Pese a la lucha de colectivos feministas y a los llamados y resoluciones de organizaciones de derechos humanos para que se despenalicen las muy severas leyes antiaborto, la mayor parte de América Central continúa criminalizando a las mujeres por la interrupción del embarazo, informa Edgardo Ayala (IPS) desde San Salvador.
Entre esos países centroamericanos, El Salvador mantiene su posición extrema, la de encarcelas por largas condenas y arruinar sus vidas.
Los casos más recientes son, en este país, los de Lesly Ramírez, una joven de veintiún años condenada el 29 de junio 2022 a cincuenta años de cárcel, tras ser acusada de homicidio agravado. Ello pese a que ella insistió en que sufrió una emergencia obstétrica que desembocó en un aborto espontáneo, sufrido en 2020.
Esa es la pena más severa impuesta hasta ahora a una mujer por ese tipo de casos.
Además, el 9 de mayo, fue condenada a treinta años «Esme», como se conoce a la joven que también experimentó una interrupción involuntaria de su gestación en 2019. Fue a buscar ayuda médica y ahí fue denunciada por el personal hospitalario.
«Yo desperté en la cama del hospital esposada, para mí fue bien duro, creo que fui la tercera persona que entraba a la cárcel por esa situación», contó a IPS la salvadoreña Zuleyma Beltrán[1], ahora de cuarenta años, en lo que retrata la pesadilla que soportan las mujeres salvadoreñas cuando buscan atención médica por una emergencia obstétrica.
Ella tenía diecisiete años cuando fue detenida y encarcelada, en agosto de 1999, y fue sentenciada en febrero de 2000 a veintisés años de cárcel, pero por su buen comportamiento salió libre el 10 de noviembre de 2010.
Beltrán contó que sufrió un aborto espontáneo y su hermano llamó al número de emergencia 911, pero en lugar de un equipo médico llegó la policía. Vivía entonces en la zona rural del departamento de Santa Ana, en el este del país.
América Central a contracorriente
Nicaragua, Honduras y El Salvador son de las pocas naciones en el mundo que mantienen una prohibición total a los abortos, independientemente de las causas, incluso en el caso de violaciones. En esa categoría se encuentra también República Dominicana, en el Caribe.
Guatemala también lo prohíbe, pero permite una excepción: cuando la vida de la mujer corre peligro si continua la gestación.
Sin embargo, es poco frecuente que la justicia en Guatemala avale casos de esas características.
«Lo que se sabe y ha sido comprobado con los datos es que son muy pocas las mujeres que logran hacer una interrupción del embarazo por el riesgo para la vida», señaló a IPS, desde Bogotá, Carmen Martínez, al frente del programa para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, una organización internacional de abogados y juristas que promueven esos derechos en el mudo.
Martínez dijo que el Estado guatemalteco no incluye a las sobrevivientes de violencia sexual en esa excepción, y «eso es condenar a cientos de mujeres y niñas a que lleven embarazos forzados y muchas veces maternidades forzadas», subrayó.
La experta dijo que América Central va a contracorriente de otras naciones de América Latina, que han dado pasos significativos hacia una mayor apertura en los derechos reproductivos de las mujeres.
Citó los casos de Colombia, Uruguay y Argentina, así como varios estados de México, que han despenalizado el aborto hasta determinado límite de semanas de gestación; Colombia, por ejemplo, hasta la semana veinticuatro, desde febrero de este año. Ellos se suman a Cuba, un país donde el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está garantizado hace décadas.
También hay un grupo de naciones que ha abierto parcialmente sus legislaciones, permitiendo excepciones a la prohibición del aborto, bajo algunos supuestos, como el riesgo de la salud de la embarazada, la malformación fetal o la violación, explicó Martínez.
«Y luego están otros países con contextos híperrestrictivos, como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, incluso pondría en esa lista a Guatemala», destacó Martínez.
El Salvador es el que más críticas ha recibido, local e internacionalmente, por la agresividad con que persigue a mujeres en esas circunstancias, desde que penalizó el aborto, en 1998. Más de sesenta mujeres que han ido a prisión por esas circunstancias han recuperado su libertad gracias al apoyo legal provisto por organizaciones como la salvadoreña Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
En esos países con leyes antiaborto draconianas, el personal de salud, temeroso de ser acusado de cómplice, y condenado a penas de cárcel por ello, ha sido por años el primer eslabón en la criminalización de las mujeres.
Sin embargo, en una sentencia histórica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó, en noviembre de 2021, que el personal de salud en América Latina y el Caribe debe de abstenerse de denunciar presuntos casos de aborto.
Las sentencias de este tribunal interamericano son inapelables, de obligado cumplimiento y actúan como antecedentes jurídicos para toda América Latina, pero su aplicación depende de cada Estado.
- Zuleyma Beltrán y Marlene Ponce sufrieron emergencias obstétricas y fueron acusadas por el sistema de justicia de El Salvador de practicarse un aborto, uno de los tres países centroamericanos con prohibición absoluta de ese derecho reproductivo. Ahora, ya en libertad, forman parte de la organización Mujeres Libres, que brinda atención sicosocial y apoyo a mujeres que han sido criminalizadas por esa causa. Foto: Edgardo Ayala / IPS
