Julián Ordónez[1]
No quisieron o no fueron capaces de contratar rastreadores, y externalizaron una parte del servicio a una empresa que si fue capaz de hacerlo o al menos de cobrar por ello. El rastreo en Madrid sigue siendo una de las grandes incógnitas, no se sabe cuántas personas hay dedicadas a este imprescindible trabajo y la percepción es que son insuficientes y no están bien coordinadas con el resto de la cadena de atención a COVID.
No han querido o no han sido capaces de reorganizar sus hospitales y construyeron el Zendal, con sobrecostes que podrían haber cubierto el gasto de reforzar Salud Pública, Atención Primaria y los hospitales ya existentes. Hasta ahora 130 millones de euros solo para satisfacer intereses de las grandes empresas constructoras y de servicios sacando además el personal de las ya insuficientes plantillas de los hospitales de la red pública.
Contrataron personal para reforzar la entrada de los centros de salud (dos sanitarios por centro) y a los veinte días de contrato la mitad de ellos fueron trasladados a unidades de seguimiento COVID, que han empezado a funcionar sin cubrir fines de semana y festivos, y con una plantilla tan pequeña que previsiblemente se saturará en este inicio de tercera ola. Esperemos que no las externalicen con el argumento de no encontrar personal.
Siguen cerrados los servicios de atención primaria, por lo que los festivos y fines de semana sólo se pueden hacer test en urgencias de hospital, clínicas privadas o en el SUMMA, mientras claman que les autoricen a hacer test en las farmacias o en los centros dentales.
Algún día estos gestores tendrán que rendir cuentas, pero ya será tarde para revertir los daños del sistema sanitario.
Ahora los gestores de Madrid anuncian que pondrán todos los medios necesarios públicos y privados para vacunar frente a COVID 19 y han decidido desviar otros más de ochocientos mil euros para que una organización privada lo haga como marca su hoja de ruta habitual. Detrás vendrán otros.
Estamos ya en la tercera ola y sólo vemos esfuerzos por parte de la mayoría de la población, y de los profesionales, sin que de forma institucional se haya implementado un plan de mejora de los servicios. Parece que los casos, ingresos y fallecidos tanto de COVID como de otras patologías para los gestores de Madrid sean números que almacenar y no personas y familias que sufren.
UGT exige una vez más la planificación exclusiva de recursos públicos para hacer frente a la vacunación y la tercera ola.
UGT exige la contratación de personal en la sanidad pública para la campaña de vacunación frente al COVID, y la contratación de refuerzos en salud Pública, atención primaria y hospitales para mantener la actividad NO COVID y atender de forma adecuada a COVID en la detección precoz, estudio de contactos, atención y seguimiento de casos.
Los caprichos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso están produciendo efectos demoledores sobre el sistema sanitario y es ya imprescindible que se deje de jugar con el dinero público, con los profesionales y con la salud de los madrileños.
- Julián Ordónez, es el secretario de Sanidad de la Federación de Servicios Públicos de UGT Madrid (FeSP UGT Madrid)
