El Ayuntamiento de Madrid ha aprobado la adjudicación de tres lotes del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) a «tres empresas que han destacado por incumplir reiteradamente contratos anteriores y tratar de manera temeraria a las personas dependientes a su cargo», señala la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto
El contrato, con una duración de tres años, hasta junio de 2023, tiene un presupuesto total de 657.524.922,53 euros, y ha sido adjudicado a las siguientes empresas:
- Lote 1 (distritos Retiro, Usera, Puente de Vallecas, Moratalaz, Villaverde, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas-Canillejas), por un importe de 262.770.116,74€ (252.663.573,8 sin IVA), a la empresa Clece (del grupo constructor ACS).
- Lote 2 (distritos Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral-El Pardo, Ciudad Lineal, Hortaleza y Barajas), por un importe de 201.935.670,85 € (194.168.914,29 sin IVA), a la empresa ASISPA.
- Lote 3 (distritos Centro, Arganzuela, Moncloa-Aravaca, Latina y Carabanchel), por un importe de 192.819.134,94 € (185.403.014,36 sin IVA) a la empresa QUAVITAE Servicios AsistencialesSAU.
Empresas adjudicatarias
Clece S.A. pertenece al grupo constructor ACS (de Florentino Pérez), quien tras la burbuja inmobiliaria se introdujo en el sector de servicios sociales. Entre otros lleva la gestión de numerosas Residencias de Mayores en toda España, y ha sido sancionada recientemente en varias ocasiones (años 2017 a 2018) por incumplimientos graves y muy graves.
ASISPA, es una asidua contratista con el Ayuntamiento de Madrid, en servicios como Personas sin Hogar, Centros de Día y Residencias de Mayores, Ayuda a Domicilio y Teleasistencia. Es habitual su incumplimiento de los pliegos y su política de coacción y chantaje con el personal, negándose a aplicar el convenio colectivo, violación de la ley de prevención de riesgos laborales, llegando a poner en peligro a las personas usuarias de estos servicios públicos al obligar a cumplir labores sanitarias a personal sin formación.
QUAVITAE, sociedad anónima cuyo accionista principal es un fondo de inversión con sede en Londres «Intermediate Capital Group (ICG)». Aunque especializado en la asistencia y servicios en el sector de la Sanidad, no pasan inadvertidas la copiosas denuncias de sindicatos, trabajadoras/es e incluso algún alcalde por su actuación en sus concesiones, también durante el estado de alarma. Una estrategia clara de esta empresa, es la minimización de costes en personal y material que vienen denunciando en los últimos tiempos usuarios/as y trabajadoras/es.
La Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto considera que, con esta nueva adjudicación, «el Ayuntamiento de Madrid deja que los especuladores gestionen la atención a las personas dependientes, lo que perpetúa las graves carencias del servicio, la precariedad laboral y el despilfarro de los recursos públicos», al calcular que la privatización del servicio provoca un sobrecoste de 79.429.088´93€, entre impuestos, beneficio empresarial y otros.