A pesar de que su uso está prohibido desde 2002, el amianto sigue formando estando presente en Madrid y en buena parte del territorio español. En realidad, su presencia es tan habitual como silenciosa. Muchos edificios levantados entre los años 60 y 2000 aún conservan componentes fabricados con fibrocemento, un material que, aunque en su momento fue muy valorado por su durabilidad y bajo coste, hoy representa un riesgo sanitario de primer orden.
Esta situación supone un verdadero quebradero de cabeza para las comunidades de vecinos, que conviven con el peligro latente de una sustancia cancerígena y que también deben afrontar una serie de obligaciones legales bastante estrictas cuando estos materiales se deterioran o superan su vida útil.
La normativa actual
El marco legal en España sobre el amianto es todo menos laxo. El Real Decreto 396/2006 actúa como columna vertebral de la regulación vigente, definiendo con claridad las condiciones mínimas de seguridad y salud necesarias para trabajar en entornos con riesgo de exposición al amianto.
En una línea aún más rigurosa, la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados impone nuevas responsabilidades, en especial a los ayuntamientos, que deben llevar a cabo un censo de infraestructuras con amianto y establecer calendarios concretos para su retirada. La ley es tajante en este aspecto: todos los elementos de mayor riesgo situados en instalaciones públicas deben estar gestionados antes de que finalice 2028.
Cuando se trata de inmuebles privados, la normativa señala dos escenarios en los que la retirada de amianto es obligatoria: cuando el material ha llegado al fin de su vida útil, que suele situarse entre los 30 y 40 años, o cuando el estado de conservación revela un deterioro evidente. Si tenemos en cuenta que la mayoría de estos elementos se instalaron entre 1960 y 1990, el reloj hace tiempo que empezó a correr.
El amianto como problema de salud pública
El verdadero peligro del amianto reside en las diminutas fibras que libera al deteriorarse o ser manipulado. Estas partículas, una vez inhaladas, pueden desencadenar enfermedades severas como asbestosis, cáncer de pulmón o mesotelioma. Si bien son afecciones que pueden tardar décadas en manifestarse, cuando lo hacen, los daños son a menudo irreversibles.
En la Comunidad de Madrid, los datos son suficientemente elocuentes como para tomar el asunto con seriedad. Desde 2008, los hospitales han detectado 709 hallazgos médicos relacionados con la exposición al amianto en un total de 589 personas. Las dolencias más comunes detectadas en las victimas del amianto son las placas pleurales (451 casos), seguidas por la asbestosis (114) y el cáncer de pulmón (18).
Está claro entonces que el amianto es una amenaza directa a la salud pública.
¿Qué hay de los bajantes de fibrocemento?
Dentro de los edificios residenciales, uno de los focos más habituales de amianto son las bajantes de fibrocemento. Estas tuberías, encargadas de canalizar aguas residuales y pluviales, presentan una serie de riesgos añadidos. Con el paso de los años y el continuo flujo de agua, se van desgastando. Además, el uso frecuente de productos químicos acelera su deterioro, aumentando el riesgo de liberación de fibras cuando se rompen o manipulan.
La normativa es también muy clara al respecto: ninguna reparación puede llevarse a cabo por manos inexpertas. Solo las empresas debidamente registradas en el RERA (Registro de Empresas con Riesgo por Amianto) pueden intervenir en estas instalaciones, pues es una tarea que requiere procedimientos específicos, preparación técnica rigurosa y la supervisión de las autoridades competentes.
Esto exige que las empresas acreditadas para estos trabajos cuenten con personal altamente formado, equipos de protección individual certificados, planes de trabajo previamente aprobados y sistemas de descontaminación y gestión de residuos.
En la capital hay muchas compañías autorizadas. Una de ellas es Reformas Rubio, una empresa de fontanería en Madrid que hace sustituciones de bajantes con amianto cumpliendo con todos los protocolos legales, ofreciendo un servicio integral que vela tanto por la salud de los residentes como por el cumplimiento normativo.
Las obligaciones específicas para comunidades de vecinos
A las comunidades de propietarios, la ley les atribuye un conjunto de obligaciones precisas.
Ante la presencia de amianto, se debe actuar con método. El primer paso es solicitar una evaluación por parte de una empresa especializada. Si se confirma la presencia del material, esta misma empresa elaborará un plan de trabajo conforme al Real Decreto 396/2006.
Después, la comunidad debe aprobar la intervención en junta de propietarios, gestionar las solicitudes de ayudas disponibles y contratar a una empresa certificada para ejecutar la retirada y quitar el amianto de forma correcta. Todo el proceso debe ser supervisado para verificar que se cumplen estrictamente las normas de seguridad.
Lo ideal es no esperar a que los problemas aparezcan. Las comunidades deberían programar inspecciones regulares, prever un fondo económico para futuras actuaciones, informarse de las ayudas disponibles y actuar de forma preventiva. Lo más importante: confiar únicamente en profesionales acreditados, porque de ello depende la legalidad de la intervención y la salud de todos los vecinos.
