CCOO Madrid informa de hoy que con los datos recogidos de fuentes oficiales se ha incrementado la violencia contra las mujeres en la Comunidad Autónoma, y que además, los datos indican una tremenda desafección de las madrileñas con el sistema de protección a las víctimas.
Esta situación se produce en un ámbito de gestión autonómica en el que no se han ejecutado los montos previstos en los presupuestos, y en el que el Plan de Natalidad, medida estrella de Isabel Díaz Ayuso, contará con 74,1 millones más que el programa 232B «Acciones contra la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Oportunidades».
Otros datos aportados por CCOO indican que, a diferencia del año 2022, las mujeres asesinadas, así como sus asesinos, se sitúan en franjas bajas de edad, y que las ayudas percibidas por las mujeres en Madrid están muy por debajo de las ayudas dadas por otras comunidades de distinto signo como pudieran ser Andalucía, Galicia o Extremadura.
Añade que la mayor parte de los contratos que se han formalizado a víctimas de violencia de género en la región han sido de carácter temporal, ejemplo de que, como recoge la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la violencia contra las mujeres representa una brutal manifestación de la desigualdad entre mujeres y hombres.
Sostiene CCOO que «esta violencia representa un mecanismo de control cuyo origen es la jerarquía sexual pero que, a su vez, garantiza y alimenta la misma. Una jerarquía sexual según la cual las mujeres tienen un mandato de obediencia y sumisión a los varones».
Y que «la violencia contra las mujeres se manifiesta en diferentes tipos y contextos, unos más visibles y otros menos, siendo la punta del iceberg los asesinatos machistas. Habiendo un único factor de riesgo, ser mujer».
Políticas en la Comunidad de Madrid
Con la configuración del último gobierno de Isabel Díaz Ayuso, la Dirección General de Igualdad continuó incluida en la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, se mantiene desaparecida la igualdad de la nomenclatura, y esto «demuestra el escaso interés del Gobierno regional por estas políticas, pese a contar con una Dirección General».
La dotación del programa 232B de acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad, que gestiona la Dirección General de Igualdad, supone el 1,55 por ciento del presupuesto que gestiona la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales.
En 2021 cumplieron su vigencia la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género, la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos y la Estrategia de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, sin que se hayan puesto las bases para una nueva estrategia a finales de 2023.
El empleo en los servicios de violencia de la Comunidad es, de forma generalizada, a tiempo parcial. La gestión, mayoritariamente subcontratada.
Esta situación se produce cuando en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, este 2023 la Comunidad de Madrid ha recibido el 10,56 por ciento del total del dinero repartido entre las diferentes Comunidades Autónomas, lo que supone 14.802.211,63 millones de euros.
La Comunidad de Madrid presupuestó a su vez en 2023, en el programa 232B «acciones contra la violencia de género y promoción de la igualdad» 34.310.723 euros, de los que solo se ha ejecutado el 54 por ciento.
Los créditos para este programa en el presupuesto de 2024 suman 40.535.484 euros, un 18 por ciento más que el gasto previsto para el año 2023 pero un 21 por ciento menos de lo que en este momento está previsto ejecutar (créditos actuales a mes de agosto).
Cabe destacar que frente a los 40,5 millones de euros presupuestados para luchar contra la violencia de género y promover la igualdad, esta misma Consejería ha presupuestado 114,6 millones de euros para el Plan de Natalidad.
Ayudas percibidas
CCOO señala que además de la falta de voluntad política de Isabel Díaz Ayuso que ponen de manifiesto en los presupuestos, tampoco se ha procurado que un número significativo de madrileñas pudieran acogerse a la ley estatal de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que regula en su artículo 27 las ayudas sociales a las víctimas.
Según datos oficiales, las ayudas económicas dadas al amparo del artículo 27 de la Ley 1/2004, en la Comunidad de Madrid, ascendían en lo que va de año 2023 a cinco, y en el año 2022 se concedieron un total de 37 ayudas.
Estas 42 ayudas suponen el 2,43 por ciento de las 1726 ayudas concedidas en el conjunto del Estado durante los años 2022 y 2023.
Atendiendo solo a las otorgadas en el presente año estaríamos hablando del 0,86 por ciento, por lo que CCOO señala que «sobra decir que estamos ante un índice de ayudas extremadamente bajo, por no decir nulo».
Consejo General del Poder Judicial
CCOO pone asimismo en contexto los datos económicos citados con los que aporta el CGPJ acerca de los procedimientos de violencia de género del segundo trimestre de 2023 en la Comunidad de Madrid, cuando:
- La violencia de género experimentó un nuevo repunte interanual en Madrid durante el segundo trimestre de este año. El número de víctimas aumentó un 4,9 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022 y el número de denuncias lo hizo en un cinco por ciento.
- Disminuye el número de mujeres que se acogen a la dispensa de la obligación de declarar como testigo, situándose en 657 casos, un 19,6 por ciento menos que en el periodo de referencia anterior.
