UGT informa de que los mandos militares del Hospital Central de la Defensa «Gómez Ulla», que son los que dirigen el centro perteneciente al Ministerio de Defensa, intentan cargar todo el trabajo de las guardias del Servicio de Urgencias sobre los hombros de los médicos civiles que ya desempeñan su labor en servicios especializados y que no se sienten capacitados para atender todo el espectro de patologías que pueden presentarse en una puerta única.
Los facultativos/as civiles están indignados con esta imposición, que citan como «órdenes verbales militares, sin opción a negociar y sin compromiso escrito» aprovechándose de un código castrense que no se debe ni se puede imponer a civiles.
Los facultativos han remitido una carta refrendada con sus firmas dirigida al general de Brigada Francisco Javier Areta Jiménez, director del hospital, y al coronel Juan de Dios Sáenz Garrido, subdirector médico, tras una reunión mantenida el 16 de marzo 2023 con los facultativos del grupo de guardias de planta de hospitalización (formado por los servicios de Medicina Interna, Neumología, Neurología y Oncología Médica), y en la que también participó el teniente coronel Jaime Rossiñol Ruiz, jefe del Área Médica y los jefes de Servicio de las especialidades médicas referidas.
Dicha reunión fue solicitada por los facultativos del pool de guardias de hospitalización, en la que se comunicó verbalmente por parte del subdirector médico y el jefe de Área Médica que eran necesarias un total de 35 personas para cubrir un puesto de guardia en Urgencias, de lunes a viernes, desde las 15:00 horas hasta las 8:00 horas del día siguiente. Esta nueva orden supondría en la práctica una guardia por persona cada 45 días, por la que cada médico cobraría diecisiete horas de guardia, y los mayores de 54 años y los jefes de servicio quedarían excluidos. No se definió en la orden el período de duración de la nueva organización.
Indignación
Aunque las órdenes someten sin discusión al personal militar, el código castrense no obliga a los médicos civiles por más que los mandos del ejército quieran imponerlas. Así lo refieren los médicos civiles, a los que se suma la responsable de CCOO en el hospital, porque se trata de un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores que, previamente, debe ser pactado, documentado y justificado por escrito. Ninguno de los extremos se ha dado antes de tomar esta decisión.
En el escrito, los afectados consideran que «no seguir los procedimientos habituales es una falta de respeto más hacia los trabajadores y trabajadoras que está generando un agravamiento generalizado del malestar psicológico entre la plantilla». Además, añaden, «no se ha procurado una comunicación directa con propuestas voluntarias, sino como una exigencia, sin una negociación para su puesta en marcha».
«Cabe resaltar que hay un sentimiento constante de falta de valoración de estos profesionales desde la pandemia por COVID, plasmado, por ejemplo, en la falta de contratos más estables, renovaciones de contrato innecesariamente dificultosas a nivel administrativo y un número de plazas convocadas en las últimas oposiciones, muy insuficientes para las necesidades reales del hospital», señala la misiva.
Riesgo de mala praxis
En el Hospital Gómez Ulla la mayor parte de los especialistas de áreas médicas y quirúrgicas han hecho guardias de Urgencias durante su formación MIR, pero sólo en el área específica de su especialidad. Por lo tanto, los facultativos firmantes de esta carta dicen que «no se sienten capacitados para atender todo el espectro de patologías que pueden presentarse en una puerta única (urgencias). Y mencionan como ejemplo los casos de oftalmología, otorrinolaringología, traumatología, etcétera.
Urgencias es un servicio autónomo que requiere de especialistas capacitados y resolutivos. Cualquier especialista no puede hacer este trabajo con calidad, generando «el riesgo de mala praxis para el profesional y para el hospital con el coste humano y el posible impacto legal en el caso de demandas», añaden.
Por otra parte, los facultativos del pool de planta han mostrado a la Dirección del hospital su voluntad de colaborar para solventar el problema de falta de personal en Urgencias. Para ello, reclaman un compromiso de búsqueda activa (anuncios en las sociedades médicas, colegio de médicos, redes sociales, etc.) de profesionales de Urgencias, y su contratación estable, que permitan la cohesión y estabilización de un servicio clave del hospital que tiene problemas estructurales desde hace años.
En su demanda piden que este punto «debería cumplirse en un plazo máximo de tres meses». Mientras tanto, se ofrecen a colaborar de forma «temporal y excepcional» para cubrir las necesidades del servicio mediante peonadas de máximo veinte horas, o como turno de tarde hasta las 22:00 horas, entrando a trabajar al día siguiente no antes de las 10:00 horas para cumplir con el período mínimo de descanso, y extender durante este período de refuerzo la propuesta a otras especialidades, tanto médicas como quirúrgicas y la voluntariedad de participación.
Garantías en OPE
El secretario general de la Sección Sindical de CCOO del Ministerio de Defensa, Francisco Martín, también ha dirigido un escrito al Ministerio de Defensa para que abra de inmediato un expediente informativo para investigar las posibles irregularidades en la adjudicación de turno y servicio para todas las categorías de los candidatos que obtuvieron plaza en las oposiciones de estabilización de 2017 y 2018, así como las de acceso libre de 2017, 2018, 2019 y 2020.
Asimismo, reclama medidas de cara a futuras convocatorias para que opositores y ciudadanos puedan tener «la confianza necesaria en que los procesos selectivos del Ministerio de Defensa, y en el conjunto de la Administración General del Estado, se lleven a cabo con todas las garantías de imparcialidad, mérito y capacidad necesarias».
