Sindicatos, profesionales y asociaciones vecinales alertan del colapso estructural del sistema
La sanidad pública en la Comunidad de Madrid arranca 2026 en una situación crítica, marcada por listas de espera persistentes, falta de profesionales, centros de salud saturados y una creciente derivación hacia la gestión privada, que consolida el análisis publicado en 2025 sobre La sanidad como la principal preocupación social en 2025.
Este deterioro ha provocado una nueva movilización ciudadana convocada para el próximo 8 de febrero, impulsada por organizaciones sindicales y sociales, que exigen un cambio de rumbo en las políticas sanitarias del Gobierno regional y la defensa efectiva del derecho a la salud.
Radiografía de la sanidad pública madrileña en 2026
La situación de la sanidad pública madrileña no responde a un episodio puntual, sino a una tendencia sostenida que diferentes organizaciones profesionales, vecinales y sindicales vienen denunciando desde hace años. Según los análisis publicados en Aquí Madrid en su sección de Salud, la Comunidad de Madrid mantiene indicadores preocupantes en atención primaria, salud mental, urgencias hospitalarias y listas de espera quirúrgicas y diagnósticas.
La atención primaria, pilar básico del sistema sanitario, continúa siendo uno de los ámbitos más castigados. Centros de salud con plantillas incompletas, agendas desbordadas y dificultades para acceder a una cita médica en plazos razonables forman parte del día a día de miles de usuarios. Esta realidad se traduce en una pérdida de capacidad resolutiva y en una sobrecarga del resto del sistema.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM) se insiste en que «la infrafinanciación crónica y la privatización progresiva han debilitado la red pública y aumentado las desigualdades territoriales y sociales».
La manifestación del 8 de febrero: un clamor social por la sanidad pública
Ante este escenario, UGT Madrid, CCOO de Madrid, la FRAVM y la ADSPM han convocado una manifestación el domingo 8 de febrero de 2026, a las 12:00 horas, bajo el lema «Salvar la sanidad pública madrileña. Por la salud de todas y todos».
La marcha partirá del Paseo del Prado, a la altura del Ministerio de Sanidad, y finalizará en la Puerta del Sol, con el objetivo de visibilizar el malestar ciudadano y reclamar medidas estructurales que garanticen una sanidad pública universal y de calidad.
Según el manifiesto difundido por UGT Madrid, la movilización responde al «deterioro intencionado de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid», caracterizado por recortes, privatizaciones, hospitales infrautilizados y profesionales exhaustos, una situación que «incrementa la desigualdad y empuja a la población hacia los seguros privados».
Privatización y modelo sanitario: el debate de fondo
Uno de los ejes centrales de la protesta es el modelo de gestión sanitaria impulsado por los sucesivos gobiernos regionales. Diversas investigaciones periodísticas y análisis sindicales han puesto el foco en la externalización de servicios y en la entrada de empresas privadas en áreas clave del sistema.
Desde CCOO Sanidad Madrid advierten de que «la lógica del beneficio económico no puede situarse por encima del interés general ni del derecho a la salud». En la misma línea, la FRAVM subraya que los barrios con menor renta sufren con mayor intensidad las consecuencias del debilitamiento del sistema público.
En este debate resulta especialmente significativa la experiencia del Hospital Universitario de Torrejón, gestionado por Ribera Salud, un caso que Aquí Madrid ha abordado en distintas informaciones sobre el impacto de la gestión privada en hospitales públicos de la región.
Tal como se ha publicado en artículos sobre Ribera Salud y la sanidad madrileña, organizaciones profesionales y vecinales han denunciado dificultades de acceso para la población adscrita, derivaciones a otros centros del sistema público y una falta de transparencia en los resultados asistenciales. Estas críticas han reavivado el debate sobre la concesión administrativa como fórmula de gestión, al considerar que introduce criterios económicos que no siempre se alinean con una planificación sanitaria basada en las necesidades reales de la ciudadanía.
A este modelo se añaden los sobrecostes asociados a hospitales públicos gestionados por el Grupo Quirón, una cuestión ampliamente documentada por Aquí Madrid en informaciones sobre la externalización sanitaria y el gasto público en Madrid.
Datos procedentes de contratos y auditorías públicas han puesto de relieve que la derivación de servicios clínicos y no clínicos a grandes grupos privados ha supuesto un mayor desembolso para las arcas públicas, sin que exista una correlación clara con una mejora proporcional de la calidad asistencial.
Desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid advierten de que «estos sobrecostes comprometen la sostenibilidad del sistema y restan recursos a la atención primaria, a la contratación de profesionales y a la reducción de las listas de espera», situando la privatización como uno de los factores estructurales del deterioro actual.
Profesionales agotados y pacientes desprotegidos
El desgaste de los profesionales sanitarios constituye otro de los elementos clave del conflicto. Jornadas interminables, falta de sustituciones, contratos precarios y presión asistencial afectan tanto a la calidad del servicio como a la salud laboral del personal.
Desde UGT Sanidad señalan que «no se puede sostener un sistema sanitario de calidad con plantillas insuficientes y condiciones laborales que expulsan a los profesionales». Esta situación repercute directamente en los pacientes, que ven limitado su derecho a una atención digna, segura y en tiempos adecuados.
Actualidad: la sanidad pública, hoy en el centro del debate político y social
En las últimas semanas, la sanidad pública madrileña ha vuelto a ocupar un lugar central en la agenda informativa y política. Las organizaciones convocantes de la manifestación han intensificado sus llamamientos a la participación y han solicitado reuniones con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid para trasladar sus reivindicaciones.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad recuerda en su web oficial que la sanidad pública constituye «un pilar fundamental del Estado del bienestar» y que las comunidades autónomas deben garantizar su financiación y accesibilidad en condiciones de equidad.
Desde la Consejería de Sanidad, el Ejecutivo regional defiende su gestión y apela a inversiones en infraestructuras y tecnología, aunque las organizaciones sociales cuestionan que estas inversiones se traduzcan en una mejora real de la atención cotidiana.
Un llamamiento abierto a la sociedad civil
La convocatoria del 8 de febrero permanece abierta a asociaciones, sindicatos, partidos políticos, colegios profesionales, sociedades científicas y plataformas ciudadanas que deseen sumarse a la defensa de la sanidad pública madrileña .
«La sanidad pública es un bien común que protege a toda la ciudadanía y garantiza la cohesión social», subraya el manifiesto, que reclama reforzar la financiación, frenar la privatización y asegurar una atención primaria robusta y accesible.
