En 2024 la siniestralidad laboral mostró su rostro más cruel en la Comunidad de Madrid: 85 personas fallecieron y cada jornada se produjeron 442 accidentes —245 con baja—, según un informe conjunto de UGT y CCOO presentado con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo.
El balance confirma la tendencia ascendente de la última década y exige medidas urgentes.
Un balance que enciende las alarmas sindicales
«No podemos seguir normalizando las muertes en el trabajo», denuncian CCOO y UGT Madrid.
Las centrales recuerdan que las 85 muertes de 2024 —un 16,44 por ciento más que en 2023— evidencian el fracaso de las empresas que arrinconan la prevención y de una Administración sin recursos para vigilar.
Los sindicatos subrayan que, durante 2024, cada cuatro días falleció una persona trabajadora en la región y que la economía «no puede levantarse sobre las ausencias que dejan estas muertes».
Y reclaman un giro estructural que coloque la seguridad y la salud laboral como prioridad transversal de todas las políticas públicas.
Los números detrás de la tragedia
El informe, elaborado con datos del IRSST, registra 161.280 accidentes de trabajo. De ellos, 89.233 ocasionaron baja —un 1,20 por ciento más que en 2023— y otros 72.047 no interrumpieron la actividad.
Cada día 245 personas resultaron lesionadas con incapacidad temporal y 197 sufrieron percances leves que revelan carencias preventivas.
Accidentes mortales: la patología no traumática
Los 85 fallecimientos equivalen a un índice de 2,48 por cada cien mil afiliados a la Seguridad Social.
El 41 por ciento se debió a patologías no traumáticas (infartos, ictus, derrames) ligadas al estrés, el calor o las jornadas prolongadas.
«Seguimos muriendo de repente, sin caída ni golpe, porque el cuerpo dice basta», lamenta Ana Herranz, responsable de Salud Laboral de CCOO Madrid.
Sectores más afectados
El sector servicios concentró el 71,5 por ciento de los accidentes con baja (53.049) y el 72,5 por ciento de los mortales (50).
Le siguen construcción, con 12.129 siniestros y catorce muertes, e industria, con 8.781 accidentes y cinco fallecimientos.
La agricultura apenas supuso el 0,4 por ciento y no registró víctimas mortales.
El repunte se produce en ámbitos con alta temporalidad y subcontratación, donde la prevención se diluye.
Brechas de género y gravedad
Los hombres sufrieron 56.605 accidentes con baja (68 por ciento) y concentraron el 91 por ciento de las muertes; las mujeres, 32.628 accidentes y el nueve por ciento de las víctimas mortales.
«La prevención sigue diseñada para un trabajador tipo y olvida riesgos específicos de las mujeres», advierte Marina Prieto, secretaria de Igualdad de UGT Madrid.
La doble jornada: en el trabajo y al volante
Aunque la mayoría de los siniestros ocurre en el puesto, 14.996 accidentes tuvieron lugar en desplazamientos in itinere, un 1,37 por ciento más que en 2023.
Las muertes en carretera —16 en total— crecieron un 14,29 por ciento. Horarios precarios, transporte nocturno insuficiente y grandes distancias convierten la movilidad en un riesgo añadido.
Cuando la enfermedad se esconde
Las enfermedades profesionales siguen infradeclaradas: Madrid comunicó 1.290 partes en 2024, un 14,77 por ciento más que un año antes, pero el índice de incidencia continúa un 72 por ciento por debajo de la media estatal.
UGT y CCOO reclaman unidades de salud laboral hospitalarias y formación sanitaria para detectar patologías de origen laboral.
Malas señales en 2025
Entre enero y marzo de 2025 se produjeron 22.177 accidentes, 119 graves y 25 mortales, lo que supone un aumento del 19 por ciento en los decesos respecto al mismo periodo de 2024.
El 64 por ciento de las muertes obedeció de nuevo a patologías no traumáticas; construcción y servicios volvieron a liderar los peores registros.
Problema estructural con raíces conocidas
El informe de CCOO y UGT constata la «fina línea» que separa un accidente grave de uno mortal: en 2024 los siniestros graves bajaron a 512, pero las muertes subieron.
Con 65 inspectores para más de medio millón de centros, la probabilidad de una visita oficial es mínima. «Sin medios y sin sanciones ejemplares, la prevención se reduce a un PDF colgado en la nube», resume el jurista Jaime Cabeza.
Propuestas sindicales para revertir la sangría
Los sindicatos proponen:
• Reformar la Ley de Prevención para afrontar los retos digitales y ecológicos.
• Refuerzo inmediato de la Inspección con más plantilla y poder sancionador.
• Plan de choque contra riesgos psicosociales y de tráfico laboral.
• Delegado territorial de prevención en pymes sin representación.
• Veto de contratos públicos a empresas reincidentes.
• Coordinación sanidad-trabajo para aflorar enfermedades profesionales.
• Control efectivo de subcontratación y plataformas digitales.
• Planes de movilidad sostenible que reduzcan los accidentes in itinere.
Estas medidas —subrayan— necesitan financiación estable, participación real de los comités de empresa y transparencia total.
Exigen que el futuro Plan Director de Prevención 2025-2028 incluya objetivos medibles y evaluación pública anual.
Malas decisiones corporativas y fallos institucionales
La siniestralidad madrileña no es un peaje inevitable del progreso, sino la consecuencia de decisiones corporativas y fallos institucionales.
Las 85 muertes de 2024 y las 25 del primer trimestre de 2025 demuestran que cada cifra oculta una vida truncada.
Convertir la salud laboral en eje de la política y de la gestión empresarial es un imperativo democrático: la productividad ha de medirse también en vidas salvadas.
Propuesta: Fiscalía autonómica de Seguridad en el Trabajo
Como aporte innovador después de analizar este informe de UGT y CCOO, se plantea crear una Fiscalía madrileña especializada en delitos contra la seguridad y la salud laboral.
Inspirada en la Fiscalía de Medio Ambiente, integraría a fiscales, forenses y técnicos en prevención y trabajaría con la Inspección de Trabajo.
Entre sus funciones estarían impulsar diligencias de oficio tras cada accidente mortal, dictar medidas cautelares —de la inmovilización de equipos a la paralización de obras—, agrupar causas para perseguir la reincidencia y publicar memorias anuales verificables.
Este órgano elevaría la presión disuasoria sobre las empresas y garantizaría a víctimas y familias una reparación rápida y justa.
