Gobiernos de Europa están convirtiendo a las comunidades Lgbtiq en un arma para abrir ataques más amplios y profundos contra las libertades fundamentales, advierten activistas de derechos humanos, informa Ed Holt (IPS) desde Bratislava.
Al presentar los últimos días de febrero su último informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas Lgbtiq, la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales (ILGA) en Europa advirtió de que la legislación contra esos colectivos se está utilizando ahora para restringir también la libertad de expresión, la sociedad civil y las elecciones justas.
«Vemos una y otra vez que los gobiernos que introducen políticas anti Lgbti también toman medidas enérgicas contra la sociedad civil, la libertad de expresión y el estado de derecho. Por eso estas leyes no son solo una amenaza para las personas Lgbti, sino para la democracia en su conjunto», dijo a IPS la directora de defensa de ILGA Europa, Katrin Hugendubel.
Los grupos de defensa de los derechos de las personas Lgbtiq en muchos países de la región han informado de un aumento constante de los discursos de odio contra las personas esos colectivos por parte de los líderes políticos locales y, posteriormente, de más incidentes de ataques violentos contra miembros de la comunidad.
Esto ha venido aparejado a un creciente autoritarismo en Europa, sobre todo, pero no exclusivamente, en los países del antiguo bloque del Este, que hasta su extinción cobijaba la extinta Unión Soviética.
Los políticos han utilizado cada vez más abiertamente el discurso del odio para marginar y convertir en chivos expiatorios a las personas Lgbtiq.
La estela rusa
Mientras tanto, tras la introducción de la legislación anti Lgbti en Rusia en 2013, otros países han introducido leyes similares.
Estas a menudo implican restricciones a las representaciones positivas de las relaciones y la comunidad Lgbtiq, la difusión de información sobre cuestiones de sus comunidades y, en algunos casos, prohibiciones absolutas de cualquier muestra de apoyo a las personas Lgbtiq o lo que llaman su «ideología».
Se trata de legislaciones que a menudo fueron precedidas y seguidas por la introducción de leyes aparentemente no relacionadas, que reprimen a la sociedad civil y a otros grupos considerados potencialmente disidentes de los gobiernos en el poder.
Sin embargo, la ILGA y otros grupos de derechos afirman que esto no es una coincidencia y que la legislación anti Lgbtiq se utiliza ahora a menudo como campo de pruebas para las restricciones de otras libertades fundamentales.
Los mismos gobiernos que impulsan las leyes anti Lgbti también atacan a los académicos, reprimen a los periodistas, persiguen a los artistas y socavan las elecciones justas, dice ILGA.
Señala como ejemplo el caso de Rumanía, donde se ha creado un sentimiento anti Lgbtiq, que se aprovechó durante la campaña para las elecciones presidenciales para alimentar la retórica nacionalista, distraer la atención del retroceso democrático y conseguir apoyo para los candidatos de extrema derecha y prorrusos.
La legislación anti Lgbtiq de Hungría ha ido acompañada de medidas más amplias contra la libertad académica y el pluralismo de los medios de comunicación, mientras que en Eslovaquia se ha empleado la retórica anti Lgbtiq para atacar las libertades artísticas, y el ministro de Cultura ha destituido a los directores de las principales instituciones culturales por presunto activismo político.
Mientras tanto, en virtud de la nueva ley anti Lgbtiq de Georgia, se penalizan las reuniones públicas que promueven las relaciones entre personas del mismo sexo, lo que sienta las bases para reprimir las voces de la oposición.
En los países con una de las peores represiones de la comunidad Lgbtiq y con el gobierno más autocrático, el vínculo entre la estigmatización extrema de las personas de ese colectivo y la represión más amplia de la libertad es muy claro, dicen los activistas.
Durante muchos años, Bielorrusia ha figurado entre los peores países de la región en cuanto a derechos Lgbtiq en el mapa arcoíris de ILGA y en la última versión de su informe, ocupa el puesto 44 de 48.
«Ser abiertamente Lgbti en Bielorrusia es extremadamente peligroso. Las personas que son abiertamente Lgbti corren el riesgo de perder su trabajo, sufrir acoso policial y ataques físicos. Las muestras públicas de afecto, el activismo, las publicaciones en redes sociales o incluso las suscripciones a estas redes sociales pueden dar lugar a detenciones o cargos legales», dijo Ruslana Panukhnyk, oficial superior de programas de ILGA Europa.
