El próximo 25 de junio de 2021 entrara en vigor en España la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE). Desde entonces,
será posible que una persona solicite ayuda médica para morir, bien sea por su propia mano con medicinas facilitadas por su médico, o bien siendo este último quien se las administre.
Para esas fechas, las comunidades autónomas deberán haber creado sus respectivas comisiones de garantía y evaluación, órganos previstos por la ley y formados por personal médico, de enfermería y juristas, que se encargarán de analizar todas las solicitudes de eutanasia y autorizar o denegar cada caso.
El texto introduce en nuestro ordenamiento jurídico un nuevo derecho individual, la eutanasia; es decir, la muerte de una persona de forma directa e intencionada, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios.
Las dudas y los problemas pueden surgir en cuanto a su aplicación práctica. Según los datos de que dispone Derecho a Morir Dignamente (DMD), la asociación que promueve el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla, las encuestas elaboradas por algunos colegios médicos que han preguntado a sus socios (Vizcaya, Las Palmas, Tarragona, Madrid…) arrojan resultados en los que alrededor del ochenta por ciento de los médicos están de acuerdo en que el debate sobre la eutanasia debe de ser un debate establecido en toda la sociedad y no solo en el interior del ámbito médico.
Resultados similares se obtienen a la pregunta de si el derecho a la eutanasia debe de ser recogido en una ley. También en estas encuestas se refleja que la ley debe de recoger el derecho a la objeción de conciencia por parte de los médicos. Sin embargo, solo el veintiocho por ciento de los consultados ejercería ese derecho. Esto significa, según DMD que no debería haber problemas en cuanto al ejercicio del derecho a morir dignamente cuando entre en vigor la ley.
Sin embargo, han tenido gran resonancia planteamientos radicalmente contrarios a la ley, como el de Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid desde septiembre de 2020, un católico convencido, que se ha manifestado en ese sentido con toda rotundidad. Contrasta mucho su opinión con los resultados de una encuesta efectuada en 2019, en la que casi el setenta por ciento de los colegiados madrileños se manifestaba a favor de la regulación de la eutanasia, mientras que casi otro veinte por ciento dudaba, pero creía que sí debería regularse. Martínez Sellés fue elegido en 2020 en unas elecciones en las que apenas votó el trece por ciento de los colegiados de la CAM.
«El problema, afirma Fernando Soler, uno de los fundadores de DMD, es que estas encuestas tienen poco o ningún reflejo en los medios de comunicación donde sí se recogen de forma acrítica las opiniones vertidas por quienes dicen hablar en nombre del colectivo médico. Así se traslada una visión falsa del colectivo médico a la ciudadanía».
Otra cuestión que aparece como muy mayoritaria en las encuestas es la necesidad, según los encuestados, de la existencia del derecho de Objeción de Conciencia.
No obstante, la necesidad de que exista ese derecho no se corresponde con el número de médicos que estaría dispuestos a objetar. En palabras de Fernando Soler, «respecto a la posibilidad de objetar, solo un diecinueve por ciento tienen claro que sí y un nueve por ciento adicional tienen dudas. El cuarenta por ciento tienen seguro que no objetarán y un veinte por ciento cree que no lo hará pero no están totalmente seguros».
Añade que «si casi la mitad de los médicos están dispuestos a ayudar a sus pacientes que les soliciten una eutanasia, no parece que vayamos a tener problemas en la práctica. Aunque no hay que descuidarse con las presiones que puedan ejercerse sobre los no objetores desde distintos ámbitos. Probablemente se darán varios perfiles de objetor: el grupo menos numeroso será el de quienes, de buena fe, entienden que la eutanasia es una práctica no solo ajena a la medicina sino incluso contraria. No se puede olvidar que los médicos y sanitarios en general que hoy están en ejercicio fueron educados en la idea de que la finalidad de la medicina es luchar contra la enfermedad y evitar la muerte. Para ese marco mental, ayudar a morir -dar la muerte- a un paciente (aunque lo pida, dice el famoso juramento) es traicionar su vocación sanadora. Sería como aliarse con su enemiga: la muerte»
Y agrega que «luego tendremos a los fundamentalistas que no están dispuestos a admitir que alguien, por tremenda que sea su situación, tenga el derecho a querer morir. Lo reconozcan en público o no, consideran que la vida es indisponible porque no nos pertenece. Y son además los que profesan ese paternalismo autoritario que no considera posible ni aceptable una decisión de morir lúcida».
El ámbito en el que puedan desarrollarse las presiones sobre los distintos grupos ideológicos es una de las preocupaciones más intensas de la asociación DMD, sin olvidar las presiones puramente económicas que se derivan del gran número de centros hospitalarios que son propiedad o están regidos por la Iglesia y en los que se incluye la inmensa mayoría de los centros destinados a cuidados paliativos.
«Para mí, lo más grave, concreta Soler, puede llegar a ser que quienes no tienen una posición contraria a la eutanasia, tampoco militante, puedan optar por situarse al margen si participar en la muerte voluntaria les origina dificultades. La presión de grupo o incluso social en algunos ambientes puede tener su incidencia, pero nos preocupan especialmente las dificultades que pueda plantear la propia administración. Las comunidades del PP, sostenidas por Vox, no van a nombrar comisiones de garantías que se lo pongan fácil a los médicos responsables. Habremos de estar vigilantes para denunciar aquellas comisiones que no garanticen sino entorpezcan el ejercicio del nuevo derecho».
Cuando falta alrededor de un mes para la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE), faltan por ponerse en pie tanto las Comisiones Autonómicas que deben regular todo el proceso, como los supuestos registros en los que deban inscribirse los objetores, si es que los hay. Solo están claros los aspectos que regula con claridad la ley: la necesidad de dos peticiones por parte del enfermo, la participación de dos médicos en la puesta en practica de la decisión del paciente, la duración del trámite entre treinta y cuarenta y cinco días y la decisión final por parte de la Comisión Autonómica correspondiente.
De la pujanza y vigilancia que organizaciones como DMD mantengan, dependerá, en gran medida, que el derecho a controlar la propia vida en todos sus aspectos, incluido el de la extinción cuando deje de ser una vida deseable, sea una y no un texto en un papel mojado.
