Liberties alerta: retrocesos graves amenazan la libertad de prensa y el derecho a informar en EuropaLa libertad de prensa y el derecho a la información vivieron en 2024 un nuevo annus horribilis en la Unión Europea.
El último Rule of Law Report de la oenegé Liberties, que radiografía veintiún Estados miembros, denuncia — con nombres y cifras — un deterioro persistente: reguladores cooptados, medios públicos instrumentalizados, propiedad opaca, campañas de descrédito y querellas intimidatorias.
El capítulo sobre libertad de prensa del informe Liberties constata que los ataques «no son hechos aislados, sino síntomas de un ecosistema maltrecho».
Un panorama europeo cada vez más hostil
En prácticamente todos los Estados analizados se repiten tres patrones:
- Presión política sobre consejos reguladores y órganos de supervisión.
- Captura de radiotelevisiones públicas mediante nombramientos afines y control presupuestario.
- Debilitamiento del pluralismo por la alta concentración de la propiedad y la opacidad societaria.
El resultado es un círculo vicioso en el que la información crítica pierde altavoces, las audiencias desconfían (solo el 33 por ciento de los europeos cree en las noticias que consume) y las democracias se resienten.
Reguladores bajo la lupa
Liberties documenta que la independencia de las autoridades audiovisuales sigue en riesgo en siete países, «especialmente por la designación partidista de sus miembros».
El Consejo croata o la ERT griega ejemplifican cómo la mayoría parlamentaria premia la lealtad sobre la competencia. En Hungría, la Autoridad Nacional de Medios «actúa al dictado del partido Fidesz» y apenas inspecciona los conglomerados progubernamentales.
Frente a ello, organizaciones de periodistas reclaman que los nombramientos requieran mayorías cualificadas y mandatos no renovables.
El asalto a los medios públicos
Bulgaria, Italia o Malta mantuvieron en 2024 a sus radiotelevisiones públicas como «portavoces de la agenda oficial» mediante controles de programación y publicidad institucional.
La situación más grave se observa en Hungría, donde la fundación MTVA emite propaganda sin contrapesos.
También Polonia vive una transición convulsa: el gobierno de coalición heredó una TVP politizada y, al intentar renovarla, se topó con un vacío legal que «ha dejado la dirección en manos de administradores concursales sin garantías de independencia».
Propiedad opaca y concentración venenosa
La Ley de Libertad de Medios europea (EMFA) entrará en vigor en agosto, pero «pocos Estados se han preparado».
Francia ofrece el contraejemplo: el magnate Vincent Bolloré amplió su imperio con el grupo Hachette, mientras que en Italia se debate la compra de la agencia AGI por la familia Angelucci, diputada de la Liga.
En Croacia, los cuatro mayores tenedores de licencias copan el 97 por ciento de las audiencias; en los Países Bajos, tres editores controlan la mayoría de la oferta digital.
Sin registros nacionales de beneficiarios últimos, resulta imposible conocer quién está detrás de una cabecera.
Violencia, acoso y demandas mordaza
El informe recopila «ataques verbales, amenazas en línea y agresiones físicas» en casi todos los países, con especial incidencia en periodistas mujeres.
En Eslovaquia, miembros del gobierno se niegan ya a responder preguntas de medios críticos; en Grecia, el asesinato sin resolver de Giorgos Karaivaz sigue ensombreciendo la profesión.
Las SLAPPs no ceden: políticos italianos, empresas húngaras o millonarios malteses tramitan querellas desproporcionadas para agotar a sus críticos.
La directiva europea contra estas demandas debe incorporarse a las legislaciones nacionales antes de 2026, pero solo Eslovenia y los Países Bajos han iniciado el proceso.
Obstáculos al derecho a la información
Más allá del ejercicio periodístico, el acceso de la ciudadanía a documentos públicos retrocedió en 2024.
Alemania y Croacia dilatan las respuestas a solicitudes de transparencia; España aún carece de un registro estatal de lobbies que permita vigilar la publicidad institucional; y Bélgica amplió el concepto de secreto de Estado, «facilitando la criminalización de filtraciones de interés público».
La consecuencia es doble: editoras con menos materia prima para investigar y sociedades menos informadas para fiscalizar a sus gobernantes.
Cuando la propaganda paga la factura
La compra de anuncios oficiales continúa siendo «el arma preferida para premiar la obediencia y castigar la crítica».
Hungría dedica sumas millonarias solo a medios alineados; en Croacia, un proyecto piloto pretende cartografiar estos flujos tras descubrir que no existen criterios públicos de reparto.
Organizaciones como Access Info Europe insisten en que la contratación estatal de espacios debe someterse a licitación, límites por cabecera y fiscalización parlamentaria.
Ventanas de luz
Aunque el diagnóstico es sombrío, Liberties identifica avances dignos de emular.
La República Checa aprobó en 2023 una ley que impide a los altos cargos controlar medios y, pese a un revés constitucional, mantiene la obligación de divulgar la cadena de propiedad.
Estonia puso en marcha un plan de digitalización judicial que agiliza las demandas por difamación, y la coalición gobernante en Polonia ha solicitado asesoramiento de la Comisión de Venecia para reconstruir un Consejo Nacional de la Judicatura independiente, paso previo a sanear la TVP.
Recomendaciones de Liberties
- Blindar los reguladores: elección por mayoría cualificada, mandatos únicos y financiación plurianual.
- Despolitizar los medios públicos mediante consejos de administración representativos de la sociedad civil.
- Crear registros abiertos de beneficiarios finales y de contratos de publicidad estatal.
- Transponer sin dilación la Directiva anti-SLAPP y dotar a los jueces de formación específica.
- Impulsar la EMFA con normas nacionales que vayan más allá del mínimo común europeo.
- Garantizar el acceso a la información revisando las leyes de secretos y acortando plazos de respuesta.
Una batalla democrática
«Sin periodismo libre no hay democracia que valga», advierte Liberties en la conclusión del informe.
El retroceso no es inevitable, pero exige voluntad política y una ciudadanía consciente de que su derecho a saber es la primera línea de defensa de todas las demás libertades.
Europa, cuna histórica del pluralismo, no puede permitirse normalizar la censura indirecta ni la autocensura. La cuenta atrás ha comenzado y cada Estado miembro debe decidir de qué lado de la historia se coloca.
