Facua, Consumidores en Acción, informa de que la Dirección General de Promoción Económica e Industrial de la Comunidad de Madrid ha iniciado expedientes sancionadores contra dieciséis centrales de hormigón de la región, al no haber presentado el certificado de conformidad del control de la producción que permite la continuidad de sus actividades.
Según ha informado la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (Anefhop), este certificado, obligatorio desde el 1 de abril de 2021, permite el control de producción de los hormigones fabricados en cada central, y garantiza que la fabricación del hormigón se lleva a cabo en un marco de legalidad, seguridad y calidad industrial.
El no contar con esta certificación compromete la seguridad de edificaciones, viviendas y, en general, de cualquier obra construida, pues no asegura su calidad. A la vez, fomenta la competencia desleal en el sector, algo que podría causar graves perjuicios a las empresas cumplidoras.
Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Hormigón Preparado, el cien por cien de las centrales de hormigón pertenecientes a la asociación cumple ya los requisitos legales establecidos en el Real Decreto mencionado, representando más de setecientas plantas de hormigón activas a nivel nacional.
No obstante, fuera de la organización existen más de trescientas plantas que carecen de la preceptiva certificación y continúan de manera «ilegal» en sus actividades. Las regiones donde se producen más incumplimientos son Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, según la asociación.
Las sanciones incoadas por la Comunidad de Madrid son las primeras de las que se tiene noticia; aunque otras direcciones generales de Industria de las diferentes comunidades autónomas también están inspeccionando y notificando los posibles incumplimientos de la normativa. De acuerdo con el régimen sancionador contemplado en la Ley 21/1992 de Industria, estas multas pueden llegar a ser de hasta seis millones de euros.
Desde Anefhop indican que esperan que estas sanciones «tengan un efecto ejemplificador» y contribuyan, de manera «efectiva y rápida», a la erradicación de la competencia desleal en el sector.
Por su parte, fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda han explicado a Europa Press que hace un año entró en vigor una nueva instrucción estatal para estas empresas con el objetivo de aumentar la calidad de producción y garantizar que todas usaran los mismos estándares, con la participación y apoyo de asociaciones del sector.
Por tanto, han tenido de plazo hasta abril de este año para cumplir esa normativa y, pasado el plazo, se han llevado a cabo las correspondientes inspecciones. Es algo, añaden, que están haciendo todas las comunidades autónomas porque se trata de una normativa estatal.