Hay crisis que se anuncian con cifras y otras que se perciben cuando una institución deja de poder hacer lo básico. La de Naciones Unidas pertenece ya a la segunda categoría. En 2026, la organización se enfrenta a una situación que no admite rodeos: falta dinero para sostener su funcionamiento esencial.
Durante años se habló de tensiones presupuestarias, de ajustes, de reformas pendientes. Hoy el problema es más simple y más grave: la ONU no dispone de liquidez suficiente para cumplir los mandatos que los propios Estados le han encargado.
Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser técnica para convertirse en política.
Exigir resultados sin pagar la factura
Hay algo profundamente incoherente —y conviene decirlo sin eufemismos— en exigir eficacia a una institución a la que se le retiran los recursos. Evaluar el rendimiento de la ONU mientras se acumulan impagos millonarios no es rigor presupuestario: es una forma de irresponsabilidad política.
La organización no tiene autonomía fiscal ni capacidad para generar ingresos propios. Vive, literalmente, de las cuotas de sus Estados miembros. Cuando esas cuotas no llegan, o llegan tarde, todo el sistema se resiente. Y sin embargo, el discurso dominante sigue señalando a la Secretaría, al «aparato» , a la burocracia, como si el problema no empezara mucho antes.
No se puede pedir que funcione lo que se ha decidido no financiar.
El presupuesto de la ONU: quién paga y quién no
El presupuesto de Naciones Unidas no es una declaración de intenciones ni un gesto simbólico. Es un compromiso aprobado por la Asamblea General, basado en cuotas obligatorias que los Estados asumen en función de su capacidad económica. Ese es el contrato que sostiene el sistema multilateral.
El problema es que ese contrato se incumple. La ONU arrastra miles de millones de dólares en cuotas impagadas, lo que obliga a trabajar con presupuestos aprobados pero ingresos incompletos. No es que la organización gaste por encima de lo acordado: ingresa por debajo de lo comprometido.
Cuando esto ocurre, las consecuencias no son abstractas. Se congelan contrataciones, se retrasan pagos, se recurre a reservas pensadas para emergencias y se posponen actividades esenciales. Todo ello mientras el discurso oficial sigue actuando como si el dinero estuviera ahí.
Cuando el principal contribuyente deja de pagar: el efecto Estados Unidos
La crisis financiera de la ONU no puede entenderse sin mirar a un actor concreto. No por razones ideológicas, sino por puro peso presupuestario. Estados Unidos es, con diferencia, el principal contribuyente del sistema de Naciones Unidas. Cuando ese actor deja de pagar, el impacto es inmediato y sistémico.
Estados Unidos aporta en torno a una cuarta parte del presupuesto ordinario y una proporción aún mayor de las operaciones de mantenimiento de la paz. Cuando esas cuotas se retrasan o se suspenden, se abre un agujero directo en la tesorería de la organización. No hay sustitución posible a corto plazo. Ningún otro Estado puede cubrir ese vacío sin alterar por completo el equilibrio del sistema.
La consecuencia es directa: congelación de contrataciones, retrasos en pagos, recortes operativos y uso forzado de reservas. La ONU no «gasta mal» porque Estados Unidos no pague; simplemente deja de poder gastar.
Del liderazgo multilateral a la financiación a la carta
El problema no es solo el impago, sino el cambio de lógica que lo acompaña. Washington ha pasado de sostener un multilateralismo estructural a practicar un multilateralismo selectivo, financiando únicamente los programas que considera alineados con sus prioridades nacionales inmediatas.
Eso rompe una regla básica del sistema: las cuotas obligatorias no son donaciones condicionadas, sino el suelo común que permite a la ONU funcionar con una mínima autonomía. Cuando el mayor contribuyente actúa como si ese suelo fuera opcional, todo el edificio institucional se vuelve inestable.
La organización deja entonces de ser un marco común y pasa a depender del calendario político interno de un solo país.
Un precedente que erosiona el sistema
El impago estadounidense establece además un precedente peligroso. Si el principal contribuyente incumple sin consecuencias proporcionales, ¿qué incentivo real tienen otros Estados para cumplir?
El mensaje implícito es claro: pagar es opcional, incluso para quien más capacidad tiene. Y eso erosiona uno de los pocos principios igualadores del multilateralismo: que todos los Estados están sujetos a las mismas reglas básicas.
Más mandatos, menos recursos: una ecuación insostenible
El desequilibrio se repite año tras año. Los Estados amplían las responsabilidades de la ONU —en seguridad, ayuda humanitaria, derechos humanos o desarrollo— pero no acompañan esas decisiones con financiación suficiente. El resultado es una organización forzada a repartir escasez, a priorizar, a apagar fuegos.
