En un informe titulado «Besieged, Attacked, Starved», la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) retrata con cifras y testimonios un escenario de violencia sistemática contra la población civil de Darfur Norte, en Sudán: bombardeos indiscriminados, asesinatos étnicos, violencia sexual, hambruna y un éxodo que supera las cuatrocientas mil personas desde el asalto a Zamzam el pasado abril.
El documento reclama acción internacional urgente para proteger a los supervivientes.
La escalada comenzó en abril y mayo de 2024, cuando los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) cercaron El Fasher, única capital estatal que aún escapaba a su control. Desde entonces, barrios enteros y mercados han sido «repetidamente bombardeados y atacados», mientras las RSF y sus aliados «han apuntado deliberadamente contra comunidades no árabes, especialmente la zaghawa», combinando saqueos, ejecuciones y secuestros para obtener rescates.
El 11 de abril de 2025 las RSF lanzaron una ofensiva terrestre a gran escala sobre el campo de desplazados de Zamzam, a diecisiete kilómetros de la capital. En menos de tres semanas, más de cuatrocientas mil personas huyeron, según la Organización Internacional para las Migraciones; muchas de ellas, heridas, carecieron de hospital operativo dentro del recinto y quedaron atrapadas en El Fasher sin asistencia humanitaria.
La violencia sexual se ha disparado desde mayo de 2024. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos calcula entre veinte y cuarenta supervivientes al mes que logran llegar a los escasos servicios de atención, cifra infrarrepresentada por el estigma y el peligro de moverse bajo fuego de artillería. «Cuando las RSF empezaron el asedio, ocuparon bloques enteros y secuestraron a muchas mujeres», relata una joven de veintiocho años, que todavía ignora el paradero de varias conocidas.
La ofensiva militar se superpone a la hambruna. El Comité de Revisión de la Clasificación Integrada de Fases (IPC) confirmó en agosto de 2024 el estado de hambruna en Zamzam y, en diciembre, lo amplió a otras áreas de Sudán, incluida la propia El Fasher.
El informe de MSF advierte de un «riesgo de hambruna» generalizado allí donde se concentran los desplazados. En marzo de 2025, una evaluación rápida halló que el 38 por ciento de los menores de cinco años sufría desnutrición aguda —once por ciento grave— en los puntos de reunión de desplazados de la capital.
El sistema sanitario, ya precario, se ha desmoronado. Solo un hospital con capacidad quirúrgica seguía funcionando parcialmente a mediados de abril de 2025 para una población de más de un millón de personas; siete centros ya habían sido alcanzados por proyectiles entre mayo y junio de 2024, y los ataques se prolongaron hasta obligar a MSF a cerrar el último hospital público restante en agosto de ese año. Nueve sanitarios de la oenegé Relief International murieron en abril durante la ofensiva contra Zamzam .
La guerra del hambre adopta múltiples rostros: mercados incendiados, rutas de suministro bloqueadas y precios que se han multiplicado por cinco. «Algunas personas empezaron a comer ambaz, el residuo del cacahuete que se usa para el ganado», confiesa una mujer de 42 años que ayuda a víctimas de violencia sexual. Otra vecina detalla que un saco de azúcar de 50 kg pasó de 90.000 a 250.000 libras sudanesas en un año, inaccesible para la mayoría.
Los testimonios describen escenas de terror: «Todo el sábado quemaron las casas del sur de Zamzam; mi primo murió carbonizado al intentar huir», recuerda un desplazado de 34 años. Quienes logran escapar se arriesgan en carreteras sin protección, donde los convoyes civiles sufren ataques, secuestros y violaciones, según documenta MSF.
El cerco también estrangula el acceso al agua potable: la mayoría de torres y bombas han quedado destruidas o sin combustible, lo que incrementa el riesgo de brotes epidémicos y acelera la desnutrición infantil. Los precios del agua suben mientras las filas ante los pocos pozos operativos se vuelven escenario de nuevos abusos.
Ante esta catástrofe, MSF insta a las partes enfrentadas a aplicar de inmediato la Resolución 2736 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el fin del asedio a El Fasher, así como a garantizar corredores seguros y acceso humanitario sin restricciones. La organización pide además a la comunidad internacional una respuesta de gran escala «antes de que la estación de lluvias agrave todavía más la emergencia alimentaria».
Mientras las bombas siguen cayendo y la ayuda tarda en llegar, la población civil de Darfur Norte —sobre todo mujeres, niños y ancianos— permanece atrapada entre la violencia directa y el hambre como arma de guerra.
El informe de MSF dibuja un panorama que, de no mediar presión diplomática y recursos, amenaza con derivar en un genocidio silencioso.
