La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo rechazó aplicar el procedimiento de urgencia para debatir el jueves 3 de octubre, la instalación de la planta macrocelulosa de la multinacional portuguesa Altri, en el municipio lucense de Palas de Rei.
La iniciativa fue rechazada por 18 votos (populares con la extrema derecha) a 11 (resto de grupos) en la reunión de la comisión, el lunes 1 de octubre, por lo que la petición puede demorarse unos seis meses.
La eurodiputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda que tramitó la petición, apoyada por cuatro grupos parlamentarios, quería que se escuchase a la Plataforma Ulloa Viva y a los vecinos de la localidad, lamentando que el PP en Europa tenga que “esconderse” para evitar debatir.
La instalación de la macrocelulosa proyectada en Palas de Rei fue denunciada en reiteradas ocasiones por el incumplimiento de diferentes normativas europeas de este proyecto.
En concreto, apuntan que existe «riesgo de incumplimiento» de la directiva Marco de Agua por el vertido que Altri pretende realizar en el río Ulla y en el embalse de Portodemouros, así como riesgo de vulneración de la Red Natura y de destrucción de zonas de especial protección en las que existen especies endémicas.
Estos incumplimientos, entre otras cuestiones, deberían impedir que Altri reciba fondos europeos para llevar a cabo su proyecto, según el BNG.
La Plataforma Ulloa Viva también ha lamentado que la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo rechazara aplicar el procedimiento de urgencia para debatir la instalación de la planta de Altri, que pretende instalar un sistema de captación de agua con un caudal de 46.000 metros cúbicos al día.
Por su parte, el PP respalda que no se actúe por el procedimiento de urgencia en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, argumentando que la tramitación del proyecto está aún en una fase inicial del procedimiento.
Por tanto, sostienen que corresponde a las autoridades españolas pronunciarse en esta fase y no a las instituciones europeas.
Las autoridades españolas deberán tomar medidas si se produce alguna desviación de lo previsto en los permisos, según indicó el pasado junio el ex comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, en respuesta a una pregunta parlamentaria.