La justicia mexicana se ha pronunciado sobre el caso de Ligia Ceballos Franco, ciudadana mexicana que pudo haber sido robada en Madrid en 1968: ¡archivado!
En 2017, Amnistía Internacional acompañó a Ligia Ceballos para presentar un recurso ante la Fiscalía Mexicana sobre este presunto caso de bebé robado. México se convirtió, después de Argentina, en el segundo país en investigar violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo.
Ahora, pese a que se han producido importantes avances en la investigación, la Fiscalía mexicana ha decidido cerrar el caso, y los abogados de Lily han presentado recurso.
Así lo justifica la fiscalía
Después de tres años de investigación, el Ministerio Público mexicano ha decidido no ejercer la acción penal en el caso de Ligia (Lily) Ceballos Franco, ciudadana mexicana que podría haber sido víctima de desaparición forzada en España en 1968. Aunque durante la investigación se han dado importantes avances para restablecer la verdadera identidad de Lily y arrojar luz sobre hechos importantes de su pasado, la Fiscalía mexicana ha considerado que el fallecimiento de los presuntos perpetradores es uno de los argumentos para justificar el fin de la investigación penal.
Los representantes legales de Ligia Ceballos han presentado esta semana un escrito de impugnación contra la decisión del Ministerio Público, que se discutirá en una audiencia oral en las próximas semanas. El objetivo de la impugnación es que la Fiscalía continúe investigando a fin de garantizar el derecho a la verdad de Lily, y el conocimiento y restablecimiento de su identidad y origen biológico.
La historia de Lily
Ligia Ceballos Franco, ciudadana mexicana, presentó el 15 de febrero de 2017 una denuncia penal ante la, entonces, Procuraduría General de la República Mexicana, que en pocos días decidió admitirla a trámite, por presunta desaparición forzada.
Unos años antes, Lily había descubierto que había nacido en España con una identidad distinta y que había sido entregada a quienes hasta entonces consideraba sus padres biológicos. Para Amnistía Internacional, que apoyó la presentación de la denuncia, este caso podía enmarcarse dentro del denominado «robo de bebés» en España.
A raíz de una petición de auxilio judicial formulada por las autoridades mexicanas, la Fiscalía Provincial de Madrid inició otra investigación que, pese a su exhaustividad, se cerró sin proporcionar certeza sobre el origen de Lily. Sin embargo, fruto de los esfuerzos de ambos ministerios públicos, Lily ha podido conocer detalles de su pasado que avanzan en la reconstrucción de su propia historia y en la satisfacción de su derecho a conocer su verdadera identidad.
Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, ha señalado que lamentan «que desde la Fiscalía General de la República Mexicana se haya decidido no ejercer la acción penal por el caso de Ligia Ceballos Franco. Impidiendo así su derecho a la verdad y a la propia identidad; a saber quién fue su madre biológica y si fue separada de ella con o sin su consentimiento. Como ha señalado el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, los efectos de este tipo de delitos sólo cesan cuando se descubre la verdad sobre la identidad y se garantiza a las víctimas la posibilidad legal y real de restablecerla, así como sus lazos familiares. Extremos que en el presente caso no se han garantizado aún».
Lo que se sabe de Lily
Ligia Ceballos Franco nació en Madrid el 29 de mayo de 1968 con el nombre de María Diana Ortiz Ramírez, fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó a su país, inscribiéndola como hija natural, nacida en México.
La única información que consta sobre su filiación son los nombres supuestos de sus padres, Marta y Rafael. El 11 de julio de 1968, según consta en un Acuerdo de la Diputación Provincial de Madrid, la niña fue entregada en prohijamiento a un matrimonio mexicano que se la llevó consigo a Mérida, Yucatán. Una vez allí, fue registrada ante la Oficialía del Registro del Estado de Yucatán con otro nombre, y como nacida en México e inscrita como hija biológica del matrimonio Ceballos Franco.
Según el padre adoptivo de Ligia, ya fallecido, y otros múltiples testimonios recogidos directamente por Amnistía Internacional, este matrimonio recurrió a las autoridades eclesiásticas del estado de Yucatán, al sur de México, pues no podían tener hijos de forma natural. Así, se habría iniciado una correspondencia entre el arzobispo de Yucatán y el arzobispo de Madrid, el cual, al parecer, mostró su apoyo para que la familia Ceballos pudiera adoptar una niña.
En junio de 1968, el matrimonio viajó a España con el fin de recibir a la niña en adopción. En esas mismas fechas, el secretario particular del arzobispo de Mérida, Ramón Bueno y Bueno, viajó desde México a Madrid. Según el padre adoptivo de Ligia, miembros del arzobispado les dijeron que les tenían preparado «algo especial, pero aún no ha nacido».
Según testimonios de los familiares a Amnistía Internacional, el matrimonio buscaba una niña blanca, de rasgos europeos, y habría pagado la cantidad de cincuenta mil pesetas por la adopción.
Hay muchos más casos similares
En marzo de 2021, Amnistía Internacional presentó el informe Tiempo de verdad y de justicia. Vulneraciones de derechos humanos en los casos de bebés robados, en el que denunciaba los obstáculos y dificultades que enfrentan en sus procesos de búsqueda aquellas personas que desean, como Lily, conocer su identidad y origen, así como de aquellas que sospechan haber sufrido la sustracción de sus hijos e hijas.
Las denuncias y testimonios documentados por la organización engloban a personas que pudieron ser objeto de desaparición forzada, o de sustracción y sustitución de sus identidades desde finales de la Guerra Civil española hasta los primeros años de la democracia. Todo ello con la connivencia del Estado en un primer momento, y con una respuesta inadecuada, posteriormente, para el avance de estas investigaciones y el acompañamiento a las personas inmersas en estos procesos de búsqueda.
En España, múltiples juzgados han aplicado la prescripción a estas denuncias, lo que en la práctica ha supuesto no llevar a cabo ni un mínimo intento por proporcionar verdad a las víctimas. Por su parte, los esfuerzos de la Fiscalía no han impedido que numerosas de las investigaciones emprendidas fuesen cerradas sin haber podido proporcionar certeza ni avances significativos en la búsqueda de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
