Maribel A. Pizá[1]
Como abogada de inmigración en el sur de Florida con más de dieciocho años de experiencia ayudando a inmigrantes a obtener estatus legal, he dedicado mi carrera a defender los derechos de quienes buscan un futuro mejor en los Estados Unidos.
El último intento de la administración Trump de expandir el uso de las deportaciones aceleradas no solo es un ataque directo a las comunidades inmigrantes, sino también una erosión peligrosa de nuestros derechos constitucionales.
La política en cuestión permitiría a las autoridades de inmigración eludir el sistema legal y deportar a personas que han estado en el país por menos de dos años, sin otorgarles el derecho a una audiencia justa.
Esto es particularmente alarmante para los migrantes con Estatus de Protección Temporal (TPS) y aquellos admitidos bajo libertad condicional humanitaria, personas que están legalmente presentes en los Estados Unidos pero ahora enfrentan una deportación injusta sin el debido proceso.
El programa TPS, que ha proporcionado un refugio seguro para cientos de miles de migrantes, ya está bajo amenaza. Las extensiones para los titulares de TPS haitianos y venezolanos han sido revocadas, dejando a innumerables personas vulnerables a la deportación.
Al mismo tiempo, el Departamento de Seguridad Nacional ha facultado a las autoridades de inmigración para detener y deportar a los migrantes que fueron admitidos bajo libertad condicional humanitaria. Muchos de estos individuos han estado en el país por menos de dos años, lo que los convierte en objetivos principales para la deportación acelerada.
Esta política crea una realidad cruel: las personas que buscaron refugio legal en los EE.UU bajo las protecciones humanitarias establecidas ahora pueden ser deportadas rápidamente sin posibilidad de presentar su caso.
Más allá de las consecuencias inmediatas para los titulares de TPS y los receptores de libertad condicional humanitaria, las deportaciones aceleradas de Trump también violan la Cláusula de Igual Protección de la Constitución.
Al priorizar la deportación de personas en función de su estatus migratorio y la duración de la estadía, el ICE inevitablemente recurrirá a la discriminación racial.
Los migrantes, e incluso los ciudadanos estadounidenses, correrán un mayor riesgo de ser detenidos e interrogados para obtener una prueba de estatus simplemente porque parecen haber nacido en el extranjero. Esto no es solo un ataque a los inmigrantes; es un ataque a los derechos civiles y a los valores fundamentales de justicia e igualdad ante la ley.
La estrategia de Trump para aplicar las leyes de inmigración utiliza las deportaciones aceleradas como una herramienta para eludir el debido proceso y atacar desproporcionadamente a las comunidades vulnerables.
Esta es una política imprudente e inconstitucional que debe detenerse antes de que inflija un daño irreparable a innumerables familias e individuos.
Debemos mantenernos firmes en nuestro compromiso con la justicia y oponernos a cualquier medida que busque desmantelar las protecciones legales garantizadas por nuestra Constitución.
El momento de actuar es ahora. Debemos oponernos a estas deportaciones ilegales y asegurarnos de que cada individuo, independientemente de su estatus migratorio, tenga su derecho fundamental al debido proceso. La integridad de nuestro sistema legal, y los principios mismos de la justicia, dependen de ello.
- Maribel A. Pizá es una abogada de inmigración dedicada a defender políticas que defiendan la justicia y la equidad.
- Artículo difundido por Newswire
