Empresarios y sindicatos del sector de la limpieza piden al Gobierno, a través de dos escritos, más «protección» y «flexibilidad» para garantizar su viabilidad y el empleo de más de 400 mil trabajadores, junto a una revisión de los contratos públicos.

Las dos cartas van dirigidas a la ministra de Trabajo, Yolanda Díez y al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en las cuales se solicitan cambios en la vuelta al trabajo para garantizar la salud de los trabajadores del sector de la limpieza, así como de los usuarios y clientes con los que puedan entrar en contacto.

Firman las peticiones la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), la Asociación de Federaciones de Empresarios de Limpieza Nacionales (Afelin) y las organizaciones sindicales FeSMC, UGT y CC.OO. 

En conjunto piden que estas cuestiones sean tomadas en cuenta para «disminuir» los efectos que esta crisis está teniendo con las empresas y que sean implementadas una vez que finalice el estado de alarma.

El sector de limpieza debe ser prioritario

Pero la ayuda que piden los sindicatos va más allá, pues además de solicitar una vuelta al trabajo de las plantillas, paulatina y proporcional a las necesidades de cada empresa y centro de trabajo, solicitan que se les considere un sector prioritario.

Desde UGT afirman que «los trabajadores necesitan protección porque están expuestos a la enfermedad y, cuanto más protegidos se encuentren, más difícil será propagar el virus».

UGT añade que la necesidad de protección de este sector es «clara» y «evidente» y aunque entienden que «hay una gran prioridad sanitaria en estos momentos», señalan que este sector es una barrera de contención del virus precisamente por «las labores de desinfección y limpieza que llevan a cabo, y que son tan necesarios en la pandemia».

Test y EPI como protección

Otra reclamación de los sindicatos es la accesibilidad a pruebas de diagnóstico de COVID-19 para los limpiadores antes de que se incorporen al trabajo, tanto si sus tareas son en un centro público como una empresa privada, con el fin de garantizar una mayor seguridad.

A esta solicitud se suma el reparto de EPI para los miembros del sector de limpieza, pues, como señala el portavoz de UGT, «esto no es sólo para ellos, también para los demás, pues cada baldosa, barandilla o banco de un edificio o estación de transporte que tocan puede ser un foco de contagio».

«Los contratos se dan al mejor postor»

Otro punto que los sindicatos cuestionan son las adjudicaciones de los contratos públicos. Según UGT, «en los contratos públicos no se tienen en cuenta los parámetros de calidad, a diferencia de la privada, que sí se valora, y eso está muy bien, pero también se debe aplicar en la pública».

La consecuencia de que «en los contratos se valore de forma exclusiva el precio de venta», según el sindicato, es que «estos son concedidos al mejor postor y los trabajadores que limpian los quirófanos y las salas de espera con pacientes de COVID-19 no tienen material de buena calidad».

Aunque los sindicatos reclaman cambios en las condiciones de los trabajadores de limpieza, apuntan, al mismo tiempo, que «podemos entender que es una emergencia y a su vez que esta tenga ciertas complejidades».

Pero al igual que transmiten cierta benevolencia en el contexto actual, también recuerdan que llevan «dos meses de pandemia y conocemos las consecuencias, ahora es el momento de prevenir, y más cuando todas las actividades de antes van a ser diferentes a como eran en enero».

Intento aprender siempre de lo que leo, veo y escucho. Prestar atención a los problemas de las personas y contarlo de la mejor forma posible es mi objetivo como profesional. Mi otra pasión es el cine.

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