Bajo el lema, Nada de nosotros sin nosotros, la plataforma Educación Inclusiva, si, Especial También, ha visto cómo se han obviado sus intervenciones acerca de la ley Celaá y no han contado con ellos a la hora de reconstruir el espacio educativo en donde se cuestiona la educación especial de los niños con necesidades concretas.
El pasado 26 de mayo, el presidente de Plena Inclusión España, Santiago López Noguera, expresaba su respaldo a la reforma educativa que el gobierno denomina de «tránsito», (de la especial a la ordinaria). La idea es que la norma sea la escolarización de los alumnos en un aula ordinaria con apoyos, de forma que la educación especial, sea cada vez, más excepcional. Igualmente, lamentó que algunos grupos políticos hayan polarizado este debate que debe salir de la guerra política por ser un tema sensible, aseguró.
Para López Noguera, la apuesta para la confederación de los 90 000 alumnos con discapacidad intelectual en la escuela ordinaria y los 40 000 en centros de educación especial es «avanzar hacia una educación inclusiva donde todos los alumnos reciban los apoyos que precisan para conseguir una formación de la máxima calidad», cuestión que no es compartida por la plataforma Educación Inclusiva Si, Especial También, (EISET)..
Por ello, ante la exclusión a la hora de reconstruir este modelo educativo, la plataforma EISET, manifiesta y lamenta profundamente que se esté pactando con el gobierno obviando a los afectados, que son los que verdaderamente deben opinar al respecto. Recuerdan por ello, que se ha intentado de todas las formas posibles, participar en el debate con Plena Inclusión y la respuesta siempre ha sido negativa.
Haber puesto una fecha de caducidad a los centros de Educación Especial, que en un máximo de diez años se convertirán en centros de recursos, para atender a los colegios de ordinaria y a los centros sociosanitarios, (que en palabras de Plena inclusión tengan estudiantes con mayores dificultades), no es una situación idónea para estos niños.
Este modelo, según la Plataforma Inclusiva Sí, Especial También, no asegura los recursos para sus alumnos y el gobierno no aporta ningún estudio económico que garantice los mismos. La dotación de estos colegios, debe ser según la discapacidad y la edad del niño y es imprescindible la opinión de las familias, añaden.
¿Qué supone la ley Celaá?
El objetivo de la ley LOMLOE es que los centros de Educación Especial se conviertan lentamente en centros de recursos y transiten (verbo utilizado por la ministra Celaá), en su mayoría a la educación ordinaria.
Y recuerdan que coinciden con el señor López Noguera en pedir a los partidos políticos que no hagan de la educación de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, un arma de enfrentamiento político, pero a quién principalmente se lo piden es a ministra de Educación: No se puede hacer una ley dirigida a un grupo de la población, en contra de la opinión de ese grupo de población, asegura la plataforma Inclusiva Sí, Especial También.
Un poco de historia
El gobierno, en colaboración con las administraciones educativas ha desarrollado un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24,2e de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones, al alumnado con discapacidad.
Si bien las administraciones educativas aseguran que continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de Educación Especial, para que estos, además de escolarizar a sus alumnos que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios, no se prevé incremento de gasto, reza el texto de la Memoria Económica. Por ello, cada Centro de Educación Especial, tendrá que desempeñar la función de centro de referencia de unos sesenta colegios ordinarios para lo cual, tampoco se prevé incremento de gasto.
La Plataforma Inclusiva Sí, Especial También está apoyada por 160 entidades, más de 30 000 personas dan su apoyo y han logrado 300 000 firmas, entre ellas, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD).
