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La Justicia europea considera no ajustada a derecho la no prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar

Trabajadoras del hogar: protestas por su situación laboral en Madrid, marzo de 2019
Trabajadoras del hogar: protestas por su situación laboral en Madrid, marzo de 2019

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha cuestionado el ordenamiento jurídico español por la situación en la que se encuentran las trabajadoras del hogar en relación a la exclusión de las prestaciones por desempleo que padecen, informa la Confederación General del Trabajo (CGT).

Según la sentencia del TJUE, la normativa española en relación a esta situación es contraria a derecho, y además recoge que se trata de una discriminación por razón de sexo, puesto que la mayoría de las personas que se dedican a este oficio son mujeres.

CGT ha valorado el contenido de esta sentencia, por tratarse de una situación anómala que venía denunciando desde hace mucho tiempo, y a la vez muestra su indignación por la realidad laboral en España tras los últimos cambios normativos en la reforma laboral por entender que son «completamente insuficientes».

Según la organización sindical, el TJUE, a través de esta sentencia, «ejemplifica perfectamente la situación de discriminación que existe en el ordenamiento jurídico español», que sean las mujeres de clase trabajadora quienes sufran las peores condiciones laborales y sociales.

La CGT recuerda que la última Reforma Laboral podría haber solucionado la situación en la que se encuentran miles de mujeres trabajadoras del hogar, por ser una realidad bien conocida por el actual Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.

En este sentido, la sentencia viene a validar que no hay ningún motivo que justifique la exclusión de las empleadas del hogar de la prestación por desempleo respecto a otros colectivos profesionales que también desarrollan su relación laboral a domicilio y para particulares.

CGT ha indicado que el origen del conflicto está en una persecución y lucha contra el fraude llevada a cabo por parte del Gobierno y la Tesorería General de la Seguridad Social. Una normativa que criminaliza a todo un colectivo, contraria al derecho europeo y que ahora el TJUE ha puesto al descubierto.

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