A Fernando le despidieron el lunes siguiente a comenzar el confinamiento. Está tramitando el paro, pero en este periodo no es fácil, los trámites burocráticos se eternizan.

Su mujer dio a luz a su segunda hija en esos días. Tienen que pagar un alquiler. Con su sueldo para alimentar a una familia compuesta por una pareja y un hijo, ahora dos, no habían podido hacerse con ningún ahorro.

Hasta que le llegue el paro, un mes, quien sabe si dos, no disponen de ningún ingreso, y están pidiendo comida porque empiezan a pasar hambre.

Rosana trabajaba cuidando a un anciano, sin contrato, claro, estas cosas se cobran en negro. Tiene una hija de siete años y está sola. Su pareja la maltrataba y percibía una ayuda como víctima de violencia de género.

De repente todo se vino abajo. El anciano al que cuidaba falleció víctima de la epidemia de COVID-19 y Rosana lo sufrió como una pérdida porque se había encariñado con él. Pero ademas perdió un ingreso vital para ella.

Al mismo tiempo se acabó su ayuda como maltratada y Rosana no puede pedir paro. Le queda la opción de la Renta Mínima de Inserción, pero no ha podido pedirla hasta que ha finalizado la ayuda que cobraba como víctima de violencia de género.

Tardará alrededor de dos meses, con suerte, y Rosana no tiene ingresos desde hace quince días. Su nevera y su bolsillo están ya vacíos, está pidiendo comida para ella y para su hija porque están empezando a pasar hambre.

Leonor (nombre supuesto) llegó a España desde un país Latinoamericano y solicitó estatuto de refugiada política. Mientras no tenga esos papeles no puede solicitar ningún tipo de ayuda económica.

Leonor no tiene domicilio, vive en una casa donde le dejan dormir en una silla porque no cabe más gente, y le han dicho que se tiene que marchar.

Leonor no sabe cómo va a sobrevivir durante el tiempo que pase hasta que le den unos papeles que tardarán mucho más ahora, por el colapso de la administración tras la avalancha de peticiones de ayudas por el coronavirus.

Ha llamado donde ha podido pidiendo comida, pero tanto Cruz Roja como Cáritas y los Servicios Sociales de Leganés están desbordados. Un ejemplo de esto último ha sido el conocido comedor social de Paquita, cuyos voluntarios se han visto ferozmente atacados por el virus y también han tenido que cerrar.

Juana tiene un hijo de pocos años, está separada y trabajaba de limpiadora en un establecimiento de hostelería sin contrato y con un sueldo mínimo que le daba lo justo para llegar a fin de mes después de pagar los cuatrocientos euros que le cobran por una habitación con derecho a cocina para ella y su chaval.

Cuando cerraron los bares y restaurantes por el coronavirus, Juana se quedó sin nada. Quiere tramitar su derecho a recibir la Renta Mínima de Inserción, pero las oficinas están cerradas.

Hablando por teléfono con Asuntos Sociales le han indicado los documentos que tiene que reunir, pero Juana no sabe cómo hacerlo, no tiene ordenador ni internet para solicitar la documentación que le exigen, ni puede imprimir los documentos. Después tendría que esperar el tiempo que tarden en concederle la ayuda.

El dueño de la habitación ya le ha dicho que si no paga se tiene que ir a final de mes. Ha llamado pidiendo ayuda a todos los teléfonos que han caído en sus manos. Está empezando a pasar hambre y puede quedarse en la calle.

El Proyecto del Menor de Leganés ha recibido en estos días cientos de llamadas de gente como Francisco, Rosana, Leonor y Juana. Todas para pedir comida, y ayuda ante el laberinto burocrático que supone pedir las ayudas a las que teóricamente tienen derecho.

También hay llamadas de casos mucho más simples, de trabajadores con sueldos muy bajos que no han podido acumular ahorros y que se han visto incluidos en expedientes de regulación temporal de empleo, o simplemente despedidos, y que no van a ver ni un euro hasta que consigan tramitar las ayudas.

Las cosas de palacio van despacio, las de la burocracia más. El estomago, en cambio, tiene mucha más prisa.

Si estos ciudadanos terminan llamando al teléfono que el Proyecto del Menor ha habilitado para esta situación, es porque las vías habituales para conseguir alimentos han colapsado en Leganés.

Algunos se enteran de la existencia de este teléfono por el boca a boca, otros llegan rebotados tras una larga peripecia por Cáritas, Cruz roja o los Servicios Sociales. Para casi todos es casi la última posibilidad. Se atiende fundamentalmente a los que tienen hijos pequeños.

El presupuesto de festejos para Cáritas

En medio de esta situación, este viernes se ha celebrado un pleno en el que el equipo de Gobierno se había comprometido a traspasar fondos del presupuesto habilitado para las próximas fiestas de Butarque, previstas para el mes de agosto, para añadirlas a la subvención que se destina a Cáritas.

De 125 000 euros se pasaría a 250 000, el doble. La medida había causado polémica, porque si bien todo el mundo apoya el incremento de la subvención a Cáritas, algunos han criticado que el traspaso de fondos de festejos a esta subvención supone el cerrojazo definitivo a las fiestas de Butarque. Para otros, la inclusión de esta subvención camuflaba otras subvenciones bastante más discutidas y discutibles, como la destinada al Club Deportivo Leganés.

Finalmente, la aportación a Cáritas sí se ha aprobado en el pleno, y Cáritas recibirá un total de 250 000 euros como subvención procedente del ayuntamiento. Otra cosa es cuándo los reciba, porque quienes conocen la burocracia municipal indican un mínimo de mes y medio aproximadamente para que ese dinero esté en manos de la organización.

Sin embargo, Aurelio Carrasquilla, vicario de la organización de asistencia de la Iglesia en la Diócesis de Getafe, a la que pertenece Leganés, ha confirmado a Aqui Madrid que les han asegurado que el plazo para disponer de eso fondos será solo de unos días y que, en cualquier caso, disponen de unos fondos estructurales que les van a permitir continuar la asistencia a los necesitados en las mismas condiciones que ahora, y que esos fondos serán repuestos cuando llegue el dinero que el ayuntamiento les acaba de destinar.

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