El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas ha condenado la violación en España del derecho de un alumno con discapacidad a una educación inclusiva y ha pedido que se acelere la reforma legislativa encaminada a garantizar este derecho y definir «claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad y sus objetivos específicos en cada nivel de enseñanza».
Este comité está formado por expertos independientes y supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU en los Estados que la han ratificado. En este dictamen analiza la denuncia que le plantean Alejandro Calleja y su hijo Rubén, un niño con síndrome de Down, por considerar que se han vulnerado sus derechos, informa Servimedia.
En septiembre de 2009, Rubén, con diez años de edad, empezó el cuarto curso de Educación Primaria obligatoria en el colegio público ordinario Antonio González de Lama de León, donde había estudiado los años anteriores con el apoyo de una asistente técnico educativa. El dictamen de los expertos relata que hasta ese momento, su integración en el colegio con compañeros y profesores había sido buena.
«Sin embargo», añade, «desde el comienzo del cuarto curso, su tutor no le aceptó por su discapacidad, discriminándole y sometiéndole a situaciones de abandono y maltrato. Según pruebas testificales del 23 de enero de 2012 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de León, dos madres de compañeros de clase de Rubén declararon que el tutor llegó a cogerle del cuello amenazándolo con tirarlo por la ventana, y con golpearle con una silla. El tutor manifestó a los padres de Rubén que era ‘insociable y peligroso’, y le aconsejaron que lo trasladara a un centro de educación especial. Igualmente, Rubén fue objeto de agresión física por parte de una profesora que le propinó unas bofetadas. A pesar de que los padres de Rubén denunciaron los hechos ante la directora provincial de Educación, estos no fueron investigados».
También señala que no se protegió al menor de las situaciones de «malos tratos y discriminación» que sufrió en este centro y que, cuando la fiscalía de León denunció a los padres por no llevarle al colegio de educación especial donde las autoridades terminaron matriculándole, se puso en riesgo la integridad familiar de todas estas personas.
La Delegación Territorial de Educación de León emitió dos dictámenes de escolarización donde se recomendaba que Rubén fuese matriculado en un centro de educación especial, dado «su comportamiento perturbador», sus «brotes psicóticos» y «el retraso general asociado al síndrome de Down».
Dichos informes nunca contaron con la aprobación de sus padres, que recurrieron a todas las vías judiciales, incluidas el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Discriminación y maltrato
Todas ellas fueron vías muertas hasta que en 2017 llegaron a la ONU, que ahora les ha dado la razón y que admite el argumento del padre de Rubén sobre que su hijo fue víctima de una violación de su derecho a la educación inclusiva por la decisión de escolarizarle en un centro especial. También acepta la queja referida a que los tribunales españoles desestimaron todas las demandas de la familia «fundamentándose esencialmente en los informes del equipo de orientación, elaborados en estrecha colaboración y a instancias de los tutores que le rechazaron, discriminaron, abandonaron y maltrataron sin respetar sus derechos y dignidad».
El comité insta a que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional «efectivamente inclusivo», al considerar que el ciclo de FP Básica adaptada que ahora mismo hace no lo es, puesto que los seis compañeros tienen discapacidad intelectual. También recoge el reembolso de las costas judiciales a la familia de Rubén y establece el pago de una indemnización. No especifica su cuantía, pero señala que han de tenerse en cuenta «los daños emocionales y psicológicos sufridos».
Según esta resolución, las administraciones y autoridades españolas han incumplido varios artículos recogidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en su protocolo facultativo, tales como el derecho a una educación inclusiva; respeto a la vida familiar; a la protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; a la integridad física y moral, y al aseguramiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Por todo ello, insta a insta a proporcionar una «reparación efectiva» para Rubén y su familia, que incluya las costas judiciales y una indemnización por los «daños emocionales y psicológicos» causados, y exige «garantizar que Rubén sea incluido en un programa de formación profesional ‘efectivamente’ inclusivo, en consulta con él mismo y sus padres».
Además, ordena investigar los presuntos «malos tratos y discriminación hacia Rubén» cuando estaba en cuarto de Primaria, para que «se depuren responsabilidades a todos los niveles». En líneas generales, el dictamen concluye que España fracasó en la protección de los derechos de este menor con discapacidad y establece que el Estado lo reconozca «públicamente».
Reforma legales
Más allá de las consideraciones particulares sobre este caso, la ONU recomienda a España a adoptar, «con carácter general, medidas para evitar que se cometan violaciones similares en el futuro», de acuerdo con las recomendaciones del informe de investigación del comité sobre el estado de la educación inclusiva de 2018.
Por ello, llama a acelerar «la reforma legislativa para eliminar el modelo médico de la discapacidad y definir claramente la inclusión plena de todos los estudiantes con discapacidad, en estrecha colaboración con las personas con discapacidad y sus asociaciones representativas».
Además, reclama que «la educación inclusiva sea considerada como un derecho» y que todos los estudiantes con discapacidad tengan acceso a «oportunidades de aprendizaje inclusivo en el sistema de enseñanza general».
Para ello, España debe «formular una política integral de educación inclusiva acompañada de estrategias que promuevan una cultura de inclusión en la enseñanza general», prosigue, con «evaluaciones individualizadas, basadas en los derechos humanos; recursos suficientes y apoyos a los docentes, y políticas basadas en el respeto a la diversidad, la no discriminación y la participación plena y efectiva de las personas con discapacidad en la sociedad».
El dictamen del comité de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas reclama a España que «elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad, tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias», y propone que el Estado «vigile que no se pueda perseguir penalmente a los padres de alumnos con discapacidad por el delito de abandono familiar» cuando defiendan «el derecho de sus hijos a una educación inclusiva en igualdad de condiciones», como les sucedió a los padres de Rubén.
Estos pasaron dos años imputados hasta que la fiscalía retiró los cargos. España tiene ahora seis meses para ofrecer una respuesta con las medidas adoptadas.
