Más de 1.010 trabajadores humanitarios han muerto en apenas tres años mientras trataban de salvar vidas en zonas de guerra. La cifra, recogida por IPS Noticias, evidencia una realidad cada vez más frecuente: quienes reparten comida, agua o medicinas se han convertido también en objetivo.
El dato no solo impresiona por su magnitud. Supone casi triplicar las 377 muertes registradas en el trienio anterior. Detrás de cada cifra hay historias truncadas en escenarios donde la ayuda humanitaria resulta imprescindible.
La información de IPS recoge la advertencia del responsable de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), Tom Fletcher, ante el Consejo de Seguridad: «Esto no constituye una escalada accidental. Es el colapso de la protección».
La afirmación no deja margen para la ambigüedad. Según los datos presentados, la violencia contra cooperantes se ha extendido en al menos veintiún países. Gaza y Cisjordania concentran más de la mitad de las muertes, con más de 560 víctimas. Les siguen Sudán (130), Sudán del Sur (60), Ucrania y la República Democrática del Congo.
Muchos de estos trabajadores murieron mientras desarrollaban tareas básicas: distribuir alimentos, atender a heridos o facilitar refugio. En numerosos casos, se encontraban en convoyes identificados o en operaciones coordinadas, lo que agrava la gravedad de los ataques.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en 2024 la Resolución 2730, que exige proteger al personal humanitario. Sin embargo, la realidad sobre el terreno muestra otra cara. Fletcher planteó una cuestión inquietante: si quienes cometen estos ataques actúan sin temor a consecuencias o si, directamente, consideran legítimos esos objetivos.
La base de datos internacional Aid Worker Security Database lleva décadas documentando estos casos. Su seguimiento confirma una tendencia sostenida: el espacio humanitario se reduce mientras aumenta el riesgo.
Personal humanitario español asesinado desde que hay registros
España tampoco ha quedado al margen. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha recordado en distintas ocasiones a cooperantes fallecidas en misiones internacionales, como María Hernández de Médicos Sin Fronteras (MSF), asesinada en Etiopía, o Emma Igual, cofundadora de la ONG Road to Relief, quien murió en Ucrania tras el impacto de un misil ruso.
Ambos casos ilustran el nivel de exposición de quienes trabajan sobre el terreno. En palabras del propio ministerio, estas muertes reflejan «las condiciones extremas y de inseguridad» en las que operan los cooperantes.
Las organizaciones humanitarias españolas insisten en la necesidad de reforzar la protección y exigir responsabilidades. Sin garantías mínimas, advierten, la ayuda internacional se debilita.
Actualidad
El aumento de ataques contra trabajadores humanitarios coincide con un deterioro general del respeto al derecho internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha reiterado la obligación de investigar estas violaciones y de proteger a la población civil.
En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha reafirmado su compromiso con el acceso humanitario y la defensa del derecho internacional, aunque las organizaciones sociales reclaman una respuesta más contundente.
Desde Amnistía Internacional España alertan de que la falta de seguridad no solo pone en peligro a los cooperantes, sino que amenaza la asistencia a millones de personas atrapadas en conflictos.
