El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha nombrado, el 7 de octubre de 2021, un Relator especial encargado de seguir la situación de los derechos humanos en Afganistán. La resolución del nombramiento se aprobó por una amplia mayoría de miembros del Consejo.
En septiembre pasado, Amnistía Internacional (AI) y medio centenar más de organizaciones internacionales y regionales, entre las que se encuentran la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), pidieron a los estados miembros de la ONU la creación de un mecanismo de investigación independiente que pueda averiguar la «letanía de abusos» cometidos por los talibanes en los dos meses transcurridos desde que ocuparon el poder en Kabul, y establezca el método para luchar contra la impunidad del régimen.
Según estas organizaciones, los talibanes en el poder en Afganistán «están desmantelando sistemáticamente los avances en términos de derechos humanos conseguidos en los últimos veinte años (…) Los talibanes han intentado persuadir al mundo de que iban a respetar los derechos humanos, pero las informaciones sobre el terreno describen una realidad muy distinta».
La «letanía» de violaciones mencionada en el informe incluye intimidación y represión de las mujeres y de los defensores de los derechos humanos, represalias contra los funcionarios del anterior gobierno y atentados a la libertad de expresión, cometidos entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre.
Además, cita el testimonio de un defensor de los derechos humanos que ha conseguido huir del país, que habla del «clima de miedo» creado por los talibanes y cita el caso de dos colegas a los que dieron latigazos, y el de dos mujeres periodistas de Kabul que, tras recibir amenazas, terminaron por marcharse, una de la capital y la otra del país.
Para Agnés Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional (AI), «dada la gravedad de la creciente crisis de los derechos humanos en Afganistán, la resolución del nombramiento de un Relator Especial no está a la altura de la respuesta que esperábamos del Consejo de los Derechos Humanos. Para garantizar justicia, verdad y reparaciones por los delitos del derecho internacional y las violaciones de los derechos humanos cometidas, es esencial arbitrar un mecanismo de investigación independiente e internacional, dotado de poder de identificar y recopilar elementos de prueba, con vistas a futuras denuncias».
No obstante, AI reconoce que el nombramiento de un Relator especial «que disponga de recursos suficientes», puede ser una primera etapa importante para que el Consejo de los Derechos Humanos haga un seguimiento de la situación sobre el terreno. De hecho, el mandato para Afganistán va a disponer de un equipo de apoyo dotado de expertos en establecimiento de los hechos, análisis jurídico, derechos de las mujeres, de las niñas y de las minorías, derecho a la educación, medicina legal, así como torturas y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
«Esperamos –continúa Callamard- que este apoyo suplementario permita al Relator especial hacer un seguimiento y efectuar investigaciones eficaces sobre los muchos delitos del derecho internacional, y las muchas violaciones de los derechos humanos cometidos en Afganistán, para que pueda ser la piedra angular de la búsqueda de justicia, verdad y reparaciones para el pueblo afgano».
AI pide que se proteja especialmente a los miles de afganos y afganas que, como los profesores universitarios, periodistas, militantes de la sociedad civil y mujeres defensoras de los derechos fundamentales, corren grave peligro de sufrir represalias de los talibanes.
