.

Hay que destacar que, de acuerdo con esta tramitación, el pasado mes de febrero, la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), respaldada por el CEDDD, manifestaron su preocupación por esta ley, dado que, tanto neurólogos, psicólogos, fisioterapeutas, profesores especializados y otros profesionales, desaconsejan este cierre y recuerdan que las cuestiones basadas en la política y en las ideologías diversas, no pueden regir las decisiones relativas a la educación de las personas; más concretamente de las personas con discapacidad. Debido a esta situación han lanzado un manifiesto al que se han adherido las organizaciones que lo amparan para explicar la necesidad de detener esta ley de inmediato.

Asimismo, recuerdan que la dotación de estos colegios debe de ser la necesaria, tanto en recursos humanos como en materiales, para que los alumnos puedan recibir la educación correcta y, con ello, garantizar la equidad, la inclusión y la integración dentro de la sociedad española. Del mismo modo, recalcan que las condiciones laborales de los trabajadores de este sector deben de ser negociadas con las organizaciones sindicales representativas del ámbito y el respaldo tiene que ser el de la comunidad educativa, que conoce las necesidades concretas del alumnado con discapacidad intelectual.

En el caso de la pandemia debida al coronavirus, Plena Inclusión ya ha denunciado que más de 68 947 alumnos con necesidades especiales no mantienen las clases a distancia, ya que están materialmente desconectados desde que se confinara a la sociedad. La especial vulnerabilidad de este alumnado se ve señalada en estos casos y se observa cómo se quedan atrás frente al resto de los alumnos que reciben educación ordinaria porque no tienen ninguna discapacidad. Asimismo, han señalado que se estima que el 20 por ciento de las familias en España que tiene hijos o hijas con discapacidad intelectual o del desarrollo cuentan con una renta un 25 por ciento más baja que la media nacional. Además, estas familias «se ven obligadas a asumir el 96 por ciento del coste de los apoyos que necesitan».

¿Qué necesitan los niños con discapacidad intelectual?

Los niños con discapacidad intelectual se verían desprotegidos, no estarían integrados y padecerían el retraso producido por no poder mantener la enseñanza reglada tal y como se hace actualmente si estuvieran dentro del sistema educativo de los colegios ordinarios.

Estas personas con discapacidad han llegado a aprender según su desarrollo madurativo, de acuerdo con su movilidad, nivel cognitivo, etc., circunstancias que no son idénticas en ninguna persona y que debutan de acuerdo con la discapacidad con la que nacen, por ello, la educación primaria es fundamental y es la que asienta las bases del adulto que posteriormente se habrá formado.

La educación especial garantiza, en cualquier caso, el derecho fundamental del alumno y de que este sea atendido en tanto en sus necesidades concretas como en su formación. Les asegura una atención especializada basada en la integración y en la participación que evita situaciones en donde estos puedan percibir su grado de dependencia y, por tanto, una autoestima baja.

Este tipo de educación, hay que resaltar que es una modalidad más dentro del sistema educativo español que proporciona no solo las condiciones de igualdad necesarias con los otros compañeros, sino una ayuda concreta a las familias para que puedan continuar con la enseñanza en casa.

Se ha demostrado que, mediante la atención diaria y personalizada, según cada caso, los centros de Educación Especial, estudian abordajes multidisciplinares, incorporan técnicas de diagnóstico, orientación e intervención y defienden el derecho de los padres a elegir la atención que consideran oportuna para sus hijos de acuerdo a su discapacidad.

Todas las organizaciones que respaldan esta campaña que engloban a 160 entidades y a más de 30 000 personas, no pertenecen a ningún partido político ni tampoco a ninguna entidad religiosa, pero todas conocen el alcance y la necesidad de mantener estos colegios abiertos, porque las personas con discapacidad intelectual, deben gozar de una inclusión real en la sociedad, que solo es posible con una correcta formación realizada por expertos que favorecen y potencian su desarrollo intelectual.