El Consejo de Ministros ha aprobado esta semana un nuevo paquete de medidas urgentes en materia de energía para la protección de los consumidores vulnerables ante la actual coyuntura de precios elevados del gas y la electricidad, para introducir más transparencia en los mercados de energía, al objeto de facilitar la toma de decisiones, y para ayudar a la industria a formalizar contratos de suministro de electricidad a largo plazo.
Así, el descuento en la factura de la luz otorgado por el bono social a los consumidores vulnerables crecerá del actual 25 por ciento al 60 por ciento –del 40 por ciento al 70 por ciento en el caso de los vulnerables severos– hasta el 31 de marzo de 2022, y se duplicará el presupuesto para el bono social térmico durante este 2021, alcanzando los 202,5 millones de euros.
Para promover la transparencia y mejorar la capacidad de supervisión de los mercados minoristas eléctrico y gasista, las empresas tendrán que comunicar previa y detalladamente el efecto de las modificaciones de los contratos.
En el mercado mayorista eléctrico, las compañías también deberán aportar datos sobre los acuerdos bilaterales y coberturas que suscriban, tanto con terceros como dentro del mismo grupo empresarial. Y la industria electrointensiva tendrá más tiempo para rubricar contratos de suministro a largo plazo con productores de renovables.
Endesa valora las nuevas medidas del Gobierno
Las medidas adicionales aprobadas por el Gobierno «introducen racionalidad, además de aumentar la protección para los consumidores vulnerables, dos ejes de actuación que valoramos», informa una comunicación pública de Endesa con declaraciones de CEO, José Bogas.
En estas declaraciones Endesa concreta que tiene toda su generación propia de base vendida a plazo a sus clientes a precios inferiores a los del pool, y que «las exigencias de mayor transparencia incluidas en los nuevos decretos ley son siempre positivas y seguiremos colaborando en los próximos meses para suministrar precios competitivos a industria, pymes y familias».
Sobre precios competitivos indica que «será importante que se reforme la tarifa regulada para proteger de la volatilidad a los 10,5 millones de clientes acogidos a ella, así como desarrollar otras medidas que protejan a otros tipos de clientes de la volatilidad del mercado mayorista».
Agrega que «el proceso de reforma ya está abierto y tendremos una participación activa en él», y concluye que «estas medidas ayudan a fortalecer la senda de la transición energética y la descarbonización que es el reto más relevante que tiene la sociedad para las próximas décadas».
Contener el impacto de la escalada energética
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico enmarca las medidas aprobadas en que el Gobierno sigue actuando para contener el impacto de la cotización del gas en los mercados internacionales sobre los consumidores y la economía española –el precio del hidrocarburo se ha multiplicado por cinco en pocos meses–, y hoy ha aprobado un Real Decreto-ley, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que sigue la estela de las medidas aprobadas en junio y septiembre.
En junio el Ejecutivo aprobó el Real Decreto-ley 12/2021, que redujo el IVA sobre la electricidad del 21 por ciento al 10 por ciento para los pequeños consumidores, y suspendió el IVPEE, el impuesto que grava con un 7 por ciento la venta de energía en el mercado mayorista, proporcionando una rebaja del 12 por ciento en la factura de los consumidores domésticos. Y en septiembre, a la vista de la escalada de los precios energéticos, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 17/2021, con un potente Plan de Choque con más medidas fiscales y actuaciones extraordinarias sobre el sistema eléctrico.
El Plan de Choque afianzó la rebaja impositiva de junio hasta final de año, redujo el Impuesto Especial sobre la Electricidad desde el 5,1 por ciento hasta el mínimo autorizado por la normativa comunitaria, el 0,5 por ciento, y elevó hasta dos mil millones los fondos obtenidos con las subastas de CO2 para rebajar la factura eléctrica. También limitó el crecimiento de la tarifa regulada del gas natural (TUR) durante el último trimestre del año para las familias y las Pymes, dejándola en el 4,4 por ciento, frente al 35 por ciento que hubiera subido en el caso de no haber actuado.
El Plan igualmente incluyó, hasta el 31 de marzo, la minoración temporal del beneficio extraordinario que obtienen las centrales de generación no emisoras en el mercado mayorista, gracias a la repercusión sobre el mismo de unos costes del gas que no soportan. Esta minoración se está destinando a rebajar los costes fijos del sistema eléctrico, beneficiando a todos los consumidores.
Protección de los consumidores vulnerables
El Plan prestó atención especial a los consumidores vulnerables y creó el Suministro Mínimo Vital, previsto en la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética, prolongando hasta diez meses la prohibición de interrumpir el suministro de electricidad por impago. Hoy, ante la previsión de los precios de la electricidad se mantengan elevados hasta la primavera, el Gobierno ha vuelto a incrementar la protección de este colectivo.
El bono social contempla actualmente descuentos en la factura eléctrica regulada (PVPC) para los consumidores con rentas bajas o con circunstancias especiales –como recibir una pensión mínima, estar desempleado o incluido en un ERTE– del 25 por ciento en el caso de los vulnerables y del 40 por ciento en el caso de los vulnerables severos.
