La Comunidad de Sant’Egidio y Amnistía Internacional denuncian cómo, a pesar de la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte, países como Arabia Saudí, Irán o Estados Unidos continúan matando en nombre de la justicia, en la celebración de la diecinueve edición de la Jornada Mundial contra la Pena de Muerte «Ciudades por la Vida».
La Jornada de Ciudades por la Vida se convoca desde 2002 para impulsar la abolición de la pena capital en todo el mundo y viene a conmemorar la primera vez que fue prohibida en el Gran Ducado de Toscana en 1786.
Se trata de una iniciativa internacional impulsada por la Comunidad de Sant’ Egidio, con el apoyo de la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte, de la cual Amnistía Internacional y Sant’Egidio son miembros fundadores y en la que se agrupan más de sesenta organizaciones, colegios de abogados, sindicatos y autoridades locales y regionales de todo el mundo.
Este año participarán en la iniciativa 2.371 ciudades de todo el mundo, desde Roma a Johannesburgo, pasando por Amsterdam, París, Berlín o Nairobi, entre otras. En España, son más de ochenta las ciudades inscritas a esta iniciativa, y en este 2021, más de treinta como Madrid, Barcelona, Bilbao, Burgos, San Sebastián, Logroño, Málaga, Oviedo, Valencia, Vigo o Vitoria, llevan a cabo actos como la iluminación de edificios emblemáticos con sus respectivos ayuntamientos, así como jornadas en escuelas y universidades.
Con motivo de la celebración de esta jornada, Sant’Egidio organiza un evento internacional on-line titulado «No Justice without life», con testimonios de personas que han sido condenadas a muerte, activistas, abogados y personalidades de la vida política como el presidente del Parlamento Europeo David Sassoli.
En Madrid, Andrés Krakenberger, portavoz de la asociación «Pablo Ibar por un juicio justo», mantendrá un diálogo con más de cuatrocientos jóvenes de bachillerato y ciclo superior para reflexionar sobre la sinrazón de la pena capital, a partir del caso del ciudadano hispano-estadounidense Pablo Ibar, quien lleva veintisiete años preso en Florida, Estados Unidos y cuya pena de muerte ha sido conmutada recientemente por cadena perpetua.
Por su parte, Amnistía Internacional, como ya hizo el pasado 10 de octubre, Día Mundial Contra la Pena de Muerte, ha aprovechado la ocasión para recordar cómo muchas mujeres condenadas a muerte son víctimas de discriminación. Muchas de ellas ven cómo se les niega justicia por parte de algunos estados, quienes no tienen en cuenta que, antes del delito por el que fueron condenadas, sufrieron de manera prolongada violencia y abusos tanto físicos como sexuales, que, a su vez, dieron lugar al delito en cuestión.
La pena de muerte en el mundo
Cada año, el número de ejecuciones en todo el mundo desciende. El año 2020 nos dejó un 26 por ciento menos de ejecuciones que en 2019, algo que da continuidad a la reducción que se registra año tras año desde 2015. Se trata de la cifra más baja en más de diez años. Este considerable descenso está vinculado a la reducción del número de ejecuciones en dos de los países que históricamente han comunicado cifras elevadas de ejecuciones, Arabia Saudí e Irak, y en menor medida, a algunas interrupciones declaradas como consecuencia a la pandemia de la COVID-19.
Entre los países que llevaron a cabo ejecuciones en 2020 destaca el caso de Egipto, que triplicó su cifra anual de ejecuciones respecto al año anterior, y también China, que anunció que se castigarían los actos delictivos que afectaran a las medidas de prevención de la COVID-19. Mientras tanto, en Estados Unidos, el gobierno de Trump reanudó las ejecuciones federales después de un paréntesis de diecisiete años, con la escalofriante cifra de diez ejecuciones en menos de seis meses.
Actualmente, hay casi 30.000 personas condenadas a muerte en todo el mundo, si bien tan solo nueve países son responsables del 82 por ciento del total conocido: Irak, Pakistán, Nigeria, Estados Unidos, Bangladesh, Malasia, Vietnam, Kenia y Sri Lanka.
Además, hay un número elevado de personas condenadas a muerte en países de los que no se dispone de datos, como en Arabia Saudí, China, Corea del Norte, Egipto e Irán.