La Confederación General del Trabajo (CGT) muestra su rechazo a la respuesta que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dado a una plataforma vecinal del madrileño barrio de Carabanchel que pretende recuperar la memoria de la antigua cárcel[1], cuyos últimos vestigios albergaban hasta su cierre por la pandemia de la COVID-19 un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).
La plataforma vecinal se había dirigido por carta al Ministerio del Interior el 22 de mayo 2020, proponiéndole la construcción de un centro de memoria en los terrenos de la antigua cárcel, levantada por presos del franquismo. Según esta plataforma vecinal, tanto el terreno como el edificio son propiedad de Interior, y aseguran que el proyecto presentado al Ministerio es compatible con la normativa urbanística actual vigente en los terrenos, por lo que su viabilidad depende del Gobierno.
Este 12 de junio 2020, la Plataforma Ciudadana por el Centro de Memoria de Carabanchel (PCCMC) ha recibido contestación por parte del Ministerio del Interior, que le ha denegado la petición alegando que «actualmente se encuentra en curso la tramitación de la promoción de la ejecución del planeamiento urbanístico de estos terrenos».
La CGT señala, en opinión compartida con El Salto, que esta respuesta es incompatible con el discurso del propio Gobierno y con la ley de Memoria Histórica del PSOE, que habla de «la protección de lugares en los que se hayan desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados con la lucha del pueblo español por sus derechos y libertades democráticas, así como la represión y violencia».
CGT también señala el hecho curioso de que este edificio haya sido un CIE, un centro de internamiento de personas migrantes que han pasado meses, incluso años, privadas de libertad y «cuyo único delito es haber nacido pobres y haber intentado buscarse la vida lejos de la miseria de sus países de origen».
En este sentido, la organización anarcosindicalista señala que «no es de extrañar que el ministro de Interior, que mantiene concertinas y aplica políticas migratorias durísimas contra seres humanos en la Frontera Sur, tenga estas actitudes ante el propio sufrimiento de miles de personas que dieron su vida en defensa de la libertad y contra el fascismo», ministro que actualmente «se ha instalado en las instituciones democráticas y comparte espacios con partidos políticos con miles de militantes desaparecidos».