La norma aprobada ahora por el Consejo de Ministros eleva esos umbrales de descuento, que protegen a 1,2 millones de hogares, hasta el 60 por ciento en el caso de los consumidores vulnerables y hasta el 70 por ciento en el caso de los vulnerables severos, hasta el 31 de marzo de 2022.
Los perceptores del bono social eléctrico también reciben el bono social térmico, una ayuda directa de 25 a 124 euros en función de la zona climática en la que vivan para cubrir los costes de la calefacción, la cocina y el agua caliente sanitaria. Así, el Gobierno ha incrementado la cantidad mínima a cobrar por parte de estos consumidores a 35 euros –dos bombonas de butano– y ha duplicado el presupuesto asignado a tal efecto durante este 2021 con 100 millones adicionales, alcanzando los 202,5 millones.
La ayuda directa del bono térmico se traducirá en un cheque que remitirá la comunidad autónoma, que tendrá un importe mayor en las zonas frías que en las cálidas, con el citado mínimo de 35 euros. Atendiendo al número de beneficiarios, la cantidad media será de 90 euros por consumidor vulnerable beneficiario.
Mayor transparencia en los mercados energéticos
Para mejorar el funcionamiento de los mercados energéticos y permitir la toma de decisiones con más información, el Ejecutivo ha introducido nuevas obligaciones para las empresas generadoras y comercializadoras, que lograrán una mayor transparencia, tanto en el ámbito minorista como en el mayorista, facilitando la competencia y mejorando la calidad del modelo en su conjunto.
En el primero, el mercado minorista, las comercializadoras eléctricas y gasistas tendrán que informar a sus clientes sobre cualquier intención de modificar las condiciones del contrato al menos un mes antes de que dicha intención se materialice; hasta ahora, las comercializadoras podían informar después de haber acometido la modificación, no más tarde de un período de facturación.
Además, en las comunicaciones relativas a la modificación de los contratos, las comercializadoras tendrán que incluir una comparativa de los precios aplicados antes y después de la revisión, así como una estimación del coste anual del suministro antes y después de la revisión.
Las empresas también tendrán que remitir a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) información transparente, comparable y actualizada sobre los precios de las ofertas disponibles en todo momento, incluyendo las condiciones relacionadas con la terminación de los contratos y los servicios adicionales que exija la contratación del suministro, con el fin de que estén disponibles al público en el Comparador de Ofertas de Energía de su página web.
Contratación bilateral y cobertura
En el mercado mayorista de la electricidad se establece la obligación de que los productores y comercializadoras informen periódicamente a la CNMC acerca de los instrumentos de contratación a plazo de electricidad, tanto físicos como financieros, que tengan rubricados entre las sociedades del mismo grupo empresarial o con terceros. Al menos, deberán facilitar la fecha de la firma del instrumento de cobertura, la fecha de entrega o liquidación de la energía, el volumen de energía afectado, así como el precio y el perfil del tipo de producto negociado.
Con relación a estos instrumentos de contratación a plazo, se ha precisado el ámbito de la aplicación de la minoración temporal de los beneficios extraordinarios de las centrales de generación que no soportan los costes del gas repercutidos en el mercado mayorista aprobada en el Plan de Choque.
Para aportar una mayor seguridad jurídica, se establece que la minoración no afectará a la energía producida por las instalaciones cubiertas con algún instrumento de contratación a plazo, cuando el precio de la cobertura sea fijo, cuando se haya contratado antes de la promulgación del RDL 17/2021 o cuando tenga una cobertura superior a un año si se firma posteriormente.
Los productores susceptibles de ser afectados por la minoración tendrán que remitir una declaración responsable y documentación acreditativa sobre la energía cubierta por instrumentos de contratación a plazo cuyo modelo se incluye en la nueva norma. La inexactitud o falsedad en la documentación aportada tendrá la consideración de infracción muy grave, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
Industria electrointensiva
Los grandes consumidores deben cumplir ciertos requisitos para beneficiarse de las ventajas otorgadas por el Estatuto de los consumidores electrointensivos, como descontarse hasta el 85 por ciento de los cargos repercutidos en la factura eléctrica u obtener el aval público otorgado por el Fondo Español de Reserva de Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI) –dotado inicialmente con 600 millones–, a la hora de rubricar un contrato de suministro a largo plazo de energía renovable.
A la par, estas industrias también deben cumplir ciertos requisitos, como consumir más del 50 por ciento de la electricidad en el período tarifario valle o mantener la actividad al menos tres años después de percibir las ayudas. Entre las exigencias figura que deben contratar a largo plazo al menos un 10 por ciento de su consumo como máximo un año después de la entrada en vigor del FERGEI o desde la obtención del certificado de ser electrointensivo.
Está previsto que la ventanilla del FERGEI se abra en las próximas semanas. Sin embargo, los elevados precios y la volatilidad del mercado eléctrico dificultan enormemente la firma de los contratos bilaterales de energía renovable. Por eso, el citado plazo de un año se amplía un año más, dando tiempo suficiente para que el mercado eléctrico vuelva a una situación estable y equilibrada, con precios competitivos y predecibles. En cualquier caso, aquellos consumidores que consigan un contrato adecuado tendrán a su disposición el nuevo instrumento de cobertura de riesgos para facilitar la operación.