Tras la publicación ayer en Aquí Madrid del análisis «La Doctrina Monroe y el secuestro de Maduro reactivan la política de cambio de régimen de EEUU», los acontecimientos registrados en las últimas veinticuatro horas confirman la apertura de una nueva fase de la crisis venezolana, marcada por la comparecencia judicial de Nicolás Maduro en Estados Unidos, la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina y la actualización de las cifras de víctimas provocadas por la intervención militar ordenada por Donald Trump.
El presidente venezolano fue trasladado a Nueva York, donde compareció ante un tribunal federal del Distrito Sur, acusado de delitos relacionados con narcotráfico y «narcoterrorismo», cargos que Washington utiliza como base jurídica para justificar una operación ejecutada sin mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La defensa de Maduro rechazó la legalidad de la detención y calificó el proceso de «persecución política».
Proceso judicial en Estados Unidos
Según fuentes judiciales estadounidenses, Maduro permanece detenido en un centro federal de Brooklyn, desde donde fue trasladado bajo fuerte custodia al tribunal de Manhattan. Durante la audiencia inicial, negó las acusaciones y cuestionó la jurisdicción del tribunal, mientras sus abogados anunciaron recursos ante instancias internacionales.
Juristas consultados por distintos medios subrayan que la existencia de cargos penales no habilita la captura extraterritorial de un jefe de Estado en ejercicio, ni sustituye los mecanismos de cooperación judicial previstos en tratados multilaterales, lo que sitúa el caso en un terreno jurídicamente controvertido.
Delcy Rodríguez asume la presidencia interina
En Caracas, el Tribunal Supremo de Justicia proclamó a Delcy Rodríguez como presidenta interina, alegando la «ausencia forzosa» del jefe del Estado. Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva, recibió el respaldo del alto mando militar y de las principales instituciones del país.
Aunque no figura en las listas de recompensa de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), Rodríguez cuenta con una larga trayectoria en el núcleo de poder del chavismo, con responsabilidades como ministra de Relaciones Exteriores y presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente. En su primer mensaje público apeló a «relaciones balanceadas y respetuosas» y al diálogo internacional, una formulación interpretada como un intento de abrir canales de comunicación indirectos con Washington.
Su nombramiento, sin embargo, genera tensiones internas y dudas sobre la legitimidad de un proceso condicionado por una intervención extranjera. Además, Rodríguez figura en listas de sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá, lo que complica cualquier iniciativa diplomática a corto plazo.
Víctimas confirmadas y daños de la intervención
Las cifras de víctimas se han actualizado en las últimas horas. Según datos difundidos por autoridades venezolanas y recogidos por medios internacionales, al menos ochenta personas han fallecido como consecuencia directa de los bombardeos y enfrentamientos asociados a la intervención estadounidense.
Entre las víctimas figuran civiles, miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas y personal extranjero, incluidos 32 ciudadanos cubanos, según confirmó el Gobierno de La Habana.
La operación militar, desarrollada principalmente en Caracas y el norte del país, causó además daños significativos en infraestructuras militares y residenciales, interrupciones del transporte y un clima de pánico entre la población civil.
Organizaciones de derechos humanos han reclamado transparencia en el recuento de víctimas, acceso independiente a las zonas afectadas y garantías de protección para la población civil.
España: condena firme y coordinación europea e iberoamericana
El Gobierno de España condenó de forma expresa la intervención de Estados Unidos en Venezuela y exigió el respeto estricto del derecho internacional. Según informó RTVE, el ministro de Asuntos Exteriores afirmó que «España condena firmemente esta intervención y recuerda que ninguna acción militar unilateral puede situarse al margen de la Carta de Naciones Unidas».
Esta posición se enmarca en una respuesta coordinada con la Unión Europea, que ha reclamado contención, respeto al multilateralismo y protección de la población civil. En Bruselas existe una creciente inquietud ante la normalización de políticas de expansión de zonas de influencia, en un contexto marcado también por las reiteradas declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca y parte integrante de un Estado miembro de la UE.
Madrid subrayó además su responsabilidad específica como país impulsor de las Cumbres Iberoamericanas y sede de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), defendiendo una salida política y negociada al conflicto venezolano, basada en el diálogo, la legalidad internacional y la soberanía de los pueblos. Fuentes diplomáticas españolas destacaron que la crisis afecta de lleno a la comunidad iberoamericana, de la que Venezuela forma parte.
Reacciones en América Latina
México reiteró su doctrina de no intervención y autodeterminación, advirtiendo de que la captura de un jefe de Estado mediante el uso de la fuerza vulnera principios esenciales del orden internacional.
Brasil calificó la intervención como un factor de desestabilización regional y defendió América Latina como zona de paz, reclamando respeto a la soberanía venezolana.
Colombia manifestó inquietud por el impacto humanitario y de seguridad en las zonas fronterizas. Estas declaraciones se produjeron después de que Donald Trump y miembros de su entorno político señalaran públicamente al presidente Gustavo Petro como uno de los dirigentes «bajo observación», lo que incrementó la tensión diplomática.
Cuba condenó la operación como una agresión directa y una violación de la Carta de Naciones Unidas. La reacción de La Habana se vio reforzada por el hecho de que Trump y varios de sus exsecretarios de Estado han identificado reiteradamente al presidente Miguel Díaz-Canel como un «objetivo prioritario» de presión política y económica.
Argentina, Chile, Uruguay y Perú coincidieron en reclamar contención, respeto al derecho internacional y protección de la población civil.
Rusia y China
Rusia calificó la intervención de violación grave de la soberanía venezolana y advirtió de que la captura de un jefe de Estado en ejercicio mediante una acción militar sienta un precedente peligroso que erosiona el sistema internacional.
China manifestó su oposición al uso unilateral de la fuerza y defendió el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados, llamando a resolver la crisis mediante el diálogo y los mecanismos políticos internacionales.
Un escenario abierto
La comparecencia judicial de Nicolás Maduro, la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina y la confirmación de decenas de víctimas civiles sitúan la crisis venezolana en un escenario de alta incertidumbre política y jurídica. La intervención estadounidense y las declaraciones posteriores sobre la tutela del país y la explotación de sus recursos estratégicos han intensificado el debate internacional sobre soberanía, legalidad y derechos humanos.
Mientras avanzan los procedimientos judiciales en Estados Unidos y se multiplican las reacciones diplomáticas, el futuro inmediato de Venezuela queda marcado por una combinación de presión externa, fragilidad institucional y una grave crisis humanitaria, cuyas consecuencias siguen abiertas.
