La Generalitat de Catalunya ha prohibido una concentración ante el Parlament en el marco del debate y aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos 2020 y de la correspondiente Ley de Acompañamiento prevista para el viernes 24 de abril, a pesar de que la entidad convocante, Lucha Internacionalista (LI), garantizaba el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y de salud pública vigentes, así como la participación de un número limitado de personas.

Según informa LI, la solicitud ha sido denegada debido a una supuesta prohibición general del ejercicio del derecho a reunión y manifestación, «cuestión totalmente injustificada y al margen de la legislación vigente».

La Organización ha presentado hoy, 22 de abril, mediante el abogado Benet Salellas Villar, un recurso contencioso administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que debería responder en las próximas 48 horas.

Sostiene LI que «nos encontramos en un contexto general de crisis sanitaria y económica sin precedentes, resultado de años de políticas de recortes y privatización que han desmantelado el sistema sanitario público, que han cerrado miles de camas de hospitales y han despedido miles de profesionales».

Y también el de «una gestión, con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos a la cabeza, que ha priorizado permanentemente los intereses patronales por encima de la vida de las personas».

En esta situación, agrega, el Gobierno de Catalunya (JxCat-ERC), pretende aprobar con el apoyo de En Común Podem su proyecto de Presupuestos 2020 este viernes que «si ya eran vergonzosos antes, lo son aún más en el marco de la actual pandemia».

Desde Lucha Internacionalista propusieron a diversos colectivos y organizaciones que defienden los servicios públicos y los derechos sociales, una convocatoria simbólica de denuncia ante el Parlamento durante la tramitación de estos presupuestos, limitando el número de representados por organización y cumpliendo con las medidas sanitarias.

Consideran que la negativa por parte del Departamento de Interior y el Gobierno de la Generalitat supone una «vulneración flagrante de derechos fundamentales», porque la declaración del estado de alarma no suspende ni puede suspender el derecho de reunión.

Argumentan que es significativo que, «mientras se obliga a los y las trabajadoras a salir a la calle y volver masivamente a su trabajo sin cumplir con las medidas de protección necesarias, se prohíbe una concentración de pocas personas -cumpliendo con la distancia social y las normas vigentes- en defensa de la sanidad y los servicios públicos y en denuncia de unos presupuestos que no harán más que agravar la situación actual».

Añaden que esta negativa se suma a los cientos de miles de sancionados durante el estado de alarma, miles de detenidos y decenas de denuncias de carácter discriminatorio y, en muchos casos, racista, por parte de los cuerpos policiales.

Y concluyen que «no podemos permitir que se vulneren derechos fundamentales, hay que defenderlos y más aún en este contexto de crisis».

Lucha Internacionalista exige al Departamento de Interior y al Gobierno una rectificación y llaman a sindicatos, organizaciones y colectivos a apoyar esta reivindicación y defender de forma unitaria el derecho a manifestación, «base fundamental e imprescindible para que esta crisis no la paguemos las trabajadoras».

Ampliando esta información con Pedro Mercadé, de LI, nos comentaba a Aquí Madrid la diferencia de discursos políticos de los partidos que sustentan el Gobierno de la Generalitat, JxCat y ERC, negando el derecho de protesta en Barcelona mientras sus representantes en el Congreso de Madrid acusaban al Gobierno de España de cercenar la libertad de expresión y de aplicar la «la ley mordaza»

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