La consigna de «hacer más con menos» ha dejado de ser una fórmula ingeniosa para convertirse en una rutina de desgaste. No hay sistema que resista indefinidamente esa lógica sin perder eficacia, credibilidad y sentido.
Reformar sí, pero no vaciar la institución
La iniciativa ONU80 aparece como respuesta a esta situación límite. Y conviene decirlo claro: reformar es necesario. Consolidar sistemas, reducir duplicidades, digitalizar procesos y reorganizar funciones administrativas tiene sentido y puede mejorar el funcionamiento de la organización, como describe la articulista Stephanie Hodge en Periodistas en Español.
Pero hay una línea que no se puede cruzar. Las reformas no pueden convertirse en un sustituto de la financiación ni en un pretexto para adelgazar la institución hasta hacerla irrelevante. Modernizar no es desmantelar. Optimizar no es abandonar mandatos.
Las reformas funcionan cuando refuerzan la capacidad de actuar, no cuando la erosionan.
Cuando falla el centro, cae todo el sistema
La ONU no es solo un edificio en Nueva York ni una Secretaría General. Es un sistema interconectado de agencias, programas y misiones que comparten infraestructuras, servicios y soporte administrativo. Cuando ese núcleo se debilita, el impacto se extiende en cascada.
No hay soluciones parciales ni compartimentos estancos. Una ONU financieramente asfixiada arrastra consigo a todo el entramado multilateral. Y eso tiene consecuencias reales, dentro y fuera de los despachos.
Cuando el dinero no llega, lo que se bloquea no son siglas: son funciones esenciales
La crisis financiera de Naciones Unidas no se traduce, al menos de entrada, en cierres espectaculares o comunicados de disolución. No desaparecen los logotipos ni se bajan persianas de un día para otro. Lo que ocurre es algo más silencioso —y más peligroso—: las capacidades reales del sistema empiezan a bloquearse.
Muchas de las agencias más visibles de la ONU dependen formalmente de presupuestos voluntarios, pero funcionalmente dependen del centro: de la Secretaría, de los sistemas comunes, de la seguridad, de la logística, del personal internacional, de la capacidad jurídica y administrativa. Cuando ese núcleo se debilita, el impacto se extiende en cascada.
En el terreno humanitario, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos puede seguir recibiendo donaciones, pero sin transporte seguro, sin contratos operativos ágiles o sin apoyo logístico común, la comida no llega. No es un problema presupuestario abstracto: es un problema de acceso físico a zonas en conflicto.
Algo similar ocurre con ACNUR, cuya labor no depende solo del dinero, sino de la protección jurídica y operativa que le proporciona el sistema ONU. Cuando faltan recursos centrales, se cierran oficinas, se reduce presencia en países frágiles y los refugiados pierden protección efectiva, aunque la agencia siga existiendo sobre el papel.
Hay casos aún más frágiles. UNRWA, que ya opera al límite, depende de una financiación regular y de una infraestructura administrativa estable. En su caso, el riesgo no es la ralentización, sino el colapso operativo directo. Aquí no hablamos de ajustes: hablamos de desaparición funcional.
El impacto es especialmente grave en el ámbito de los derechos humanos. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos depende en gran medida del presupuesto ordinario. Cuando este se recorta o se retrasa, se suspenden investigaciones, se cierran oficinas regionales y se paralizan mecanismos de supervisión. Los comités que vigilan el cumplimiento de tratados internacionales dejan de reunirse, no por decisión política explícita, sino por falta de traducción, de personal o de apoyo técnico. Los derechos no se derogan: simplemente dejan de vigilarse.
En el ámbito del desarrollo, el deterioro es más lento, pero igual de profundo. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo pierde capacidad de ejecución, presencia territorial y peso político. UNICEF resiste mejor, pero incluso ahí aparecen interrupciones en campañas de vacunación, educación o protección infantil cuando fallan la logística y la coordinación.
Ni siquiera los grandes pilares globales quedan al margen. La Organización Mundial de la Salud mantiene su estructura, pero una ONU debilitada reduce la capacidad de coordinación, de alerta temprana y de respuesta rápida. En salud global, eso no se mide en balances: se mide en tiempo perdido y vidas expuestas.
