El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado tramitar un anteproyecto de Ley por el que se modifica la Ley 9/2001, de Suelo de la Comunidad de Madrid, particularmente en lo referido al ámbito y procedimiento de las licencias urbanísticas, modificando los artículos 151 a 163 de la mencionada Ley, a pesar del rechazo de la oposición política y agentes sociales y vecinales, además de organizaciones medioambientales.
Pretende hacerlo además mediante el procedimiento de lectura única, por el cual se elude el debate en comisión parlamentaria y se lleva directamente a votar sí o no en el pleno, sin el más elemental tiempo para la discusión y el debate, señalan entidades sociales y vecinales de la Comunidad de Madrid que han elaborado un manifiesto contra esta iniciativa, en el que indican que no está justificado que «una vez más se utilicen atajos para la reforma de una Ley que es fundamental para esta región».
Señalan que es necesaria la redacción de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo para la Comunidad de Madrid, en la cual una simplificación y agilización administrativa de la actividad urbanística puede ser deseable, pero siempre con la debida seguridad jurídica y el respeto a la normativa sectorial y estatal de carácter ambiental y urbanístico y de defensa del patrimonio histórico.
En su tramitación, los sectores afectados, los grupos políticos, las entidades y agentes sociales así como la ciudadanía en general deberán dar su opinión, para concitar el mayor grado de consenso posible.
Cabe recordar que durante la pasada legislatura el gobierno del PP de la Comunidad de Madrid ya llevó a la Asamblea un proyecto de Ley del Suelo que modificaba completamente la vigente Ley 9/2001, no llegando a aprobarse por su incapacidad de acordar su articulado con la sociedad civil y los grupos parlamentarios, y ahora «volvemos a las andadas, pareciendo esta modificación una declaración de principios de lo que puede venir en un futuro cercano».
Por otra parte, el anteproyecto publicado tiene una enorme incidencia en la actividad de los municipios, tanto desde el punto de vista administrativo como económico, ya que en sus capacidades descansa el procedimiento de concesión y control de las licencias y demás actuaciones de carácter urbanístico.
El anteproyecto viene a culpabilizar a la administración local por la lentitud y demora en la tramitación de proyectos. Pero la falta de recursos humanos cualificados no se soluciona en absoluto con este anteproyecto de ley, se necesitan recursos. En consecuencia resulta incomprensible que no se haya compartido esta iniciativa en el seno de la Federación Madrileña de Municipios, de forma que su Comisión de Urbanismo pueda debatir y emitir el dictamen correspondiente.
La excusa del gobierno de Isabel Díaz Ayuso para emprender esta reforma con carácter urgente y sin las más elementales garantías democráticas de debate y enmienda, es la necesaria reactivación económica. Con ello, nuevamente se culpabiliza a los controles urbanísticos y medioambientales de ser un freno al crecimiento económico y se opta por la vieja receta de la desregulación.
Este «plan de reactivación» supone «apostar de nuevo por la construcción, una vuelta a las políticas del ladrillo que tanto daño hicieron al desarrollo equilibrado de nuestra región en el pasado».
No existe además ninguna prueba de que este tipo de desregulación pueda animar la economía de forma significativa, puesto que la mayor parte de la actividad constructiva seguirá necesitando obtener las licencias urbanísticas correspondientes, y solamente se facilitan un tipo de proyectos muy determinados.
Concretamente la reforma legislativa propuesta supone:
- Vuelta a la lógica del ladrillazo
Dando facilidades a los promotores para construir al margen del control urbanístico y medioambiental, es decir, al margen de la ley. - Menos garantías para los consumidores:
Se podrán utilizar las viviendas y otros edificios sin comprobar que cumplen la normativa.
No garantiza saber quién es responsable de los defectos y problemas que surjan después de una obra. - Menos garantías para los trabajadores:
No se comprueba previamente que una obra haya adoptado las medidas de seguridad y salud en el trabajo.
No garantiza saber quién es responsable de prevención de riesgos laborales en las obras.
Permite hecer demoliciones (obras con importantes riesgos de salud laboral) sin control previo. - Menos garantías para la sociedad, la convivencia, la salud y el descanso:
Se podrán implantar usos ilegales, molestos o ruidosos en parcelas y locales sin que nadie compruebe previamente su legalidad.
Proliferarán negocios e instalaciones que no cumplan normativa, perturbando al vecindario y al medio ambiente. - Menos herramientas para los Ayuntamientos:
Los ayuntamientos, sus cargos públicos y sus empleados tienen más responsabilidades en el cumplimiento de la legalidad urbanística, pero solo podrán actuar a posteriori y con menos herramientas.
No se ataja el problema real: los escasos medios de inspección de la administración regional. Los ayuntamientos se verán sobrepasados con la proliferación de usos ilegales.
El problema será mayor para aquellos ayuntamientos pequeños y con pocos recursos. - Amenaza para el patrimonio histórico:
Se permitirá demoler edificios de valor histórico y cultural sin control previo, incluso en municipios sin Catálogo de Bienes Protegidos.
Se dificultará a los ayuntamientos proteger su patrimonio cultural. El propietario podría demoler los edificios antes de que se haga el procedimiento de protección. - Amenaza para el medio ambiente:
No se garantiza el cumplimiento de la normativa de residuos de construcción y demolición.
La extracción de áridos, los depósitos de vertidos, la apertura de caminos, la instalación de tendidos eléctricos o la construcción de obras hidráulicas quedan en una situación legal confusa.
Se aumenta el riesgo de construcción en suelo no urbanizable al permitirse parcelaciones rápidas sin control previo
Por todo ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto, instan al Gobierno de la Comunidad de Madrid a retirar el anteproyecto de Ley de modificación de la Ley del Suelo publicado el 18 de mayo y reclaman iniciar un proceso de diálogo al objeto de conseguir el mayor grado de acuerdo posible en cuanto a la aprobación de una nueva Ley del Suelo y Urbanismo en la Comunidad de Madrid.
A este respecto, piden que se ponga en marcha un procedimiento participativo con los grupos parlamentarios y partidos políticos, los sindicatos, los colegios y asociaciones profesionales, la FRAVM y las entidades sociales interesadas, así como con los Ayuntamientos, a través de la Federación Madrileña de Municipios, con el fin de consensuar un nuevo texto legal.
Entidades firmantes:
