Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid confirman que la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) mediante deducciones fiscales anunciada por PP y Ciudadanos no se ajusta a derecho y, por tanto, no se podrá llevar a cabo, informa Podemos Madrid.
Esta promesa de los Presupuestos municipales para 2022 del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, pactada con el Grupo Mixto, supondría una cuantía económica que vendría a ser la diferencia entre la cuota del IBI de 2022 y la que correspondería con un tipo de gravamen al 0,400 por ciento. Una rebaja que se iba a poner en marcha mediante una ayuda económica para aquellos inmuebles cuyo valor catastral fuera igual o inferior a 300.000 euros.
El informe jurídico recuerda al equipo de gobierno de Almeida que las subvenciones no pueden conllevar beneficios fiscales, y por ello esta reforma del IBI no es conforme a derecho.
Los asesores de Hacienda del Ayuntamiento señalan que «ni siquiera la Administración puede disponer, condonar o establecer exenciones del crédito tributario», tal y como establece el artículo 2 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones (LGS), que subraya que «no tienen carácter de subvención los beneficios fiscales».
Roberto Sotomayor, candidato a las primarias de Podemos Madrid a la alcaldía, ha señalado que «el informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento pone de manifiesto la incapacidad de la actual corporación municipal para gobernar la capital de España. Almeida vuelve a demostrar que no sabe gestionar. La falta de rigor y de interés en la gestión de los asuntos que preocupan a los madrileños: la limpieza, la seguridad o, como en este caso, la fiscalidad, pone en evidencia a Madrid frente a otras capitales europeas».
Ante esta fallida reforma del IBI, que desde Podemos Madrid califican de «chapuza», desde el partido proponen la revisión de los denominados inmuebles de especiales características, con el fin de reducir su cifra total, para que los intereses privados que poseen los diversos palacios y propiedades históricas que se incluyen en esa categoría empiecen a pagar el IBI que les corresponde.
Además, la formación cree necesario un recargo del IBI a las más de 80.000 viviendas vacías que hay en la ciudad de Madrid, con el fin de sumarlas al mercado inmobiliario, medida que se incluye en la Ley de Vivienda propuesta por Unidas Podemos.
