La Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado parcialmente los recursos de apelación interpuestos por la defensa de Begoña Gómez y el Ministerio Fiscal contra el auto de 1 de julio de 2024.
La resolución, emitida el 7 de octubre de 2024, revoca la parte dispositiva de dicho auto y establece que la investigación debe centrarse en los contratos adjudicados a las empresas de Juan Carlos Barrabés relacionados con la Cátedra de Transformación Social Competitiva, de la que Gómez es codirectora. Sin embargo, excluye la investigación sobre Globalia a menos que surjan nuevos hechos de carácter incriminatorio.
El proceso judicial contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, ha dado un giro con la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid. Los magistrados han determinado que el objeto de la instrucción se centrará exclusivamente en los contratos vinculados a Juan Carlos Barrabés y la posible implicación de Gómez en adjudicaciones públicas a su favor.
Esta decisión acota la investigación, tal y como se había solicitado previamente por el Ministerio Fiscal y la defensa de Gómez, quienes argumentaron la falta de base probatoria para continuar con la investigación de otros bloques, incluidos los relacionados con Globalia.
En el auto de 29 de mayo de 2024, ya se había establecido que los únicos hechos con suficiente indicio de criminalidad eran aquellos vinculados a la actividad de Gómez dentro de la Universidad Complutense y su relación con las empresas de Barrabés. Sin embargo, la Fiscalía Europea intervino al detectar el uso de fondos europeos en algunos contratos, lo que llevó a una mayor delimitación de los hechos investigados.
El auto también ha aclarado que la investigación no puede extenderse de manera general a todos los actos relacionados con la carrera profesional de Gómez desde que su esposo es presidente del Gobierno. Esta decisión apunta a evitar una «causa general» o una investigación prospectiva sin una base concreta.
Finalmente, la Audiencia ha advertido que no se admitirán nuevos hechos en relación con Globalia, a menos que se presenten pruebas contundentes que justifiquen su inclusión en la causa, salvaguardando así el principio de seguridad jurídica.