En el año 2007, en pleno proceso electoral, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, inauguró la prolongación de la línea 7 del Metro de Madrid, a la que denominaron 7B, que iba de la estación Las Musas al Hospital del Henares, atravesando San Fernando de Henares; en en 2023 la presidenta Isabel Díaz Ayuso debe hacer frente a las demandas de más de 600 familias que han debido abandonar sus viviendas por los fallos en el diseño y ejecución de las obras.
La Asociación Vecinal de Quintana (Madrid-Ciudad Lineal), ha hecho público un texto demoledor sobre la responsabilidad jurídica y social del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el desastre de la línea 7B de Metro, destacando una sentencia judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid muy poco conocida.
Comunidad de Madrid: la suma de todos…los problemas
Durante la ejecución de las obras ya hubo polémicas por aspectos técnicos y geológicos del proyecto y de su ejecución. A pesar de las opiniones técnicas en contra, la obra no solo siguió, sino que además, según consta en sentencia, se modificó prolongándose por motivos políticos hasta el citado centro sanitario. No habían pasado dos años, cuando aparecen daños en los edificios próximos a los túneles del metro. Como consecuencia, el servicio estuvo interrumpido varios meses. Al reiterarse las incidencias, las suspensiones de servicio se repitieron. Ante la gravedad de los desperfectos en los edificios afectados, se producen los primeros desalojos tras sucesivas declaraciones de ruina.
La Comunidad de Madrid, que había proyectado las obras, contratando a Dragados para llevarlas a cabo, resolvió demandar por más de quince millones euros a la contratista por vicios en la ejecución de las obras. La demandada, recurrió vía contencioso administrativa a los tribunales. Como la Comunidad no presentó partes relevantes del expediente y sus informes periciales o razonamientos jurídicos fueron desvirtuados por la recurrente, perdió el contencioso y fue condenada a costas. La sentencia 34/2019 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala contencioso administrativa, de 9 de enero de 2019, considera que la administración madrileña es responsable de los defectos del proyecto y de las gravísimas deficiencias de uno de los pozos. Además, deja acreditado que los gravísimos riesgos eran conocidos desde el 2011.
¿Que hizo la Comunidad para remediar los daños existentes o potenciales? Que se sepa, nada eficaz: La situación empeoró. Peor aún, no se preocuparon de paliar la situación de los desalojados mediante medidas dignas o eficaces. No tuvieron la previsión de que los devastadores efectos de su mala gestión se incrementarían como se desprendía de los informes: Si no se lograba controlar los daños provocados por la ineficiencia del pozo causante de las alteraciones en el subsuelo, los perjuicios alcanzarían mayor extensión y gravedad.
Lamentablemente, lo previsible sucedió y en la actualidad hay más de 600 viviendas afectadas. La Comunidad reconoció, mediante orden del Consejero de Transportes publicada en su Boletín Oficial de 7 de marzo de 2022 responsabilidad patrimonial por lo sucedido. Sin embargo, esta orden tiene su letra pequeña. El listado de edificios afectados que publican no incluye a todos los conocidos en la fecha que se publicó, ni lógicamente a los que aparecieron después.
De la orden y su contenido se deduce un intento de reducir o retrasar todo lo posible las indemnizaciones, ya sea reconociendo solo parte de los afectados, ya sea tratando de minorar los daños. Ya han empezado a ofrecer cantidades muy por debajo de su valor real a algunos de los muchos que han perdido viviendas con todos sus enseres, o que están sujetos a hipotecas.
La Asociación Vecinal de Quintana reconoce que, en esta ocasión, Isabel Díaz Ayuso no es la causante del desastre, aunque cuando se originó ya trabajaba en comunicación llevando las páginas web de «Pecas», el perro de Esperanza Aguirre, quien además de responsable de la catástrofe, se atreve a afirmar en una «alucinante declaración» que el trazado de la línea se debía a las presiones de la entonces alcaldesa de San Fernando de Henares.
Pero la Comunidad es responsable de la ejecución de sus propios proyectos, y Díaz Ayuso es ahora la responsable de dar una solución digna a estos problemas, y para ello la Comunidad de Madrid debe indemnizar con justeza y equidad a todos los perjudicados.
Los vecinos de San Fernando de Henares tienen razón, concluyen las asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVN), que se muestran decididas a apoyar sus movilizaciones hasta que alcancen una solución justa a sus demandas.
Totalmente de acuerdo con lo informado pero considero que Dragados que tuvo que darse cuenta de las consecuencias de lo que se contrataba como expertos en el tema, tendría que haber denunciado el contrato públicamente y por supuesto negarse a realizarlo en tales condiciones. Dragados es tan o más responsable que la Comunidad.