La Real Sociedad Canina de España (RSCE) ha pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que declare a los perros pastores, especialmente los mastines, Patrimonio Cultural e Histórico autonómico, de forma que queden protegidos jurídica y físicamente, especialmente en el caso de los mastines, que son fundamentales en la actividad agropecuaria de la región.
La RSCE se une así a los agricultores, ganaderos y silvicultores madrileños, quienes a través de la Unión de Agricultores, Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid (UGAMA) han pedido al Ejecutivo regional protección especial para estas razas que trabajan en el campo, de forma que sean excluidas de la Ley de Protección de Animales de Compañía que prepara el gobierno autonómico, sobre todo de especificaciones como «llevar bozal» e «ir atados».
Para los ganaderos y agricultores, y también para la RSCE, esta norma es incompatible con el trabajo de estas razas, que necesitan verse libres de correas y bozales para poder proteger al ganado de depredadores, como los lobos. Algo que tiene que ver con la falta de diferenciación que se marca en la normativa entre unas razas y otras, ya que no es lo mismo una mascota que un animal de trabajo en el campo.
La canina defiende que ahí reside la riqueza de las razas caninas y de sus diversas funcionalidades, las cuales permiten que haya perros de compañía y otros que ejercen labores de pastoreo o guardia y custodia en granjas y fincas. Unas cualidades que obligan a legislar de forma diferente en cada caso.
Por ello, pide al Gobierno regional madrileño que, al igual que ha hecho el Canario con sus razas autóctonas, declare las razas tradicionalmente utilizadas por pastores y ganaderos de Madrid como Patrimonio Cultural e Histórico madrileño, de forma que gocen de un estatus jurídico que les permita cumplir una labor fundamental en un sector, el agrícola, ganadero y silvícola, que fue el único capaz de aumentar su PIB en 2020, con un repunte del 4,7 por ciento, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
De hecho, la Canina considera que esta declaración debe hacerse a escala nacional con las 33 razas autóctonas que están reconocidas, ya que, como señala su presidente, Julián Hernández, «es imposible entender la historia, nuestra idiosincrasia y nuestra evolución como nación sin hacer referencia a los perros que nos han acompañado a lo largo de todos estos siglos y años, los cuales deben gozar de un estatus jurídico que les proteja y fomente su continuidad y su legado para que sigan desarrollando su importante labor social y económica».
