David Muñoz[1]
Reclamar los gastos hipotecarios no es solo un trámite jurídico, es un acto de justicia. Durante años, millones de familias en España asumieron costes que, a la luz de las resoluciones judiciales, no les correspondían.
Este asunto no es menor: revela el profundo desequilibrio que existe entre el consumidor y el sistema financiero. En Ézaro Legal lo vemos cada día. Nuestra posición es clara: reclamar los gastos hipotecarios es un derecho, un ejercicio de empoderamiento ciudadano y una herramienta para construir un sistema más justo.
A pesar de las numerosas sentencias favorables, se estima que alrededor del veinte por ciento de los hipotecados aún no ha reclamado lo que pagaron de más. Es una cifra alarmante, especialmente si tenemos en cuenta que muchas de esas personas podrían recuperar cantidades que superan fácilmente los mil euros.
¿Por qué tanta inacción? Por nuestra experiencia, hay dos factores determinantes: la falta de cultura financiera y la saturación de mensajes jurídicos contradictorios. Esta combinación genera confusión y, en muchos casos, paraliza al consumidor, que acaba por no dar el paso. En este silencio, la banca encuentra su mayor aliado.
El Tribunal Supremo ha marcado unas pautas que deben conocerse. Los gastos de registro, gestoría y tasación deben devolverse en su totalidad, mientras que los de notaría deben reembolsarse al cincuenta por ciento. Además, todas estas cantidades deben incluir los intereses legales acumulados desde el momento en que se hicieron los pagos. Esto puede suponer un importe considerable que incrementa lo que el consumidor tiene derecho a recuperar.
Sin embargo, aunque esta doctrina ha traído algo de claridad, desde Ézaro Legal consideramos que sigue siendo insuficiente. Los gastos fueron impuestos por los bancos de manera unilateral, sin posibilidad de negociación para el cliente. Por eso, creemos que lo justo habría sido que asumieran el cien por cien. Pero, hoy por hoy, esta es la realidad jurídica y conviene tenerla presente para evitar falsas expectativas.
El gran obstáculo sigue siendo el plazo: ¿cuándo empieza realmente a contar?
Uno de los aspectos más controvertidos del proceso es el del plazo para reclamar. Se ha extendido la idea de que existen cinco años para presentar la reclamación, pero lo que no se explica adecuadamente es cuándo empieza a contar ese plazo. Según una interpretación jurídica cada vez más aceptada por nuestros tribunales, el consumidor no puede tener conocimiento real de la nulidad de su cláusula hasta que una sentencia judicial así lo declare. No puede considerarse como tal momento la fecha en la que el banco responde negativamente a una reclamación extrajudicial, más aún si dicha respuesta insiste en la validez de la cláusula. Esta lectura, que es la más razonable, es también la que aplican muchos juzgados y tribunales en la actualidad.
Aun así, la confusión sigue presente, y favorece, una vez más, a la banca. La inseguridad jurídica es tangible. El consumidor medio no sabe con certeza cuándo empieza ese supuesto plazo, y entre recursos, noticias imprecisas y una maraña de interpretaciones contradictorias, pierde su oportunidad de reclamar. Esta es otra manifestación de cómo el sistema termina por abandonar al más vulnerable.
Como cabía esperar, la respuesta de los bancos ha sido dilatar los procesos. Se gana tiempo, se desgasta al consumidor y se reduce el número de personas que llegan hasta el final. Por su parte, la justicia avanza con una lentitud exasperante. Las sentencias son, en ocasiones, contradictorias, lo que contribuye a aumentar la sensación de incertidumbre. El resultado es que los consumidores acaban desorientados, desanimados, y muchas veces resignados. Quienes deciden pelear por lo que es suyo, se encuentran con juzgados colapsados y una carrera de fondo que exige paciencia, recursos y asesoramiento especializado. El desequilibrio, una vez más, recae sobre el ciudadano.
Desde nuestra experiencia, hay varias cosas que deberían cambiar. La primera es la necesidad urgente de simplificar el proceso de reclamación. Debe ser accesible, claro y sin obstáculos innecesarios. Además, es imprescindible que exista un criterio único y estable en los tribunales, que no deje al consumidor a merced de interpretaciones cambiantes. Y, por último, es fundamental establecer sanciones efectivas cuando la banca abuse de su posición de poder. Solo así podremos empezar a equilibrar la balanza.
Reclamar los gastos de la hipoteca no es solo una cuestión de economía personal. Es una forma de exigir un sistema financiero más justo y responsable. Desde Ézaro Legal trabajamos cada día para acompañar a las personas en ese proceso, con tecnología, cercanía y claridad. Nuestra llamada es directa: si tienes derecho, reclama. Porque tu dinero importa, pero tu dignidad aún más.
David Muñoz es CEO de Ézaro Legal