En diálogo con IPS, añadió que «la mayoría de las personas Lgbti en Bielorrusia ocultan su identidad o abandonan el país si pueden. Ser abiertamente Lgbti es posible, pero conlleva graves riesgos, y quienes permanecen visibles a menudo se enfrentan al acoso, la violencia o el exilio».
En Georgia, otro ejemplo de como se vincula uno y otra lucha antiderechos, el año pasado se introdujeron tanto una legislación anti Lgbtiq como otra ley de «agentes extranjeros».
Otro país donde la comunidad Lgbti ha sido cada vez más vilipendiada en los últimos años es Eslovaquia.
En el período previo a las elecciones de 2023, los políticos de derecha y populistas, incluidos los miembros del partido Smer, que finalmente ganó las elecciones y pasó a liderar el actual gobierno de coalición, utilizaron repetidamente una retórica anti Lgbti en su campaña.
Desde entonces, los partidos de la coalición gobernante han propuesto una legislación específica contra el colectivo Lgbtiq, que incluiría medidas para excluir los temas de esa diversidad en la educación sexual. En paralelo, también han intentado introducir una «ley de agentes extranjeros».
En su informe, ILGA afirma que estas leyes intentan socavar la legitimidad de los grupos de la sociedad civil, restringir la financiación y reprimir el activismo de derechos humanos, erosionando en última instancia los derechos fundamentales.
Robert Furiel, director del grupo eslovaco de derechos Lgbti Saplinq, analizó para IPS que los ataques del gobierno contra las personas Lgbtiq eran diferentes ahora que en el pasado.
«La legislación anterior contra las personas Lgbti+ era más aislada, dirigida específicamente a las personas queer sin atacar a un espectro más amplio de organizaciones de la sociedad civil», dijo.
Sin embargo, los ataques bajo el cuarto gobierno dl líder del partido Smer y actual primer ministro, Robert Fico, se están llevando a cabo más en paralelo.
«Si bien las organizaciones Lgbti+ han sido atacadas, otras organizaciones de la sociedad civil, generalmente de derechos humanos o de vigilancia anticorrupción, también han sido atacadas», dijo.
Ni la legislación anti Lgbti propuesta ni la «ley de agentes extranjeros» se aprobaron como ley en Eslovaquia.
Pero la retórica contra las personas de esos colectivos y la sociedad civil por parte de muchos políticos del gobierno se acentúan, al igual que las propuestas legislativas restrictivas.
Eso incluye los polémicos llamamientos de políticos oficialistas para cambiar la Constitución para reconocer explícitamente solo dos sexos: masculino y femenino.
Mientras tanto, ILGA ha llamado la atención sobre las nefastas consecuencias de los ataques a las personas Lgbtiq.
Entre ellos se inclyen los delitos de odio están en niveles récord, alimentados por la normalización del discurso de odio por parte de líderes políticos y religiosos, y las barreras a la atención sanitaria para las personas trans.
Son ataques que han surgido en todo el continente en medio del «alarmismo», incluso en los estados de Europa occidental considerados tradicionalmente progresistas.
La ILGA destaca que recientemente se han producido algunas victorias legales importantes en la defensa de los derechos de las personas Lgbtiq, pero sigue sin hacerse lo suficiente para garantizar que los gobiernos, especialmente los de la Unión Europea, cumplan con las obligaciones sobre esos derechos.
«Las sentencias judiciales en toda Europa demuestran que existen leyes que protegen los derechos Lgbti y que pueden aplicarse. Sin embargo, las victorias legales no siempre se traducen en igualdad vivida, y muchas personas siguen sufriendo discriminación y violencia», dijo Hugendubel.
Agregó que «algunos gobiernos desafían abiertamente estas sentencias o no las aplican. Es importante que las comunidades y los aliados sigan presionando para que se refuercen las protecciones y la aplicación».
Para la directiva de ILGA, «la normalización de la retórica anti Lgbti no es solo una amenaza para una comunidad, sino que ahora se ha demostrado que es un ataque directo a los principios democráticos que sustentan nuestras sociedades».
