Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV), Facua Consumidores en Acción, CCOO, UGT, UATAE y Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) han hecho público un comunicado en el que sostienen que la sociedad española vive con una profunda preocupación y gran malestar la escalada desbocada de los precios que desde hace meses sufrimos en nuestro país, que se une a la necesidad de proteger el empleo y frenar el deterioro de las condiciones de vida.
Describe el texto del manifiesto que:
El pasado mes de febrero la inflación alcanzó una nueva cifra histórica situándose en el 7,6 por ciento, su nivel más alto desde 1986. La tensión de los precios de la electricidad, gas, los carburantes y otras materias primas se está trasladando al precio del resto de bienes y servicios que ya suben de forma generalizada. Las perspectivas no son buenas. Toca actuar con celeridad.
El deterioro de las condiciones de vida de familias y personas trabajadoras y consumidoras, del tejido productivo, y del conjunto de la ciudadanía, es muy palpable. Mes a mes las facturas de la luz, la calefacción, la gasolina, los alimentos, la vivienda o el transporte aumentan y detraen cada vez más y más recursos.
El conjunto de la sociedad está sufriendo esta situación, pero es la población más vulnerable, la que no llega a fin de mes o lo hace con dificultades, quienes la padecen de forma más cruel. La desigualdad y la pobreza eran problemas urgentes antes de que se iniciara esta escalada de los precios. En esta situación, estos problemas, que tienen rostro, que tienen nombres y apellidos, deben abordarse de manera inaplazable.
Al mismo tiempo, mientras el oligopolio de las empresas multinacionales energéticas saca tajada en este escenario, y obtiene beneficios históricos, millones de consumidores y consumidoras y personas usuarias, cientos de miles de pequeñas y medianas empresas y de autónomos y autónomas, o los sectores productivos de alto consumo energético, se están viendo perjudicados por este aumento disparatado de los precios.
Todo hace prever que la injustificable guerra iniciada por Rusia con la invasión de Ucrania tendrá como consecuencia una aceleración de la inflación que pone en riesgo el acceso a bienes y servicios esenciales, la recuperación económica y la creación de empleo intensificando los problemas de desigualdad y pobreza.
Ante este escenario es urgente que el Gobierno de España y la Unión Europea actúen de forma contundente. Tienen la obligación de desplegar todas las iniciativas que sean necesarias para poner fin a esta escalada de los precios, para atajar comportamientos especulativos y para proteger y dar seguridad al conjunto de la ciudadanía.
Las organizaciones sociales que suscriben este manifiesto exigen a las autoridades públicas que:
- Cambien el irracional sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, controlando alzas desmesuradas, y topen el precio máximo del MWh en la subasta, porque no puede ser que los precios del gas marquen el precio de la electricidad que se genera a través de otras tecnologías más baratas.
- Pongan fin a los beneficios extraordinarios y abusivos de las empresas eléctricas y de hidrocarburos que venden productos a precios de futuras materias almacenadas y aprueben medidas contra la especulación de los precios de los productos básicos, porque mientras la gran mayoría sufrimos esta situación no puede ser que haya quien saca tajada de la desgracia.
- Aceleren las inversiones para reducir la dependencia energética externa y fomenten el uso del transporte público, porque necesitamos ganar autonomía estratégica en el ámbito energético.
- Protejan a la ciudadanía y las familias, la solidaridad es la base del modelo social europeo, que debemos cuidar y extender.
- Apoyen a los sectores productivos que más energía consumen, porque debemos proteger nuestra industria, nuestra agricultura y ganadería, nuestra pesca, o el papel vertebrador del transporte en toda la cadena de valor de la actividad económica, y los empleos que generan, que han demostrado ser, entre otros, unos sectores absolutamente estratégicos para nuestro futuro.
- Activen el mecanismo RED para evitar despidos porque es necesario proteger el empleo, así como llegado el caso mecanismos similares para los autónomos y autónomas.
- Controlen los precios de los alquileres evitando que se revaloricen con el IPC, porque tener una vivienda en la que poder vivir es una necesidad, no un lujo.
Con estas consideraciones, CEAV, Facua, CCOO, UGT, UATE y UPTA llaman a la movilización de la ciudadanía el próximo día 23 de marzo 2022 en el conjunto del Estado, «para exigir al Gobierno de España y a la Unión Europea que actúen para contener la escalada disparatada de los precios, proteger el empleo y frenar el deterioro de nuestras condiciones de vida».
