La Comunidad de Madrid va a recibir más de 260 millones de euros para actuaciones de rehabilitación residencial y construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, según los acuerdos de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo, celebrada el 29 de junio 2022 y presidida por la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.
El Consejo de Ministros ha autorizado este 23 de agosto de 2022 la distribución territorial y los criterios de reparto de 1889 millones de euros de los fondos europeos de recuperación a las Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes.
De los 1889 millones de euros, 1389 millones de euros podrán traspasarse este año 2022 a las comunidades y ciudades autónomas para financiar la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones de euros restantes se traspasarán a partir del año 2023 para levantar viviendas en alquiler social.
Con esta iniciativa se busca reducir un treinta por ciento el consumo de energía primaria no renovable de los hogares y mejorar el confort y la habitabilidad, promoviendo, por ejemplo, el cambio de ventanas, el despliegue de sistemas de calefacción alimentados con energías renovables, o la renovación de sistemas de calefacción y de refrigeración obsoletos.
La distribución territorial y los criterios de reparto autorizados por el Consejo de Ministros deberá someterse a la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo.
La distribución
Los fondos se distribuirán entre las CCAA, Ceuta y Melilla en proporción al número de hogares, según los últimos datos de la Encuesta Continua de Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), del siguiente modo:
| Cifras en miles de euros Comunidad Autónoma / Ciudad | C02.I01 “Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales”2022 | C02.I02 “Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes”2023 |
| Andalucía | 241.269,30 | 86.850,00 |
| Aragón | 40.239,33 | 14.485,00 |
| Asturias | 33.738,81 | 12.145,00 |
| Baleares | 34.183,29 | 12.305,00 |
| Canarias | 63.768,99 | 22.955,00 |
| Cantabria | 18.001,44 | 6.480,00 |
| Castilla y León | 75.575,49 | 27.205,00 |
| Castilla – La Mancha | 58.504,68 | 21.060,00 |
| Cataluña | 224.504,07 | 80.815,00 |
| Comunidad Valenciana | 150.303,69 | 54.105,00 |
| Extremadura | 32.016,45 | 11.525,00 |
| Galicia | 81.187,05 | 29.225,00 |
| Madrid | 194.557,23 | 70.035,00 |
| Murcia | 40.822,71 | 14.695,00 |
| Navarra | 19.168,20 | 6.900,00 |
| País Vasco | 67.477,62 | 24.290,00 |
| Rioja | 9.695,22 | 3.490,00 |
| Ceuta | 2.027,94 | 730,00 |
| Melilla | 1.958,49 | 705,00 |
| TOTAL ESPAÑA | 1.389.000,00 | 500.000,00 |
La distribución territorial de estos 1889 millones de euros se sumará a los 1151 millones de euros del programa de rehabilitación residencial transferidos en 2021 por Mitma a las CCAA, Ceuta y Melilla y a los 500 millones del programa de vivienda social traspasados en 2022. Todo ello, según la distribución acordada en la Conferencia Sectorial de Vivienda y Suelo del 21 de julio de 2021.
Con el acuerdo de Consejo de Ministros, Mitma moviliza 3540 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para que las comunidades y ciudades autónomas financien las actuaciones encaminadas a la regeneración de los entornos residenciales y aumento del parque de vivienda pública, lo que supone el 89,1 por ciento de los recursos a transferir en el marco de ambos programas de inversión.
En el ámbito de la vivienda social, la aplicación de recursos del PRTR posibilitará la construcción de 20.000 nuevas viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, lo que constituye una oportunidad para que las Administraciones territoriales amplíen su parque de vivienda social, un instrumento esencial para la aplicación de políticas públicas en favor del derecho a una vivienda digna y adecuada consagrado en la Constitución Española, todo ello, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la primera ley estatal por el derecho a la vivienda de nuestra democracia.