El matrimonio infantil sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y silenciadas del planeta. Cada año, millones de niñas son obligadas a casarse antes de los dieciocho años, lo que compromete su educación, su salud y su futuro.
La campaña internacional Just Rights for Children ha puesto sobre la mesa un compromiso ambicioso: alcanzar un mundo libre de matrimonios infantiles para el año 2030, una meta alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
La iniciativa fue presentada en un encuentro paralelo a la fase de alto nivel de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Allí, representantes de gobiernos, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en la urgencia de reforzar la protección de los derechos de la infancia.
El movimiento busca movilizar a los Estados para que incluyan la eliminación del matrimonio infantil en sus planes nacionales de desarrollo y garanticen la financiación necesaria.
Según datos de Unicef, una de cada cinco mujeres jóvenes en el mundo se casó antes de cumplir los dieciocho años. Aunque en la última década se han registrado avances significativos, la realidad sigue siendo alarmante: se estima que alrededor de doce millones de niñas son forzadas a contraer matrimonio cada año. Si las tendencias actuales continúan, más de 120 millones de niñas corren el riesgo de casarse en la próxima década.
La campaña Just Rights for Children subraya que el matrimonio infantil no solo vulnera los derechos de las niñas, sino que también perpetúa el círculo de la pobreza y la desigualdad de género. Las niñas casadas suelen abandonar la escuela, carecen de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, y están más expuestas a embarazos tempranos y a la violencia de género.
En palabras de uno de los portavoces de la iniciativa: «Erradicar el matrimonio infantil es una cuestión de justicia y de dignidad. Ningún país puede aspirar a un futuro sostenible mientras siga permitiendo que millones de niñas sean privadas de su infancia».
La meta de 2030 implica acelerar el ritmo actual de reducción. De acuerdo con estimaciones de la ONU, sería necesario multiplicar por diecisiete los esfuerzos globales para lograr eliminar la práctica en todos los países.
Esto requiere tanto voluntad política como inversión: se calcula que con una inversión anual de tres mil millones de dólares podría prevenirse la mayoría de los matrimonios infantiles a escala mundial.
La situación es especialmente grave en regiones como África subsahariana y el sur de Asia, donde la prevalencia alcanza hasta el 40 por ciento de las niñas. Sin embargo, el fenómeno no se limita a países en desarrollo: informes recientes han documentado casos en comunidades migrantes y contextos de vulnerabilidad también en Europa y América.
Las organizaciones de derechos humanos insisten en que es fundamental trabajar en múltiples frentes: reformas legales que establezcan con claridad los dieciocho años como edad mínima para contraer matrimonio, campañas educativas que promuevan la igualdad de género y programas de apoyo económico a las familias para reducir la presión social y financiera que conduce a estas uniones forzadas.
La iniciativa cuenta con el respaldo de redes internacionales de infancia, feministas y defensores de derechos humanos. Durante el encuentro en Nueva York se destacó el papel clave de las niñas y adolescentes en los procesos de incidencia.
Como señaló una activista de América Latina: «Nuestra voz debe estar en el centro de las decisiones. No somos víctimas pasivas, somos protagonistas de nuestro futuro».
En este contexto, Just Rights for Children hace una llamada a los Estados, las instituciones internacionales y la sociedad civil a redoblar esfuerzos. Lograr un mundo sin matrimonios infantiles en 2030 no es solo un compromiso ético: es una condición imprescindible para cumplir la Agenda 2030 y garantizar que los derechos humanos se respeten de manera universal.