Y hay un ámbito donde el impacto es inmediato y visible: las operaciones de mantenimiento de la paz. Sin pagos puntuales, se reducen patrullas, se repliegan tropas y se abandonan zonas civiles. Aquí el bloqueo no es administrativo: es físico y tiene consecuencias directas sobre la seguridad de miles de personas.
Todo esto ocurre sin grandes titulares. Las agencias siguen existiendo, los organigramas se mantienen, los mandatos no se derogan. Pero el sistema se vacía por dentro. No desaparece la ONU: desaparece su capacidad de actuar.
Ese es el verdadero coste de la falta de financiación. No un colapso formal, sino un bloqueo progresivo que convierte al multilateralismo en una estructura cada vez más irrelevante justo cuando más se lo necesita.
Aún hay margen, pero no para la ambigüedad
La situación es grave, pero no irreversible. Existen salidas realistas si se asume una premisa básica: no hay reforma viable sin financiación previsible. Eso implica decisiones concretas:
- pagar las cuotas comprometidas,
- ajustar los mandatos a los recursos disponibles,
- proteger las capacidades esenciales,
- evaluar el desempeño teniendo en cuenta las condiciones reales.
No es una agenda ideológica. Es una cuestión de coherencia.
La pregunta de fondo
La crisis financiera de la ONU no es solo un problema contable. Es una prueba de credibilidad para el multilateralismo. Durante décadas, los Estados han recurrido a Naciones Unidas como espacio de legitimación, mediación y respuesta global. Hoy, esa misma institución corre el riesgo de ser debilitada por quienes dicen defenderla.
La pregunta ya no es si la ONU necesita reformarse.
La pregunta es si los Estados están dispuestos a sostener con hechos la organización que reclaman con palabras.
Europa y España ante el vacío que se abre
La crisis financiera de la ONU no ocurre en el vacío. Tiene consecuencias directas para Europa y, en particular, para países como España, que sí cumplen con sus obligaciones financieras y que dependen del multilateralismo para amplificar su peso político.
Para la Unión Europea, una ONU debilitada no es un problema lejano: es una pérdida de capacidad estratégica. Europa no dispone de una arquitectura propia que sustituya a Naciones Unidas en mediación, legitimación jurídica, operaciones civiles o coordinación humanitaria a escala global. Cada recorte, cada misión debilitada, cada agencia paralizada reduce el margen de acción europeo en un mundo cada vez más fragmentado.
Cuando el principal contribuyente se retrae, el coste no lo asume solo la ONU. Lo asumen quienes creen en reglas comunes y no en la ley del más fuerte.
España: contribuyente cumplidor, influencia limitada
España forma parte del grupo de Estados que pagan sus cuotas y defienden públicamente el multilateralismo. Pero esa posición, sin una estrategia clara, corre el riesgo de quedarse en un gesto simbólico.
En un sistema tensionado por los impagos de las grandes potencias, los países cumplidores tienen dos opciones: resignarse a sostener un edificio que otros vacían, o convertir el cumplimiento en palanca política. Eso implica exigir reglas claras, consecuencias reales para el impago y una reforma que no recaiga siempre sobre quienes ya cumplen.
Defender la ONU no es solo pronunciar discursos en la Asamblea General. Es alinear financiación, posición europea y estrategia diplomática para evitar que el multilateralismo se convierta en una estructura formal sin capacidad real.
Madrid y Europa: una oportunidad que no es automática
En este contexto, Europa —y España dentro de ella— tiene una oportunidad, pero también una responsabilidad. Si el centro de gravedad del multilateralismo se desplaza o se debilita, Europa debe decidir si quiere ocupar espacio o limitarse a gestionar el declive.
Eso pasa por reforzar el eje europeo en Naciones Unidas, coordinar posiciones presupuestarias y explorar nuevas fórmulas de presencia institucional. No como sustitución de la ONU, sino como anclaje de estabilidad frente a la financiación a la carta y el repliegue unilateral.
Madrid, como capital europea y como sede potencial de funciones internacionales, no es ajena a ese debate. También Valencia aparece aportando alternativas. Pero ninguna ciudad, ningún país y ninguna región puede suplir por sí sola lo que se está dejando caer a escala global.
El cierre inevitable
La crisis financiera de Naciones Unidas ha dejado de ser un asunto técnico. Es una decisión política en curso, tomada cada vez que un Estado no paga lo que debe y exige más de lo que sostiene.
Para Europa y para España, el dilema es claro:
o se defiende el multilateralismo con reglas, financiación y coherencia,
o se acepta un mundo donde las instituciones comunes existen solo mientras resultan convenientes.
La ONU no está fallando.
La están dejando sin recursos
