La aprobación -el 19 de noviembre- de las recomendaciones del Pacto de Toledo por el Congreso de los Diputados -una aprobación alcanzada con una muy amplia mayoría- es un hecho muy revelador porque ha confirmado dos verdades contradictorias. Una, la movilización popular en defensa de las pensiones públicas -y su organización, con la más amplia unidad- es una fuerza capaz de una victoria. Y dos, la minoría financiera persiste en su objetivo de privatizar las pensiones públicas para apoderarse de su inmenso caudal.
Lo acontecido en el Congreso -la unidad alcanzada- es importante, lo es siempre y lo es más ahora. Alcanzar la unidad más amplia en la lucha por la defensa de los intereses de la mayoría social española es siempre necesario, y es un éxito cuando se consigue. Alcanzar tal unidad en tiempos de máximos choques políticos en el Congreso -que han ido desde la respuesta a la pandemia hasta la aprobación de los imprescindibles presupuestos para enfrentar sus graves consecuencias económicas y sociales- es todo un triunfo. Recordemos que solo se han abstenido ERC, EH Bildu, BNG, Foro Asturias y Vox, y ha votado en contra la CUP.
El PP -que ahora ha votado a favor- hace siete años aprobaba una reforma de las pensiones que eliminaba la revalorización según el IPC y la aplicación del llamado «índice de sostenibilidad» para rebajar las pensiones. Ahora el PP ha votado a favor la recuperación del IPC para revalorizar las pensiones. Además, el informe del Pacto de Toledo incluye una introducción en la que rechaza cualquier transformación radical que elimine el carácter público de las pensiones y su gestión, o los principios de solidaridad y equidad.
Conseguir este nivel de amplitud y de unidad era impensable hace tres años. En realidad, se basa en un hecho decisivo, la amplitud y la unidad del movimiento en defensa de las pensiones públicas y de sus prolongadas movilizaciones. Por ello, la organización y la movilización popular han dado su resultado y han obligado a la minoría financiera a retroceder. Es decir, debemos estar contentos y debemos difundirlo al máximo, porque sí se puede ganar la batalla de las pensiones.
La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) lleva desde el año 2013 aportando su pequeño grano de arena, en la lucha en defensa de las pensiones públicas, con su objetivo de blindar las pensiones en la Constitución. La MERP tiene como único objetivo el blindaje constitucional de las pensiones, a través de una reforma que incluya la prohibición expresa de la privatización de las pensiones y convierta la revalorización en una obligación constitucional.
Las pensiones públicas deben dotarse de un candado constitucional que las proteja como un derecho fundamental. Y las 350 organizaciones, de toda índole y orientación, de la MERP llaman a desarrollar la línea unitaria -y el espíritu que recoge el prólogo del informe del Pacto de Toledo- para blindar las pensiones en la Constitución.
De hecho, la MERP también ha aportado su esfuerzo en desarrollar una línea lo más amplia y unitaria posible en su larga lucha por el blindaje de las pensiones en la Constitución, por ejemplo, consiguiendo, los pasados años, que más de sesenta ayuntamientos de toda España hayan aprobado mociones mayoritarias apoyando la exigencia de la MERP.
Y en algunas ciudades los ayuntamientos han aprobado declaraciones institucionales -lo que implica la unanimidad de los grupos municipales- como en los casos de Oviedo y Gijón, en Asturias. En marzo de 2017, en Oviedo entre los cinco grupos estaba el PP con su firma y su apoyo, en junio del mismo año, en Gijón firmaron cinco de los seis grupos existentes, y el PP para no impedir que se aprobara como declaración institucional, expresó -públicamente durante el pleno- que ni votaba en contra ni se abstenía, «como si no estuvieran». La expresión generalizada del apoyo de ambos ayuntamientos se ha plasmado en la reciente celebración del candado de las pensiones -en las plazas de los ayuntamientos- cuya pancarta ha sido exhibida en los balcones de los dos consistorios -el de Oviedo con alcalde del PP y el de Gijón con alcaldesa del PSOE.
Sin embargo, existe la otra verdad contradictoria. Porque el Informe del Pacto de Toledo también introduce los Planes de Empresa para reformar el Sistema Público de Pensiones de acuerdo a un modelo mixto, con una parte privatizada. Así, en su recomendación dieciséis, el Informe fomenta el desarrollo de los sistemas privados que deteriorarán irremediablemente el sistema público de pensiones. Es decir, el peligro de privatización de las pensiones no solo existe, sino que sus promotores siguen dando continuos pasos para conseguir su objetivo. Porque la minoría financiera persiste en apoderarse del inmenso caudal de las pensiones públicas.
Por eso, es crucial que redoblemos nuestros esfuerzos para que la campaña de «El Candado de las Pensiones», para blindar las pensiones en la Constitución, sea un éxito lo más amplio y unitario posible. Porque a los ladrones solo se les detiene con el candado.
