Decenas de miles de personas, con visible presencia de jóvenes, desbordaron este 13 de octubre 2024 el centro de Madrid en una multitudinaria manifestación para exigir que la vivienda sea reconocida como un derecho fundamental, no como un negocio especulativo.
Convocadas por cuarenta organizaciones sociales, vecinales y ecologistas, se han reclamado medidas urgentes ante la crisis habitacional que afecta a la Comunidad de Madrid y al conjunto del país.
La marcha, que recorrió desde la Plaza del Emperador Carlos V hasta la Gran Vía, concluyó con la lectura de un manifiesto que exige la adopción de políticas públicas que prioricen el acceso a la vivienda digna sobre los intereses del mercado.
La protesta de esta mañana no fue solo una expresión de malestar, sino una enmienda ciudadana «a la totalidad» al sistema actual que ha transformado la vivienda en un negocio lucrativo para bancos, grandes corporaciones y especuladores.
El discurso de los organizadores apuntó directamente a los poderes públicos, tanto locales como nacionales, acusándolos de complicidad al permitir que la vivienda se convierta en un producto más del mercado especulativo.
Ejemplos de estas prácticas incluyen la venta de viviendas de la SAREB a fondos buitre y la negativa del Gobierno de la Comunidad de Madrid a declarar zonas de alquiler tensionadas, lo que hubiera permitido limitar el precio de los alquileres en áreas de alta demanda.
Además, se destacaron situaciones críticas como el colapso de viviendas en San Fernando de Henares debido a los problemas con la línea 7B de Metro, que ha afectado a 73 hogares, y la dramática situación de cuatro mil personas en la Cañada Real, que llevan más de cuatro años sin suministro eléctrico, sin que las administraciones hayan ofrecido soluciones reales a estos problemas.
Estas situaciones reflejan la falta de inversión en vivienda pública y las insuficientes políticas locales y autonómicas para abordar la emergencia habitacional, y los manifestantes apuntaron a la responsabilidad de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso.
La manifestación puso en evidencia la necesidad de que los gobiernos se responsabilicen y adopten un compromiso firme para solucionar la emergencia habitacional, priorizando el derecho a la vivienda sobre los intereses del mercado inmobiliario. Los organizadores subrayaron que la vivienda es un derecho.
El actor Juan Diego Botto, acompañado por vecinas afectadas por el colapso de la línea 7B de Metro en San Fernando de Henares y los cortes de luz en la Cañada Real, fue uno de los encargados de leer el manifiesto al finalizar la marcha. Durante la lectura, se destacó la urgencia de tomar medidas drásticas para revertir la actual crisis habitacional.
Decálogo de medidas exigidas por los convocantes:
- La ampliación y aplicación de la Ley Estatal de Vivienda, con especial atención y urgencia en puntos como la imposición de precios máximos de alquiler que fuercen una reducción de precios, la recuperación de los contratos de alquiler indefinidos o el impulso de un Plan Estatal de Vivienda Pública. Igualmente, el gobierno central debe intervenir y adoptar medidas para el cumplimiento por parte de la Comunidad de la mencionada Ley.
- La aprobación de una Ley Autonómica de Vivienda y la declaración obligatoria de zonas tensionadas cuando se superen ciertos parámetros que permita el acceso a una vivienda asequible para toda la ciudadanía, limitando los precios, la especulación y estableciendo medidas eficaces y obligaciones exigibles ante las administraciones públicas.
- El compromiso firme, reflejado en porcentaje anual, de incremento importante, urgente y progresivo del parque de la vivienda de protección social en alquiler. Reclamamos que desde las competencias municipales, autonómicas y estatales se adopten las medidas necesarias para ampliar el parque público de vivienda de completa titularidad pública y alquiler social asequible, así como la recuperación de viviendas vacías y del parque de todas las viviendas públicas enajenadas a fondos buitre o en manos de la SAREB, fondos de inversión o bancos, incluso expropiando las mismas por interés social.
- La adopción de garantías legales por parte de las administraciones públicas de que en ningún caso se producirán desalojos sin alternativa habitacional. En los procedimientos de desahucio, el órgano judicial asegurará el cumplimiento de dicha garantía y la existencia de alternativa antes de acordar cualquier lanzamiento.
- La suspensión inmediata de las licencias de pisos turísticos en los barrios y/o municipios con alta demanda de vivienda en alquiler, así como el cierre de los actualmente existentes en situación irregular y la imposición de sanciones que correspondan y su puesta inmediata en el mercado de alquiler.
- La despenalización del acceso al Registro de Solicitantes de Vivienda Pública de las familias sin título habilitante de su vivienda.
- La creación de un órgano supervisor, la Agencia de Protección al Consumidor, y la aprobación de un sistema de infracciones, reclamaciones y sanciones que hagan cumplir la nueva normativa en materia de protección de la vivienda.
- El cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Europa y del Defensor del Pueblo restableciendo el suministro eléctrico en la Cañada Real, facilitando la suscripción de contratos suministro de energía y creando mesas de trabajo para atender las demandas vecinales.
- La solución de la situación creada en San Fernando mediante un pacto regional que proteja a las familias y salvaguarde su derecho a una vivienda digna.
- La preservación y refuerzo en cualquier proyecto urbanístico de los valores medioambientales de los entornos a los que afecten.
Detrás de la manifestación se encuentran asociaciones como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Asociación Apoyo, Plataforma de Afectados por la L7B de Metro, Ecologistas en Acción, Greenpeace, el Sindicato de Inquilinas, Amnistía Internacional, CCOO de Madrid y UGT Madrid, entre otras.
Además, la convocatoria contó con el respaldo de grupos políticos como Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid y el Movimiento Sumar, así como entidades ecologistas como ARBA, GRAMA y Jarama Vivo.
