La implantación de los Tribunales de Instancia en la Comunidad de Madrid, una de las reformas estructurales más ambiciosas del sistema judicial en décadas, avanza entre la improvisación y el desconcierto.
Así lo denuncia públicamente CCOO Madrid, que alerta de una situación «caótica, arbitraria y desorganizada» que está afectando de forma directa tanto a los derechos laborales del personal judicial como al acceso efectivo de la ciudadanía a la Justicia.
El sindicato sitúa el foco en la falta de planificación de la Consejería de Justicia, la ausencia de negociación en la Mesa Sectorial y el incumplimiento de las garantías mínimas para asegurar el funcionamiento ordinario del servicio público, especialmente en los partidos judiciales más grandes de la región.
Una reforma sin planificación ni negociación previa
La entrada en funcionamiento de la tercera fase de los Tribunales de Instancia el pasado 31 de diciembre —que incluye sedes clave como Madrid capital, Alcalá de Henares, Móstoles y Getafe— ha evidenciado, según CCOO, las carencias de una reforma que se ha ejecutado sin previsión ni diálogo social.
Desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2025, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el sindicato venía advirtiendo de los riesgos de implantar estas nuevas macroestructuras judiciales sin una hoja de ruta clara. La Comunidad de Madrid, pese a disponer de la posibilidad legal de solicitar una prórroga de seis meses, rechazó esa opción y optó por acelerar el proceso.
El resultado, según denuncia CCOO Madrid, es un escenario de desorientación generalizada, cambios continuos de destino y funciones del personal, y una organización del trabajo basada en criterios arbitrarios.
Centenares de puestos sin cubrir y expedientes en cajas
Uno de los datos más alarmantes es la existencia de centenares de puestos de trabajo sin cubrir cuando ya ha transcurrido casi un mes desde la puesta en marcha de esta fase. A ello se suma la imagen, impropia de una Administración moderna, de procedimientos judiciales almacenados en cajas de mudanza, algunas situadas incluso en pasillos accesibles al público.
Según la nota sindical, hay miembros del personal que todavía desconocen cuál es su puesto definitivo o quién es su superior jerárquico, lo que genera una grave inseguridad jurídica y dificulta incluso la tramitación de permisos o la correcta asignación de tareas.
En los nuevos servicios comunes, el reparto de funciones carece de criterios objetivos y se modifica de forma constante, lo que provoca equipos inestables y una sobrecarga de trabajo para quienes sí están en activo.
El impacto directo en la ciudadanía usuaria de la Justicia
El caos organizativo no solo afecta a la plantilla judicial. En jurisdicciones como la civil, profesionales y ciudadanos recorren distintas sedes intentando localizar sus procedimientos, guiándose por carteles improvisados en folios que intentan explicar qué asuntos se tramitan ahora en cada oficina.
Esta situación, además de generar retrasos y confusión, vulnera el derecho de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva, uno de los pilares básicos del Estado de derecho establecido por la Constitución Española. Desde la perspectiva de los derechos de los usuarios del servicio público, la falta de información clara y la desorganización suponen una barrera añadida para acceder a la Justicia en condiciones de igualdad.
Movilizaciones del personal judicial
Ante este escenario, los propios trabajadores y trabajadoras comenzaron a movilizarse de forma espontánea. Durante varios días se han sucedido concentraciones frente a los juzgados de Plaza de Castilla, respaldadas por CCOO Madrid, a las que se sumarán nuevas protestas frente a la sede de la Consejería de Justicia.
El sindicato exige que el consejero de Justicia, Miguel Ángel García Martín, convoque de inmediato la Mesa Sectorial para negociar las condiciones laborales y las medidas urgentes que permitan normalizar el servicio. «Mientras no se respeten los derechos del personal y no se dote a la Justicia de los recursos necesarios, las movilizaciones irán en aumento», advierte CCOO.
Reivindicaciones concretas sobre la mesa
Entre las principales exigencias planteadas por CCOO Madrid destacan:
- La cobertura inmediata de los puestos vacantes.
- La creación de 650 nuevos puestos de trabajo para dimensionar adecuadamente las nuevas oficinas judiciales.
- La clarificación de funciones, con reconocimiento profesional y retributivo.
- El refuerzo de la seguridad jurídica del personal.
- Medidas que garanticen un servicio público de Justicia de calidad para la ciudadanía.
El sindicato recuerda que ha sido la única organización que se opuso desde el inicio a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y que no firmó el acuerdo estatal suscrito en 2024 por otras centrales sindicales con el Ministerio de Justicia.
Actualidad: 2026, un año clave para la Justicia madrileña
En 2026, la implantación de los Tribunales de Instancia se ha convertido en uno de los principales focos de conflicto en la Justicia madrileña. A las denuncias sindicales se suman las quejas de asociaciones profesionales y de usuarios, que alertan del impacto real de la reforma en los tiempos de respuesta y en la atención al público.
Desde la Comunidad de Madrid se insiste en que la reorganización permitirá ganar eficiencia a medio plazo, mientras que el Ministerio de Justicia defiende el nuevo modelo como una modernización necesaria del sistema judicial. Sin embargo, la experiencia práctica en Madrid está poniendo de relieve las debilidades de una implantación acelerada y sin consenso.
En este contexto, organizaciones vecinales como la FRAVM han comenzado a interesarse por las consecuencias de la reforma en el acceso a la Justicia en los barrios, especialmente para colectivos vulnerables.
