El Parlamento Europeo ha aprobado este 24 de noviembre de 2020 una nueva directiva que permitirá a grupos de consumidores unir fuerzas y emprender acciones colectivas en la UE.
Las nuevas reglas introducen un modelo armonizado para la acción representativa en todos los estados miembros que garantiza que los consumidores estén bien protegidos contra daños masivos, al tiempo que asegura las salvaguardas adecuadas para evitar juicios abusivos.
Todos los estados miembros deben establecer al menos un mecanismo procesal efectivo que permita a entidades calificadas (por ejemplo, organizaciones de consumidores u organismos públicos) presentar demandas ante los tribunales con el propósito de una orden judicial (cesación o prohibición) o reparación (compensación). Esta legislación tiene como objetivo mejorar el funcionamiento del mercado interior poniendo fin a las prácticas ilegales y facilitando el acceso a la justicia de los consumidores.
Derechos para los consumidores y garantías para los comerciantes
El modelo europeo de acción de clase permitirá que solo entidades calificadas, como organizaciones de consumidores, representen a grupos de consumidores y presenten demandas ante los tribunales, en lugar de bufetes de abogados.
Para entablar acciones transfronterizas ante los tribunales, las entidades cualificadas deberán cumplir los mismos criterios en toda la UE. Tendrán que demostrar que tienen cierto grado de estabilidad y poder demostrar su actividad pública, y que son una entidad sin ánimo de lucro. Para las acciones nacionales, las entidades deberán cumplir con los criterios establecidos en las leyes nacionales.
Las reglas también introducen fuertes salvaguardias contra demandas abusivas mediante el uso del «principio de que el perdedor paga», que asegura que la parte vencida paga los costos de los procedimientos de la parte ganadora.
Para evitar aún más el uso indebido de las acciones representativas, se deben evitar los daños punitivos. Las entidades calificadas también deben establecer procedimientos para evitar conflictos de interés e influencia externa, es decir, si están financiados por un tercero.
Se pueden entablar acciones colectivas contra los comerciantes si presuntamente han violado la legislación de la UE en una amplia gama de áreas, como la protección de datos, los viajes y el turismo, los servicios financieros, la energía y las telecomunicaciones.
La Directiva también cubre las infracciones que han cesado antes de que se inicie o concluya la acción de representación, ya que es posible que aún sea necesario prohibir la práctica para evitar que vuelva a ocurrir.
El ponente Geoffroy Didier (EPP, FR) señala que «con esta nueva directiva, encontramos un equilibrio entre una mayor protección del consumidor y brindar a las empresas la seguridad jurídica que necesitan. En un momento en que Europa está siendo sometida a duras pruebas, la UE ha demostrado que puede responder a las nuevas realidades y adaptarse a ellas, proteger mejor a sus ciudadanos y ofrecerles nuevos derechos concretos en respuesta a la globalización y sus excesos».
La directiva entrará en vigor veinte días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE. Los estados miembros tendrán entonces veinticuatro meses para incorporar la directiva a sus leyes nacionales, y seis meses más para aplicarla. Las nuevas reglas se aplicarán a las acciones de representación interpuestas en o después de su fecha de aplicación.
Antecedentes
La Directiva de Acción Representativa, presentada en abril de 2018 por la Comisión Europea, fue aprobada por los negociadores del PE y los ministros de la UE en junio de 2020.
El proyecto de ley, que forma parte del New Deal for Consumers , surge como respuesta a una serie reciente de escándalos relacionados a las vulneraciones de los derechos de los consumidores por parte de empresas multinacionales.
En algunos estados miembros, los consumidores ya pueden iniciar acciones colectivas en los tribunales, pero ahora esta opción estará disponible en todos los países de la UE.