- Aumentan los procedimientos terminados por sobreseimiento provisional. En el segundo trimestre de 2023 aumenta un 8,2 por ciento el porcentaje de procedimientos que acaban con sobreseimiento provisional, con respecto al mismo periodo de 2022.
- Disminuyen las órdenes de protección denegadas. Las órdenes de protección denegadas se reducen un 3,2 por ciento respecto al año pasado. Sin embargo, debemos resaltar que en el segundo trimestre de 2022 se han denegado más medidas de protección que adoptado, 784 y 722 respectivamente.
- Disminuyen las medidas cautelares. Los órganos judiciales de la región dictaron 567 medidas cautelares civiles, un 18,5 por ciento que en el periodo de referencia anterior. Se trata de medidas cuya finalidad es la protección de la mujer y de las y los menores en tanto se resuelve el proceso penal.
- Aumentan las sentencias condenatorias. De los procedimientos enjuiciados, aumenta el porcentaje de sentencias condenatorias en un 17,2 por ciento respecto al mismo periodo de 2022.
- Más delitos de violencia de género en menores de edad. En el primer y segundo trimestre de 2023 se registra también un aumento de sentencias condenatorias en delitos de violencia de género cometidos por menores, concretamente un 133 por ciento respecto al año 2022, pasando de 3 a 7.
- Aumenta la ratio de víctimas por mujeres. La tasa de víctimas de violencia de género por cada diez mil mujeres volvió a experimentar un aumento interanual al situarse la media nacional del segundo trimestre del año en 19,2 frente a las 18,4 de hace un año y las 16,6 del primer trimestre de 2021.
Llamadas al 016
El servicio 016 ofrece Información, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata a todas las formas de violencia contra las mujeres de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. No se queda reflejado en la factura, pero sí hay que eliminarlo del listado de llamadas del teléfono móvil.
En lo que va de año, Madrid registra el 23,68 por ciento de las llamadas al 016 de todo el Estado, esta cifra supone una reducción respecto al 24,78 por ciento del año pasado. Como se puede constatar, sigue siendo la víctima la primera en utilizar este servicio.
Mujeres Asesinadas
En lo que va de año, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid suma cinco. En el ámbito estatal, la cifra alcanza las 53 mujeres asesinadas, el dato más alto desde el año 2019.
A estas cifras, reconocidas al amparo de la Ley 1/2004, el portal de investigación Feminicidio.net suma 41 mujeres asesinadas más en el ámbito estatal de las que siete mujeres son del ámbito de la Comunidad de Madrid (se trata de feminicidios íntimos no oficiales, familiares, infantiles, por prostitución, no íntimos, por violencia comunitaria/económica, por robo, por narcotráfico o sin datos suficientes).
Respecto a las características de estos asesinatos, cabe señalar que cuatro de las mujeres asesinadas en 2022 y tres de las asesinadas en 2023 habían denunciado previamente, lo que indica que el sistema de protección está fallando a las víctimas.
Respecto a la edad de las víctimas, en el año 2022, tres mujeres tenían entre 18 y 20 años, una entre 21 y 30, una entre 31-40, una tenía 41-50 y una entre 61 a 70 años. En el año 2023, cuatro mujeres contaban entre 31-40 años y una entre 51 y 60.
Este año, uno de los asesinos tenía entre 18 y 20 años, dos estaban en el tramo 31-40 años, dos entre 41-50 años, uno entre 51-60 y otro de ellos entre 61-70 años. Por su parte, en 2023 uno de los asesinos tenía entre 21-30 años, dos entre 41-50, uno estaba entre 51-60 y uno más entre 61-70.
Reivindicaciones de CCOO
• Evaluación de la Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género.
• Elaboración y puesta en marcha de una nueva Estrategia Madrileña contra la Violencia de Género.
• Poner en marcha una Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado en la Comunidad de Madrid con participación de las organizaciones de mujeres y los agentes sociales que dote de transparencia al mismo.
• Dotación suficiente de partidas presupuestarias, y ejecución del 100 por ciento de las mismas, así como dotar a los equipos multiatención en centros de atención de víctimas de violencia contra las mujeres.
• Potenciar programas de inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, desarrollando medidas de actuación que se adapten a sus necesidades.
• Trabajar con los agentes sociales con objeto de facilitar la elaboración de protocolos frente al acoso o por razón de sexo en las empresas y hacer las mismas zonas libres de violencia contra las mujeres.
• Incorporar, en el ámbito educativo, medidas que incluyan la formación en valores de igualdad y respeto entre personas.
• Combatir el sexismo en los medios de comunicación, con formación especializada a profesionales con perspectiva de género y que esos mismos medios elaboren códigos deontológicos que les autorregulen.
• Programa integral de formación y sensibilización en el marco de la judicatura, y demás operadores jurídicos y policiales.