Reunidos desde la pasada semana en Lourdes, los obispos católicos franceses han decidido, este lunes 8 de noviembre de 2021, no utilizar las donaciones de los fieles para indemnizar a los cientos de miles de víctimas de abusos sexuales cometidos por sus religiosos y, en cambio, «deshacerse de bienes inmobiliarios de la Conferencia de Obispos de Francia y de las diócesis» e incluso, si fuera necesario, «pedir un crédito para anticipar lo más necesario», según ha explicado a la prensa el arzobispo de Reims y presidente de la Conferencia Episcopal, Eric de Moulins-Beaufort.
Para establecer esas indemnizaciones se ha creado una «instancia nacional independiente de reconocimiento y reparación» que estudiará las demandas de las víctimas de abusos sexuales y que va a dirigir la jurista Marie Derain de Vaucresson, ex secretaria general del Consejo Nacional de protección de la infancia, quien en diciembre de 2019 participó en la reforma del Código de la Justicia Penal de los Menores.
La decisión de la Conferencia de obispos ha llegado tras el informe «Sauvé», elaborado durante cerca de dos años por la Comisión Independiente sobre los abusos sexuales en la Iglesia (Ciase), dirigida por Jean-Marc Sauvé, un alto funcionario del estado francés que preside la Cité Universitaire International de Paris, quien ha estudiado los casos de pederastia cometida en el seno de la Iglesia católica durante los últimos setenta años, y que ha estimado en 330.000 el número de personas de más de dieciocho años que fueron víctimas de violencias sexuales cuando eran menores, llevadas a cabo por clérigos, religiosos y otras personas relacionadas con la Iglesia.
Marie Derain de Vaucresson, cuya misión «comienza inmediatamente» tiene que decidir las indemnizaciones de cada una de las víctimas, y los obispos se comprometen a «proporcionarle los medios para cumplir dicha misión».
