El Parlamento Europeo ha dado luz verde este 10 de febrero 2026 a la creación de una lista común de países de origen seguros y a nuevas normas sobre terceros países seguros para tramitar solicitudes de asilo, una reforma clave del Pacto Europeo de Migración y Asilo que salió adelante gracias a los votos del centroderecha, la derecha conservadora y la extrema derecha, pese a la oposición de amplios sectores socialistas, ecologistas y de la izquierda.
La medida permitirá acelerar los procedimientos y rechazar de forma más rápida solicitudes consideradas infundadas, una orientación que ha encendido las alarmas de organizaciones de derechos humanos.
Una lista común de países «seguros» para acelerar rechazos
El acuerdo aprobado por la Eurocámara establece por primera vez una lista europea de países de origen considerados seguros, integrada inicialmente por Bangladesh, Colombia, Egipto, Kosovo, India, Marruecos y Túnez.
A partir de esta designación, los Estados miembros podrán tramitar por la vía rápida las solicitudes de asilo presentadas por personas procedentes de estos países, con plazos más breves y mayor probabilidad de inadmisión, salvo que el solicitante demuestre un riesgo individual de persecución o daño grave.
La normativa también prevé que los países candidatos a la adhesión a la UE sean considerados seguros de manera automática, salvo que concurran circunstancias excepcionales como violencia generalizada, un alto porcentaje de concesiones de asilo o sanciones internacionales por vulneraciones de derechos fundamentales.
El concepto de «tercer país seguro» y la externalización del asilo
Junto a la lista de países de origen, el Parlamento aprobó nuevas reglas para aplicar el concepto de «tercer país seguro», que permitirá declarar inadmisible una solicitud de asilo si la persona pudo haber solicitado protección en un país tercero considerado seguro.
Bastará con que se cumpla una de estas condiciones:
- Existencia de un vínculo suficiente entre el solicitante y el tercer país.
- Tránsito previo por ese país.
- Existencia de un acuerdo bilateral, multilateral o europeo que garantice la readmisión.
Estos acuerdos deberán incluir, sobre el papel, garantías de acceso al procedimiento de asilo, aunque quedan excluidos los menores no acompañados.
Para numerosas organizaciones humanitarias, esta regulación abre la puerta a una mayor externalización de las fronteras europeas y al traslado de responsabilidades a países con sistemas de protección más débiles.
Una votación marcada por la división política
La reforma salió adelante gracias a una alianza entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la derecha conservadora y la extrema derecha, como ECR y Patriotas por Europa, que han presionado para endurecer las políticas de control migratorio y retorno.
En cambio, los grupos de Los Verdes/ALE y La Izquierda (The Left) votaron en bloque en contra, al considerar que estas medidas socavan el derecho individual al asilo y priorizan criterios de control fronterizo sobre la protección internacional.
Dentro del grupo Socialistas y Demócratas (S&D) y de Renew Europe, la votación evidenció una profunda división. Aunque algunos eurodiputados respaldaron el texto en nombre de la «eficacia del sistema», una parte significativa de la delegación socialista se opuso o se abstuvo, especialmente en los aspectos relacionados con la flexibilización del concepto de tercer país seguro.
El Gobierno de España, representado por el PSOE en el Consejo, ya había manifestado su rechazo a algunos de los puntos más controvertidos, como el uso de centros externos de retorno y la ampliación de los supuestos para declarar inadmisible una solicitud de asilo.
Por su parte, Lena Düpont (PPE, Alemania), ponente del reglamento sobre terceros países seguros, aseguró que la reforma permitirá evitar situaciones prolongadas de incertidumbre: «Al rechazar más rápidamente las solicitudes manifiestamente infundadas, reducimos la presión sobre los sistemas nacionales y evitamos que las personas queden atrapadas durante años en un limbo legal».
Preocupación de Naciones Unidas y oenegés de derechos humanos
Organismos internacionales y entidades sociales han advertido de los riesgos reales para personas perseguidas en países incluidos en la lista. Desde ONU Derechos Humanos (ACNUDH) se recuerda que «la seguridad de un país no puede evaluarse de forma abstracta, sino caso por caso», y que las listas generales no eximen a los Estados de su obligación de protección.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha pedido a la UE que garantice «procedimientos individualizados, acceso efectivo a recursos legales y salvaguardias para colectivos vulnerables».
En España, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reiterado la necesidad de compatibilizar la gestión ordenada de los flujos migratorios con el respeto estricto a los derechos fundamentales.
Actualidad: próximos pasos del acuerdo
Tras la aprobación en el Parlamento Europeo, el texto deberá recibir ahora el visto bueno formal del Consejo de la UE. Si se confirma, la normativa se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor previsiblemente en junio de 2026, como parte del nuevo marco común de asilo.
Hasta entonces, el debate político y social continúa abierto, con movilizaciones de organizaciones humanitarias y una creciente presión sobre los gobiernos nacionales para que no apliquen estas herramientas de forma automática.
