La colaboración público-privada en sanidad, impulsada durante décadas por el Partido Popular en varias comunidades autónomas, atraviesa una crisis estructural. Informes sindicales, análisis institucionales y denuncias de organizaciones sociales coinciden en señalar sobrecostes, pérdida de control público y un deterioro progresivo de la atención.
El debate ha regresado al centro de la agenda política y social ante el impacto directo sobre pacientes y profesionales.
La sanidad pública constituye uno de los pilares del Estado social recogido en la Constitución. Sin embargo, el modelo de externalización de servicios sanitarios, promovido de forma sistemática por el PP allí donde gobierna, muestra síntomas evidentes de agotamiento. Hospitales gestionados por grandes grupos privados, conciertos opacos y derivaciones masivas desde la red pública han configurado un sistema híbrido que, lejos de mejorar la eficiencia, ha multiplicado los problemas.
En comunidades como Madrid, Valencia o Andalucía, la apuesta por concesiones administrativas y conciertos sanitarios ha generado un intenso debate social. En Aquí Madrid se ha informado en numerosas ocasiones sobre la situación crítica de la sanidad madrileña, el impacto de la privatización en la Atención Primaria y las protestas de profesionales y pacientes, como puede leerse en informaciones previas sobre la externalización de servicios sanitarios en la Comunidad de Madrid o el deterioro de la sanidad pública madrileña publicadas en este medio.
Un modelo basado en conciertos y concesiones
El modelo público-privado defendido por el PP se articula a través de conciertos sanitarios y concesiones de hospitales completos a empresas privadas. Grupos como Quirónsalud o Ribera Salud han gestionado durante años centros financiados con fondos públicos, con contratos de larga duración y cláusulas poco transparentes.
Desde Comisiones Obreras, el diagnóstico resulta contundente. El sindicato ha advertido de que este sistema «no ahorra recursos y sí debilita la capacidad del sistema público para planificar y garantizar una atención equitativa». CCOO Sanidad Madrid ha subrayado en varios informes que los hospitales privatizados presentan peores ratios de personal y mayores dificultades para cubrir especialidades clave, como ya recogió Aquí Madrid en sus análisis sobre la falta de profesionales sanitarios.
La experiencia valenciana ofrece un precedente relevante. Tras años de gestión privada del hospital de Alzira, el propio Gobierno autonómico, entonces presidido por el PSOE y Compromís, decidió revertir la concesión al sistema público. El Ministerio de Sanidad ha señalado en distintas comparecencias que aquella reversión evidenció «un mayor control del gasto y una mejora en las condiciones laborales» desde la gestión pública.
Sobrecostes y pérdida de control público
Uno de los principales argumentos utilizados por el PP para justificar la colaboración público-privada reside en la supuesta eficiencia económica. Sin embargo, los datos disponibles cuestionan esa premisa. Informes del Tribunal de Cuentas y análisis recogidos por medios como El País o infoLibre han puesto de relieve sobrecostes millonarios en contratos sanitarios externalizados.
En Madrid, el Observatorio Madrileño de Salud ofrece indicadores que muestran listas de espera crecientes y derivaciones constantes a centros privados, financiadas con dinero público. Estas derivaciones, lejos de aliviar la presión asistencial, consolidan un circuito paralelo que beneficia a las empresas concesionarias y debilita la red pública.
UGT Madrid ha alertado de que «la sanidad concertada absorbe recursos sin rendir cuentas con la misma exigencia que los centros públicos». En palabras de un portavoz sindical, «se socializan los riesgos y se privatizan los beneficios», una idea recurrente en las movilizaciones sanitarias que han recorrido barrios y municipios durante los últimos años.
Impacto sobre profesionales y pacientes
El deterioro del modelo tiene consecuencias directas sobre quienes sostienen el sistema. Plantillas insuficientes, precariedad laboral y sobrecarga asistencial afectan tanto a hospitales públicos como a centros privatizados. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (CODEM) ha advertido de la fuga de profesionales hacia otras comunidades o países ante la falta de estabilidad y reconocimiento.
La Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos (AMECE) ha vinculado la externalización de servicios con la ausencia de personal sanitario en ámbitos esenciales, como los centros escolares. «La lógica del beneficio resulta incompatible con la prevención y la atención comunitaria», han señalado en comunicados públicos.
Desde la perspectiva de los pacientes, Amnistía Internacional España ha recordado que el derecho a la salud exige accesibilidad, calidad y no discriminación. En informes recientes, la organización ha subrayado que los sistemas excesivamente privatizados tienden a generar desigualdades territoriales y socioeconómicas, una advertencia que conecta con la realidad observada en comunidades gobernadas por el PP.
El debate político y social
El cuestionamiento del modelo público-privado ha llegado con fuerza al debate parlamentario. PSOE y SUMAR defienden reforzar la gestión directa y limitar los conciertos a situaciones excepcionales. Desde Más Madrid se insiste en que «cada euro destinado a la privatización resta capacidad a la sanidad pública para responder a las necesidades reales de la población».
En el Congreso, el Ministerio de Sanidad ha reiterado que la estrategia del Gobierno pasa por fortalecer la Atención Primaria y mejorar la financiación del sistema público. En la web de La Moncloa se recogen declaraciones institucionales que apuntan a una mayor coordinación y transparencia como ejes fundamentales.
En el ámbito autonómico, formaciones como ERC, Junts o el PNV han mostrado posiciones diversas, aunque coinciden en reclamar mayor control público y evaluación rigurosa de los conciertos sanitarios. El debate trasciende siglas y conecta con una preocupación social creciente, reflejada en las multitudinarias movilizaciones en defensa de la sanidad pública.
La experiencia de las residencias como advertencia
La tragedia vivida en las residencias de mayores durante la pandemia funciona como un espejo incómodo. Plataformas como Verdad y justicia para las víctimas de residencias han denunciado durante años los efectos de la privatización y la falta de supervisión pública. «Lo ocurrido demuestra las consecuencias de anteponer criterios mercantiles a la atención de las personas», señalan desde la asociación.
Aunque el ámbito residencial y el sanitario no resultan idénticos, comparten una lógica de externalización que, según expertos y organizaciones sociales, reduce la capacidad de respuesta ante situaciones críticas.
Un modelo en cuestión
La acumulación de evidencias apunta a la quiebra del modelo público-privado tal y como lo ha impulsado el PP. Sobrecostes, opacidad contractual, precariedad laboral y deterioro asistencial configuran un escenario que exige una revisión profunda. Los sindicatos reclaman auditorías independientes y la recuperación de la gestión directa como vía para garantizar el derecho a la salud.
En Aquí Madrid se ha subrayado en diversas informaciones que la defensa de la sanidad pública no constituye un debate ideológico abstracto, sino una cuestión de derechos fundamentales y cohesión social. El futuro del sistema sanitario se dirime en decisiones políticas concretas que afectan a millones de personas.
La discusión continúa abierta, pero el consenso entre profesionales, organizaciones sociales y una parte creciente de la ciudadanía resulta claro: sin un sistema público fuerte, transparente y bien financiado, la colaboración público-privada deja de ser una herramienta y se convierte en un problema estructural.
