Una sentencia de lo Contencioso Administrativo de Madrid da la razón a una demanda presentada por las asociaciones vecinales de Leganés que reclamaron la improcedencia de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles determinada por el Gobierno municipal en 2020, y podría suponer para el consistorio un quebranto económico de entre tres y treinta millones de euros.
La resolución del juzgado de lo Contencioso Administrativo numero 27 de Madrid tiene su origen en la subida que en el año 2020 decidió el gobierno municipal presidido entonces por el socialista Santiago Llorente y que unificó en un solo año la subida del impuesto correspondiente a los cuatro años anteriores que ya habían hecho sucesivamente el resto de los municipios españoles.
El equipo de gobierno presidido de Santiago Llorente hizo entonces caso omiso a las reclamaciones de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (FLAV) inadmitiendo los recursos presentados por esta.
Posteriormente un vecino en solitario basándose en los argumentos de la propia FLAV consiguió que la subida le fuera anulada.
A partir de ese momento, y con el antecedente de esa anulación, la FLAV reanudó su demanda que ha obtenido ahora un triunfo que, según fuentes vecinales, no supone la victoria definitiva en la guerra jurídica contra el ayuntamiento pero si el triunfo en una batalla que hace irreversible el resultado final del conflicto.
La cosa se complica todavía mas por el hecho de que Santiago Llorente no gobierna ya en Leganés después de que su partido, el PSOE, perdiera las ultimas elecciones municipales. El actual gobierno municipal, formado por el Partido Popular y el partido local Unión por Leganés (ULEG) se enfrenta ahora a una toma de decisión complicada.
Puede recurrir la sentencia lo que alargaría la resolución judicial definitiva en al menos seis meses. Pero cuando se produjo el conflicto los dos partidos se pronunciaron públicamente a favor de que el Ayuntamiento hiciera caso a las reclamaciones vecinales y rebajara los recibos del IBI para cobrar la subida paulatinamente como se había hecho en otros municipios.
Las dudas que les aquejan en estos momento se derivan, según fuentes municipales, no solo del quebranto económico que supondría cumplir la sentencia sino de que no quieren desautorizar el trabajo técnico de los servicios jurídicos municipales por lo que lo mas probable es que el gobierno municipal acepte la decisión de esos servicios jurídicos independientemente de la posición política que sostengan los dos partidos que componen el gobierno municipal de coalición.
La decisión es complicada en cualquier caso. Si se opta por recurrir la sentencia se prolongara el conflicto durante al menos seis meses. Si se opta por revisar los recibos de IBI y devolver los importe cobrados de más el coste seria el derivado del trabajo administrativo, unos doscientos mil euros según algunos cálculos, más la devolución del exceso en si mismo que sumaria un total de tres millones de euros.
Pero si la decisión final, voluntaria u obligada por los tribunales, es la de la devolución total de los recibos del IBI 2020 el importe a devolver seria de mas de treinta millones de euros, un verdadero quebranto económico que podría suponer, según fuentes municipales, el cierre en la practica del Ayuntamiento. Se trata de más del quince por ciento del presupuesto municipal anual.
A la espera de como se resuelva la situación, desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales se mantiene la voluntad negociadora para llegar a una solución de mutuo acuerdo que no perjudique a los vecinos ni a las estructuras municipales.
Mas allá del indudable triunfo que supone para los vecinos esta resolución judicial los responsables vecinales coinciden con los actuales gestores municipales en que la situación es responsabilidad del anterior equipo de gobierno presidido por Santiago Llorente y ni unos ni otros descartan la posible reclamación de las responsabilidades patrimoniales políticas y personales que acaben derivándose del conflicto.
